Bolivia: Democracia Participativa vs. Centralización

por Gerardo E. Martínez-Solanas *

Si el régimen de Evo Morales en Bolivia fuera un 'gobierno del pueblo', no habría provocado una atmósfera de enfrentamiento violento por el simple hecho de que determinadas regiones del país aspiren a realizar una consulta popular.

Los gobiernos que tienen una tendencia dictatorial, por muy democrática que haya sido la elección del Primer Mandatario, aspiran a la centralización del poder en su persona o en su entorno de influencias y rechazan cualquier conato de autonomía o descentralización mediante la represión y la fuerza. Si el régimen de Evo Morales en Bolivia fuera un “gobierno del pueblo”, no habría provocado una atmósfera de enfrentamiento violento por el simple hecho de que determinadas regiones del país aspiren a realizar una consulta popular en pro o en contra de un régimen autonómico.

Un verdadero gobierno del pueblo tiende precisamente a descentralizar el poder y hacerlo más accesible a los ciudadanos. Se trata de aplicar el principio de subsidiariedad, que es el meollo de la democracia participativa, por el cual se estipula que las autoridades electas deben resolver los asuntos en las instancias más cercanas a los interesados y que, por tanto, la autoridad central asume su función subsidiaria cuando participa en aquellas cuestiones que, por diferentes razones, no puedan resolverse eficientemente en el ámbito local o más inmediato. En otras palabras, lo que pueda resolverse a nivel comunitario no atañe al municipio, lo que pueda resolverse a nivel municipal no atañe a la provincia, y así sucesivamente.

Luego el principio de subsidiariedad, como elemento esencial de la democracia participativa, fomenta la creación de autonomías en el estrato nacional. El ejemplo de España demuestra además que la cohesión nacional no se desintegra por las autonomías sino que cobra otra dimensión democrática. El sistema cantonal de Suiza es otro ejemplo, entre muchos más que hay en el resto del mundo. Incluso en Estados Unidos, el poder de decisión democrática que radica en los Estados es tan grande que puede considerarse como una verdadera federación de entidades autónomas. Por el contrario, la “democracia participativa” que proclaman los gobernantes de Cuba, Venezuela y Bolivia no reconoce ese principio y toma características de caudillismo supuestamente ejercido “para bien del pueblo” pero que no deja espacio a la participación popular en la toma de decisiones.

En estos días, ante la decisión de Santa Cruz de realizar un referendo el 4 de mayo para consultar al pueblo cruzeño si desea seguir la ruta de la autonomía, el gobierno central y el partido gobernante (MAS) acusan ferozmente a los promotores de “sedición, instigación pública a delinquir, emitir resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y complicidad en el delito de atribución de los derechos del pueblo”, por todo lo cual se proponen condenar a los vocales de la Corte Electoral de Santa Cruz por alta traición a la patria.

La contradicción flagrante de esas acusaciones parece pasarles desapercibida. ¡Cómo puede haber “complicidad en el delito de atribución de los derechos del pueblo”, cuando lo que se pretende es precisamente aplicar el derecho del pueblo a expresarse libremente en consulta popular! Ni hablar del cargo de “sedición” sólo por aspirar a concederle al pueblo cruzeño un régimen autonómico.

Como respaldo a este intento de represión, el gobierno organiza turbas que protestan violentamente contra las aspiraciones autonómicas y se aplican a desestabilizar los gobiernos locales. Entre ellos, muchos organizadores ocultan sus rostros bajo pasamontañas. Es sorprendente que manifestantes pro gubernamentales, protegidos por las fuerzas oficialistas, se sientan obligados a ocultar su identidad.

La violencia y las armas están del lado de Evo Morales. Los prefectos y otras autoridades de las regiones que aspiran a la autonomía, sólo tienen el resguardo de la ley y la aspiración de que se les respeten sus derechos humanos. Como buen discípulo de Hugo Chávez, el Presidente Morales moviliza sus fuerzas para polarizar el país e imponer por la fuerza sus dictados. No entiende que este movimiento autonomista no habría existido sin su empeño por proclamar una Constitución aprobada sólo por un sector y en beneficio de ese mismo sector. Un sector centralizador que respalda sus ambiciones dictatoriales.

El pueblo de Santa Cruz parece determinado a expresarse el 4 de mayo y más adelante aspiran a hacer lo mismo otras regiones de Bolivia. Si el gobierno central lo impide, habrá tomado abiertamente el camino de la dictadura.

* Gerardo E. Martínez-Solanas es doctor en Economía (CUNY) y licenciado en Ciencias Políticas (CCNY). Asesor Financiero y funcionario retirado de las Naciones Unidas. Autor de: "Gobierno del Pueblo: Opción para un Nuevo siglo"; Ediciones Universal, 1997. Director de DemocraciaParticipativa.net