El gobierno cubano alista un paquete de reformas
Los cubanos no sólo podrían viajar pronto al extranjero sin esperar por permisos oficiales, sino que también tendrán luz verde para alquilar libremente sus casas y habitaciones, vender los inmuebles con título de propiedad y adquirir un auto sin autorizaciones especiales.
Tras las medidas liberalizadoras para la compra de computadoras, celulares y efectos electrodomésticos, la autorización a los ciudadanos nacionales para hospedarse en hoteles, la eliminación del tope salarial y la entrega en usufructo de tierras a los campesinos, el gobierno de Raúl Castro planea levantar otras restricciones en favor de los reclamos de la población.
"Estas son las medidas más complejas, porque tienen implicaciones legales y repercusiones para el país y han generado mucha discusión dentro de los propios niveles de dirección'', explicó un funcionario gubernamental que habló con El Nuevo Herald la pasada semana.
Además de la reforma migratoria que flexibilizaría los requisitos para los viajes al exterior, se espera que el gobierno anuncie próximamente las siguientes disposiciones:
* Libre arriendo de casas y habitaciones, tanto a extranjeros como a nacionales, y posteriormente la venta controlada de inmuebles por parte de sus propietarios registrados.
* Compraventa sin restricción de automóviles que antes no tenían traspaso. Se estudia también la venta de autos por parte del gobierno.
* Eliminación del decreto que limita el desplazamiento de los ciudadanos dentro del país, principalmente hacia La Habana.
Además, están en estudio, como opción para aplicar en el curso del presente año o en el 2009:
* Revalorización del peso cubano frente al peso convertible (CUC) a razón de 19 pesos cubanos por CUC, con la intención de ir equiparándolos gradualmente y lograr una moneda única a mediano plazo. Actualmente un CUC equivale a 24 pesos cubanos y $1.20.
* Flexibilizar las restricciones a la libre empresa y los cuentapropistas, lo que permitiría a los ciudadanos abrir pequeños negocios.
* Racionalización del aparato estatal mediante la fusión de organismos de funciones afines, como los ministerios del Azúcar y de la Agricultura, Educación y Educación Superior, Industria Básica y Sideromecánica, así como Finanzas y Precios con Economía y Planificación.
El camino para liberalizar los alquileres de viviendas quedó desbrozado el 11 de abril cuando el Instituto Nacional de la Vivienda (INV) divulgó una resolución para entregar las propiedades de viviendas estatales, los llamados "medios básicos'', a los ocupantes principales o sus herederos.
La norma abre así la posibilidad a miles de cubanos de convertirse en propietarios en pocas semanas y de hecho multiplica las opciones de alquileres legales en un país donde la vivienda sigue siendo un problema de alta sensibilidad popular.
"Las orientaciones para estos trámites están ya en manos de las delegaciones provinciales [de la Vivienda]'', manifestó un empleado del INV en La Habana.
Según fuentes del INV consultadas por El Nuevo Herald, el plan es proceder inicialmente a autorizar los alquileres de habitaciones y viviendas, para en una segunda fase permitir la compraventa de inmuebles, actualmente restringida por la Ley Nacional de la Vivienda de 1984.
Un equipo multidisciplinario de expertos estudia el tema de la propiedad y debe dar a conocer los resultados en el 2010.
"Hay consenso en que las ventas de casas serán bajo ciertos requisitos para evitar la especulación nmobiliaria, las ventas ilícitas a extranjeros a través de testaferros y el alza incontrolada de los precios'', afirmó la fuente del INV.
En cuanto a las ventas de autos, entre ellos los que actualmente no tienen traspaso, la medida parece inminente. El gobierno no sólo parece decidido a autorizar a los particulares a vender sus vehículos usados, sino también a explorar el mercado con ofertas de autos LADA en tiendas estatales al precio de 9,000 CUC, equivalente a unos $11,000.
Los resultados de las primeras ventas de motocicletas --iniciada el primero de abril-- parecen haber tentado suficientemente a las empresas estatales para lanzarse a explorar el mercado de automóviles: la corporación CUBALSE puso a la venta 1,000 motocicletas eléctricas, a 970 CUC ($1,200), y se agotaron en apenas tres días.
De igual manera quedaría sin vigencia el impopular decreto-ley 127, establecido en 1997 para regular la relocalización en La Habana de miles de habitantes procedentes del interior del país.
Pero de todos los cambios previstos a corto plazo, la reforma migratoria es todavía un asunto neurálgico, a pesar de que la pasada semana se desencadenaron versiones sobre su inmediata implementación, según reportó el diario español El País.
"La decisión está tomada prácticamente desde el pasado año'', declaró una fuente relacionada con el Ministerio de Relaciones Exteriores que pidió anonimato. "Hay algunos puntos que precisa, porque se trata de un asunto difícil y no sería prudente dar luego marcha atrás, pero ya es un hecho''.
Hay un memorando interno sobre el tema que circula desde hace meses entre los directivos de organismos gubernamentales. Sin embargo, la fecha del anuncio es todavía una incógnita.
El levantamiento del permiso de salida --la llamada tarjeta blanca_ sería la más trascendental supresión de control sobre sus ciudadanos que el régimen cubano pondría en vigor, modificando así la Ley de Inmigración de 1976. La permanencia en el exterior, que hasta ahora se limita a 11 meses, se extendería a 2 años, y se estudia la opción de prórroga mediante pago por otros dos años.
La fuente admitió que "hay cuestiones delicadas'' en la reforma migratoria, como las limitaciones para profesionales de la salud, personal científico y recién graduados que no hayan cumplido el servicio social, así como para integrantes de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y jóvenes en edad militar (a partir de los 16 años).
Pero tampoco pueden obviarse los casos de personas retenidas por sus profesiones o relación familiar con un desertor de misiones oficiales, y de opositores políticos a quienes tradicionalmente se les ha impedido salir del país. La Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana registra unos 700 casos de cubanos con visas de inmigrante a quienes el gobierno les niega el permiso de salida, algunos con más de siete años de espera.
El tema del derecho de los ciudadanos a entrar y salir del país sin mediación gubernamental fue objeto de intensos debates desde mediados del pasado año en centros estudiantiles, colectivos laborales, reuniones profesionales y asambleas de barrio en todo el país. No faltó tampoco en el recién concluido VII Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.
La cuestión está también bajo escrutinio internacional después que Cuba suscribió ante Naciones Unidas acuerdos internacionales de derechos humanos en febrero pasado. Específicamente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece en su Artículo 12 el derecho de los ciudadanos a salir y regresar libremente de su país de origen y a trasladarse en el territorio nacional sin intromisión gubernamental.
"Si se atrevieron a firmar esos acuerdos, confiamos en que sea para cumplirlos'', comentó desde La Habana el ex cónsul y oficial retirado de inteligencia Pedro Riera Escalante, quien el martes pasado presentó ante el Parlamento cubano una propuesta legislativa para eliminar las restricciones de viajes de los ciudadanos cubanos.
La iniciativa de Riera Escalante incluye además el derecho al regreso de los exiliados sin necesidad de pedir visados y la protección de las propiedades que son confiscadas a quienes emigran, asuntos que no estarían en la reforma migratoria de Raúl Castro.
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