28 mayo, 2008

Mal manejo de computadoras de paras desata escándalo

El paramilitar colombiano Salvatore Mancuso es llevado por agentes de la DEA luego de su arribo a un aeropuerto de la Florida el 13 de mayo del 2008. En Colombia han surgido denuncias de que el gobierno manejó indebidamente las computadoras y teléfonos celulares de líderes paramilitares detenidos, y que ello podría perjudicar las investigaciones.
Alan Diaz. Archivo / Foto AP
El paramilitar colombiano Salvatore Mancuso es llevado por agentes de la DEA luego de su arribo a un aeropuerto de la Florida el 13 de mayo del 2008. En Colombia han surgido denuncias de que el gobierno manejó indebidamente las computadoras y teléfonos celulares de líderes paramilitares detenidos, y que ello podría perjudicar las investigaciones.

Las autoridades colombianas han descubierto verdaderos tesoros de información en los computadoras portátiles de paramilitares y guerrillas capturados.

De allí la molestia y asombro de muchos cuando los computadores portátiles y celulares pertenecientes a 14 jefes paramilitares no fueron asegurados debidamente, luego que el 12 de mayo fueron sacados de sus celdas en medio de la noche y extraditados a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

El cuestionable manejo de la evidencia ha desatado un escándalo nacional, y el director de prisiones empeoró la situación cuando le admitió a un diario colombiano que no tenía manera de evitar que los paramilitares presos sigan cometiendo crímenes desde la cárcel.

Tal actividad clandestina fue la razón por la que el presidente Alvaro Uribe ordenó la extradición de los jefes paramilitares en una operación nocturna que tomó por sorpresa incluso a los fiscales encargados del caso.

Pero el director de prisiones Eduardo Morales asegura que no recibió orden alguna de preservar los aparatos incautados en las celdas de los paramilitares.

Algo avergonzadas, las autoridades ahora intercambian acusaciones sobre el manejo de los computadores y los teléfonos celulares, en medio de conjeturas de que en esos artefactos había evidencias de crímenes no sólo de los paramilitares sino de prominentes políticos y empresarios.

Los fiscales dicen que no están seguros de si alguien alteró los computadores, teléfonos y tarjetas SIM (que almacenan la memoria y los datos de llamadas) en las 48 horas y más entre la incautación de esos aparatos y su entrega a las autoridades judiciales.

Aún están extraviadas la computadora y las tarjetas SIM de tres paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, que con sus confesiones ha implicado a más políticos y militares que ningún otro jefe paramilitar.

La aparente negligencia con los equipos de los paramilitares fue particularmente llamativa dado la forma muy distinta en que las autoridades manejaron archivos encontrados en otros portátiles, como el del guerrillero Raúl Reyes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ofreció evidencias del apoyo del gobierno venezolano a los rebeldes.

"Me parece insólito que los computadores del guerrillero Raúl Reyes puedan sobrevivir a un bombardeo del ejército colombiano, en medio de la noche, en un país extranjero y en cambio los computadores de los paramilitares no puedan sobrevivir a una inspección del (instituto de prisiones) en una cárcel de máxima seguridad", dijo Claudia López, una analista política cuyos trabajos académicos sobre los lazos de paramilitares con políticos han ayudado a las investigaciones, que han llevado a por lo menos 33 congresistas a prisión desde el año pasado.

"Esto es una cosa que uno no sabe, si por torpeza o de manera deliberada, es un saboteo a una prueba importante", agregó en una entrevista telefónica.

La extradición de los paramilitares fue tan secreta que el director de prisioneros Morales dijo que le avisaron de ello con sólo media hora de antelación.

Los policías judiciales que recibieron a los paramilitares para transportarlos al aeropuerto capitalino desde sus cárceles en las afueras de las ciudades de Medellín, Barranquilla y Bogotá, carecían de una orden judicial para decomisar objetos de los detenidos, de acuerdo con autoridades.

Era una responsabilidad de las autoridades penitenciarias poner a buen recaudo y asegurar los computadores y los celulares, pero estos funcionarios carcelarios con considerados vulnerables a la corrupción de poderosos reclusos, incluyendo los paramilitares.

Los computadores estaban en manos de los encarcelados paramilitares debido a sus especiales condiciones de confinamiento: se entregaron bajo una negociación de paz iniciada en el 2003 con el gobierno, que les ofreció reducidas sentencias a cambio de cooperación con la justicia, confesión de sus crímenes y entrega de sus bienes mal habidos. Muchos usaban esos equipos para redactar sus confesiones.

Una de las tarjetas perdidas pertenecía a Mancuso, uno de los más importantes jefes paramilitares y parte de los 14 extraditados. Curiosamente, el portátil de Mancuso salió de la prisión de Itagui, en Medellín, el 10 de mayo para reparaciones y con la autorización de funcionarios carcelarios. Nunca fue hallado.

Mancuso ha involucrado a más políticos y militares en el escándalo que ningún otro detenido jefe paramilitar. Muchos creen que tenía en su computador datos que podrían incriminar a más socios y sospechaban correctamente que su extradición sería inminente cuando el presidente Alvaro Uribe extraditó a Estados Unidos a un primer jefe paramilitar el 7 de mayo tras recibir el visto bueno judicial.

Grupos de derechos humanos se han quejado por las extradiciones asegurando que con ello quedarían impunes crímenes atroces cometidos por los paramilitares. También afirman que estando fuera del país, esos paramilitares estarían menos propensos a denunciar a sus socios en la política.

Por ahora, sigue sin conocerse el paradero del computador de Mancuso, tanto como la tarjeta de su celular, el celular de Ramiro Vanoy y el de Juan Carlos Sierra, de acuerdo con la Fiscalía General.

Los fiscales le han solicitado a un tribunal especial autorización para examinar el contenido de los aparatos que fueron eventualmente sacados de las cárceles, entre ellos 10 computadores portátiles, siete teléfonos celulares, un aparato de mensajes Blackberry, por lo menos seis cartuchos de memoria USB y 72 discos CD pertenecientes a Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, y que están etiquetados con "fosas (comunes) por región y otras situaciones de la organización".

La oficina del Fiscal General, Mario Iguarán, entregó el martes un nuevo balance del legado de la acción paramilitar: 1.492 cuerpos de víctimas han sido encontrados en fosas comunes, mientras combatientes desmovilizados han confesado 5.841 crímenes.

También cree que faltan otras 4.000 fosas comunes por descubrir.

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