Bolivia se vuelve el laboratorio de
"una democracia radical"

por Javier Aliaga

La crisis de Bolivia es otra vez un escaparate que muestra al país como ``paraíso'' permanente para los movimientos de protesta social y política, pero también, según otras miradas, como laboratorio de una ``democracia más radical''.

Y es que Bolivia no deja de dar sorpresas en cada esquina sobre protestas y grupos de presión, como lo prueban estos días varios hechos, entre ellos una insólita huelga que realiza un sector de la Policía para demandar un aumento de salarios.

Los agentes han marchado con sus armas al cinto y con pancartas, se han ''auto-crucificado'' sin usar clavos, han montado barricadas en las calles, quemado garitas policiales y se han enfrentado, como si fueran un sindicato, a sus compañeros de la unidad antidisturbios.

También recientemente, el Congreso fue sitiado y ocupado por sindicatos leales al presidente Evo Morales, para amedrentar a los opositores. Días después, un ''cabildo'' popular en la ciudad de Sucre eligió una indígena como nueva gobernadora, al margen de la autoridad designada por el Ejecutivo.

Esos han sido algunos focos de la conflictividad de Bolivia que ilustran hasta dónde llega la actitud ''corporativa'' e influencia de sindicatos, movimientos sociales y grupos cívicos en las decisiones políticas, mas allá de las instituciones y la legalidad vigente.

En la práctica, los sindicatos en su mejor momento han ejercido ''un poder dual'' en Bolivia, en pasadas gestiones y también en la de Morales, sindicalista cocalero desde hace 25 años, que asegura que el suyo es un ``Gobierno de los movimientos sociales''.

Según el analista Oscar Vega, la explicación del poder de las organizaciones sociales está en el hecho de que ``la sociedad boliviana está fuertemente politizada, no en función de los partidos, sino porque se inmiscuye en la construcción de lo común''.

A su juicio, eso se explica porque en Bolivia, a diferencia de otros países, ''los lazos de la vida comunitaria'' se mantienen más firmes en lo vecinal, laboral y familiar, pero también porque existen altos niveles de pobreza y desigualdad en el país.

Bolivia, agrega, vive ajustes para tener una ''democracia más radical'' con la participación de los movimientos sociales y su conflictividad refleja que no hay ``una sociedad totalitaria''.

Ni siquiera Morales, que en su etapa sindical fue el mayor convocante de protestas contra sus antecesores, ha escapado a esa realidad y su Gobierno continuamente afronta manifestaciones de los más diversos sectores, incluso de los afines.

Desde las asociaciones de ''ropavejeros'' hasta los legendarios sindicatos mineros bolivianos, e incluso los grupos cocaleros que no controla, se han manifestado contra el gobernante.

No obstante, según el sociólogo Jorge Lazarte, los denominados movimientos sociales que respaldan al Gobierno en los hechos ''han dejado de serlo'', porque fueron asimilados por el poder y ``se han convertido en fuerzas de choque desde el Estado''.

En el otro extremo, el de los sectores conservadores opuestos a Morales, los llamados ''movimientos cívicos'' también se han alineado con los prefectos o gobernadores opositores y los partidos contrarios al Gobierno, que los tacha de grupos ``conspiradores''.

El analista César Rojas cree que en el nuevo ciclo de conflictividad tanto Morales como los opositores regionales están empeñados en convocar ''masas'' en las calles para medir fuerzas, lo que después restringe la capacidad de interlocución de los actores políticos.

Pero además de las multitudes en las calles, Bolivia vive en este momento, según el senador opositor Carlos Borth ''una inflación de referendos'' porque hay seis consultas convocadas, dos nacionales y cuatro departamentales, con fecha para su realización entre abril y junio.

Sin embargo, ni en ese escenario la conflictividad ha bajado, dado que los diversos actores políticos desconocen la legalidad de las consultas populares impulsadas por sus rivales.

No obstante, la incertidumbre rodea la celebración de estas consultas, tras la decisión de la Corte Electoral Nacional de suspender los referendos que se refieren a la nueva Constitución que impulsa Morales y de rechazar por ilegales los procesos autonomistas.

Coincidiendo con el caldeado clima de protestas, en Bolivia ha proliferado la oferta académica de fundaciones y universidades para formar expertos en la solución de conflictos, en mediación y arbitrajes y técnicas de negociación.