Cristina Fernández busca recuperar iniciativa política
BUENOS AIRES --
La presidenta Cristina Fernández cumplió el martes sus primeros seis meses en el gobierno con un audaz intento por pasar a la iniciativa política, al anunciar un fondo para combatir la pobreza con el producto de gravámenes a la exportación de soja y granos, motivo de un serio conflicto con agricultores.El anuncio la víspera no satisfizo a los agricultores y colocó a la defensiva a sus dirigentes, que habían dispuesto tres huelgas desde el 11 de marzo en rechazo a los gravámenes, la última de las cuales finalizó el lunes.
Los transportistas de cereales tampoco se mostraron satisfechos por el anuncio de Fernández, y declararon una nueva huelga con bloqueos de rutas en todo el país que podría ocasionar problemas en el abastecimiento de alimentos.
La disputa por los impuestos tomó un nuevo giro el martes luego de que la Corte Suprema de Justicia aceptó intervenir judicialmente, al dar curso a una demanda presentada por la provincia de San Luis que reclama la inconstitucionalidad el nuevo sistema, que fija el impuesto al precio de los granos en el mercado internacional.
La demanda firmada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá -de la derecha peronista y quien enfrentó a Fernández en las elecciones presidenciales de octubre en las que resultó electa- argumenta que el nuevo esquema impositivo afecta la "coparticipación", la redistribución de la recaudación impositiva de las provincias.
Fernández ganó las elecciones presidenciales de octubre con más del 45% de los votos. Asumió su cargo el 10 de diciembre, pero apenas dos días después enfrentó un escándalo político provocado por la denuncia de un fiscal de Miami, de que 800.000 dólares que un misterioso empresario venezolano-estadounidense intentó introducir ilegalmente en Buenos Aires estaban destinados a su campaña electoral.
La mandataria negó indignada la acusación, pero el tema se convirtió en la comidilla política en diciembre y enero.
El 11 de marzo, en rechazo al nuevo sistema de retenciones a las exportaciones de soja y girasol, que obtenían precios mundiales sin antecedentes, los productores rurales iniciaron una protesta que comprendió tres paros con bloqueos de rutas y problemas de abastecimiento de alimentos e insumos.
El resultado de estos contratiempos fue una declinación en la popularidad de la presidenta, según distintas encuestas recientes.
El Boletín Oficial publicó el martes el texto del decreto anunciado la víspera por la presidenta mediante un mensaje a la nación, creando el "Programa de redistribución social", que administrará un fondo estimado en 1.300 millones de dólares.
Se financiará con el monto de las retenciones a las exportaciones de soja y granos que superen el 35%. Un 60% se destinará a la construcción de 30 hospitales y centros de salud especialmente en el interior del país, un 20% a viviendas populares y otro 20% a desarrollar caminos en zonas rurales.
"El problema de la pobreza sin redistribución del ingreso y sin tocar rentas extraordinarias es imposible, compatriotas", advirtió Fernández.
Y reiteró que los propietarios del campo, al amparo de ventajas comparativas que les otorgó el gobierno refinanciando las deudas hipotecarias de sus campos, un tipo de cambio mantenido alto por el Banco Central y precios subvencionados a los combustibles que utiliza el agro, han sido el sector social que más ganancias obtuvo en los últimos años.
La presidenta llamó a dialogar a los dirigentes en conflicto, pero su anuncio dio por sentado que el gravamen queda fuera de toda discusión.
Mario Llambías, uno de los dirigentes de la protesta rural, declaró que "la redistribución de la riqueza es justa, pero el impuesto a las rentas extraordinarias debería ser más equitativo y se le debería cobrar a otros sectores de buen poder económico".
Aludía a empresarios de la industria y del mundo financiero, que la víspera aplaudieron en la casa de gobierno los anuncios de la mandataria.
Los transportistas, que impedirán el paso de autobuses de pasajeros y camiones con alimentos y combustibles, reclaman que el agro reanude las exportaciones -suspendidas durante el largo conflicto con el gobierno- y argumentan que algunos productores rurales no han acatado la decisión de levantar el paro de comercialización de granos para la exportación anunciada por las cuatro entidades agropecuarias.
"Estamos cansados de 90 días sin poder trabajar. Nos hemos quedado sin plata (dinero). Estamos muy complicados", dijo a una radioemisora el titular de la Federación de Transportistas de Buenos Aires, Miguel Angel Betili.
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