Panamá: luces y sombras de una bonanza
Una noticia secundaria de las páginas económicas de un diario local informó hace dos semanas que en los últimos ocho meses se han creado 15,491 empresas en Panamá solamente a través de un portal oficial de internet.
En un país donde casi todo aumenta, la noticia pasó desapercibida.
La creación de un promedio de 65 sociedades al día que van desde servicios profesionales independientes hasta restaurantes de parrillada, es sólo una señal más de una bonanza arrolladora que causa a muchos de los habitantes de Panamá una sensación combinada de orgullo y preocupación.
Son motivo de celebración el índice de crecimiento económico --superior al 8 por ciento--; la disminución de la desocupación laboral --el empleo ha crecido a una tasa de 3.8 promedio anual--; el repunte de las exportaciones y el aumento del superávit fiscal.
Pero sobre todo, lo que tiene más contentos a los panameños es el concierto de taladros, mezcladoras de cemento y martilleo que se escucha en todos los puntos cardinales de la ciudad, día y noche, como testimonio aturdidor de la mayor bonanza inmobiliaria que ha vivido este país en toda su historia.
De acuerdo con José Boyd, presidente de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces (ACOBIR), se calcula que en la capital se están construyendo 250 edificios y hay solicitudes para levantar 400 más.
"Panamá fue un secreto bien guardado, estamos rompiendo récords'', comento Boyd a El Nuevo Herald.
En medio de este vértigo, que un inversionista llamó "la borrachera del dinero'', hay quienes están preocupados por otras señales, que casi siempre han acompañado a esta clase de bonanzas, pero que no por ello dejan de inquietarlos.
Se habla de falta de seguridad jurídica en algunos procesos de compraventa de inmuebles no sólo en el sector urbano sino en el rural y también se teme que, por debajo de la ola inmobiliaria, estén aterrizando en el país capitales oscuros producto del lavado de dinero y la corrupción.
Un abogado local vinculado a la industria inmobiliaria explicó a El Nuevo Herald que Panamá continúa siendo un lugar ideal para el lavado de activos por la falta de controles.
"Aquí llegan aviones llenos de dinero que termina en los bancos, no se necesitan operaciones sofisticadas, es la forma más sencilla del blanqueo'', aseguró el abogado que pidió no ser identificado por razones de seguridad. "Logran meter [al sistema bancario] el dinero pagando sobornos o ‘pitufeando' '', agregó.
"Pitufear'' es hacer múltiples depósitos por cantidades menores de $10,000 en diferentes bancos a través de individuos contratados y conocidos como pitufos.
La industria de la construcción es una de las más vulnerables, agregó el abogado, por cuanto los promotores inmobiliarios están autorizados a recibir dinero en efectivo de los inversionistas y son muy bajos los controles que se les imponen.
El reporte de Estretagia de Control de Narcóticos del Departamento de Estado coincide con la observación del abogado.
"El presente boom de la construcción ofrece oportunidades para el lavado de dinero'', afirma el reporte, pero no ofrece ningún ejemplo.
Aunque no responsabiliza directamente a los casinos de Panamá, el mismo estudio señala que la cantidad de dinero que pasó a través de estos negocios en el 2006, aumentó en un 200 por ciento con relación al año anterior. Panamá continúa en la lista del Departamento de Estado de los países más vulnerables al lavado de dinero.
De hecho, en los últimos cinco años los panameños han sido testigos del hallazgo de inversiones millonarias de poderosos narcotraficantes colombianos y de sus familiares, que utilizaron a Panamá para escapar de la tormenta de sus casos judiciales en Colombia y Estados Unidos. Los mismos obtuvieron, sin tropiezos, ciudadanía panameña y acceso al sistema bancario e inversiones en bienes raíces.
"Aquí parece que sólo se sabe que los narcotraficantes son parte de la economía cuando salen en los periódicos detenidos'', señaló el abogado.
Un alto funcionario del gobierno relacionado con la lucha contra el lavado de dinero afirmó a El Nuevo Herald que sobre el lavado en Panamá "todo el mundo dice, pero no prueba''.
La Unidad de Análisis Financiero contra el Lavado está compuesta por 35 empleados que el año pasado estudiaron 1,123 operaciones sospechosas de las cuales dieron trámite a la justicia a 624.
De acuerdo con Boyd, los primeros lugares en la inversión inmobiliaria se lo han disputado en los tres últimos años los venezolanos, colombianos y rusos.
En medio de la bonanza inmobiliaria, la seguridad jurídica de Panamá se ha puesto a prueba en varios casos.
Uno los más sonados en los últimos meses es el de la frustrada construcción de un edificio de 94 plantas, el más alto de Panamá, que tendría apartamentos, oficinas, galería comercial, spa, un hotel de 300 habitaciones, restaurante giratorio y helipuerto.
Con una gran fanfarria publicitaria el proyecto fue iniciado en el 2005 por la Corporación Iberoamericana de Negocios, una empresa de la familia española Olloqui que hace tres décadas tiene negocios en Panamá.
El edificio, evaluado en unos $160 millones, obtuvo la financiación de la institución financiera Caixa de Galicia y fue diseñado por el prestigioso arquitecto panameño Jesús Díaz.
Desde la ceremonia cristiana de bendición del lugar, se escucharon críticas por cuanto la ya congestionada Avenida Balboa no podría soportar el tráfico que generaría el funcionamiento de las gigantesca torre.
Pero ese sería un problema secundario si se compara con lo que siguió.
De acuerdo con Adolfo Olloqui, uno de los directivos de la firma, en el proceso de evaluación del proyecto se estableció que, dada la gran altura de la edificación, no podría construirse en acero como lo proponía el arquitecto sino en cemento.
La utilización de concreto implicaría un cambio radical en los cálculos puesto que las columnas de este material ocuparían más espacio del que originalmente se estableció, explicó Ulloqui. "[El arquitecto] había realizado un proyecto hermoso y artístico pero técnica y económicamente inviable', sostuvo la firma constructora.
Entretanto, la firma vendió en planos 90 apartamentos de 300 disponibles.
Los Olloqui prescindieron de los servicios de Díaz en diciembre del 2006. El arquitecto demandó a la firma, abriendo así un debate público de acusaciones mutuas.
Juan Carlos Tapia, vocero de Jesús Díaz Arquitectos S.A. dijo en una conferencia de prensa que la firma se vio forzada a paralizar los trabajos fue por razones financieras y económicas.
"No hay ni un solo banco local apoyando la obra'', aseguró Tapia, según el diario La Prensa.
Díaz prefirió no hacer comentarios para este artículo e invitó a El Nuevo Herald a revisar minuciosamente todo el proceso.
Los Olloqui escucharon además argumentos de que la crisis en torno al proyecto fue creada por ellos para empezar uno nuevo en el que cobrarían mucho más gracias a la fuerte valorización de la propiedad raíz en Panamá.
Olloqui aseguró que, de ser así, hubieran vendido el terreno pero la empresa insiste en sacarlo adelante.
El precio del metro cuadrado al iniciar el proyecto era de $1,900. En la nueva propuesta se venderá a $3,500, explicó Olloqui.
Un laudo arbitral dio la razón al arquitecto y condenó a los Olloqui a pagar $500,000 en honorarios.
"El laudo resulta ser una descarada muestra de parcialidad rayana en la prevaricación'', comentó Olloqui.
Los inversionistas españoles han contratado los servicios del ex subsecretario de Estado de Estados Unidos Otto Reich para intermediar en ésta y otra disputa, en la que está por medio el supuesto incumplimiento de un vendedor en la entrega de una finca de 1,200 hectáreas.
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