por Ricardo Medina
Ricardo Medina es analista político mexicano.
Hace unos días nos enteramos que “en medio de acusaciones y un ríspido debate entre las bancadas de los partidos del PRD, PRI y PAN, la Cámara de Diputados aprobó una moción suspensiva de la iniciativa, la cual establecía severas multas y sanciones administrativas a las empresas que realizaran prácticas monopólicas”, lo cual no deja de ser un mala noticia, de entrada, para los consumidores, a quienes los que les conviene son más y mejores opciones de consumo, mismas que se logran en la medida en la que, en cada uno de los mercados que integran la oferta de bienes de servicios, se de la mayor competencia posible, consiguiéndose así la trilogía de la competitividad: menores precios, mayor calidad y mejor servicio.
Para conseguir eso —la mayor competencia posible en cada mercado, la trilogía de la competitividad, el mayor beneficio posible para el consumidor— es que existe la Ley Federal de Competencia Económica, promulgada en 1992, y que es la ley reglamentaria del artículo 28 constitucional, en el cual se afirma que “en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas” y todo lo que se les parezca, razón por la cual “la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia” ese tipo de prácticas. Para velar que todo lo anterior se cumpla es que existe la Comisión Federal de Competencia.
Sin embargo, y pese a las buenas intenciones, en varias ocasiones se cuestionó la eficacia de la Comisión para cumplir su cometido, razón por la cual se pretende darle más poder, de entrada, aumentado las multas y sanciones impuestas a las empresas que realicen prácticas monopólicas, algo que, por el momento, ha quedado suspendido, por obra y gracias de algunos diputados, y habrá que ver en que termina todo esto asunto, esperando que termine favorablemente para los consumidores, con el resultado de más y mejores opciones de consumo, con menores precios, mayor calidad y mejor servicio, todo ello producto de la competencia. Ya veremos.
Por lo pronto, si realmente se quiere combatir a los monopolios, lo primero que se debe hacer es abrir todos los sectores de la actividad económica, y todos los mercados, a la participación de todo aquel, nacional o extranjero, que quiera participar, comenzando por los sectores estratégicos que, precisamente por serlo, deben estar sujetos a la disciplina de la competencia, empezando, ¡obviamente!, por dos de las actividades económicas más estratégicas de todas: la oferta de petróleo y de electricidad.
Estratégicas son aquellas actividades económicas que ofrecen bienes o servicios necesarios para el resto de las mismas, tal y como es el caso de la energía, que mueve al resto. ¿Qué actividad económica no utiliza, en mayor o menor medida, de una u otra forma, electricidad, gasolina o diesel? ¿Y cómo es la oferta de esos energéticos en México?
Insisto, si realmente se quiere combatir a los monopolios, hay que sustituir el actual primer párrafo del 28 constitucional, que señala que “en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas”, por otro que, en esencia, diga lo siguiente: “Todo aquel, nacional o extranjero, que quiera participar en cualquier actividad económica, o en cualquier mercado, lo podrá hacer, sin necesidad de permiso, de ningún tipo, de parte del gobierno”. Entre otras cosas, esta es la manera de reconocer y garantizar la libertad individual para emprender, y la propiedad privada sobre los medios de producción, sin las cuales el progreso económico, tal y como sucede en México, nunca será todo el que puede ser, en detrimento, sobre todo, de quienes menos tienen.
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