Gobierno argentino y oposición miden sus fuerzas en el conflicto agrario

Agricultores en rebeldía fiscal buscaban este lunes torcer el brazo al Gobierno para que baje el impuesto a las exportaciones de soja, la mayor riqueza agrícola de Argentina, pero las autoridades suspendieron la negociación, tras el gigantesco mitin del campo y la oposición.

"Si en las próximas horas no hay un acuerdo con el Gobierno, tomaremos nuevas medidas de fuerza", dijo Alfredo De Angeli, uno de los líderes del movimiento, que lleva casi 80 días y afectó a la economía del país sudamericano.

La protesta agraria tuvo una fuerte demostración de fuerza el domingo con un multitudinario acto en Rosario, a 300 km al norte de Buenos Aires, donde los líderes agropecuarios lanzaron fuertes críticas a la presidenta Cristina Kirchner, en una concentración que contó con presencia de casi todo el arco opositor.

"El kirchnerismo no sabe manejar este país y quiere que seamos nosotros los culpables del caos", disparó en Rosario De Angeli, dirigente de Federación Agraria, que congrega a 100.000 pequeños productores, una de las entidades que mantiene posiciones más duras en la protesta. Eduardo Buzzi, otro de los dirigentes, dijo que "el gobierno de los Kirchner (la mandataria y su marido, el ex presidente Néstor Kirchner) es un obstáculo para el desarrollo de Argentina".

Las duras acusaciones generaron un contundente rechazo del Gobierno, que levantó este lunes una reunión prevista con dirigentes del campo para retomar las negociaciones iniciadas para encauzar el conflicto agrario. "Los que han roto el diálogo son ellos. En estos términos es todo muy difícil", dijo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. El ministro coordinador criticó, en tal sentido, "las amenazas y los llamados a la huelga" en los discursos de los dirigentes agropecuarios en Rosario.

El conflicto entre las autoridades y el campo tiene como eje la millonaria renta de la soja, principal cultivo de Argentina, que se exporta casi en su totalidad, y cuya cosecha actual está calculada en 24.000 millones de dólares, de los cuales el Gobierno pretende recaudar unos 11.000 millones.

"El país está perdiendo muchos contratos en el sector agroindustrial. Se está paralizando la actividad agropecuaria y así todo el país se paraliza", se quejó este lunes Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural, que nuclea a los hacendados de la rica Pampa Húmeda.

Amplios sectores de la clase media urbana y rural están plegados a la protesta, que frena inversiones, en momentos en que aumenta la demanda mundial y en consecuencia los precios de los productos alimentarios.

Argentina es una potencia agrícola con capacidad para alimentar a unas 300 millones de personas, según datos oficiales, pero la prolongación del conflicto amenaza ese rol en el escenario mundial, según analistas del sector agropecuario.

El Gobierno impuso impuestos móviles a las exportaciones, cuya tasa varía según los precios internacionales, pero los agricultores reclaman que se vuelva al tope anterior del 35% o al menos que se reparta en forma proporcional el porcentaje excedentario.

El Gobierno rechaza dar marcha atrás con ese plan, aunque acepta dar compensaciones para los pequeños productores y fijar un tope cuando el precio de la soja supere los 600 dólares por tonelada, contra el esquema vigente, que en ese caso permite al gobierno embolsar el 95% del excedente.

Para la mandataria, las 'retenciones' (impuestos a las exportaciones) sirven para desalentar el cultivo de soja, y favorecer la distribución de la riqueza, además de frenar la inflación, ubicada en el 30% anual, según consultoras privadas.