Más restricciones para las agencias de viajes a Cuba a partir del 1ro de julio
A partir del primero de julio las agencias de viajes que venden pasajes y envían mercancías a Cuba estarán bajo nuevas regulaciones estatales que pudieran encarecer en breve el costo de los servicios.
El gobernador Charlie Crist firmó la noche del lunes el polémico proyecto legislativo que impone fuertes restricciones a las compañías autorizadas por el Departamento del Tesoro para organizar viajes y realizar envíos a Cuba, obligándolas a pagar elevados cargos de operación.
Las regulaciones estipulan que las agencias radicadas en Florida tendrán que depositar bonos de $100,000 a $250,000 como requisito operativo, pagar un honorario de registro de $2,500, e informar regularmente al gobierno estatal sobre el volumen de su negocio, el número de pasajeros y las mercancías enviadas a la isla.
El proyecto fue promovido por el representante David Rivera, de Miami, y contó con el respaldo del senador Carey Baker, de Eustis, ambos republicanos, quienes argumentaron ante la Legislatura estatal la necesidad de regular a aquellas entidades que negocian con países calificados como terroristas por el Departamento de Estado. Además de Cuba, la lista incluye a Siria, Sudán, Irán y Corea del Norte.
"Estoy muy satisfecho de que el gobernador haya reconocido la necesidad de regular el trabajo de agencias que tienen negocios con regímenes terroristas, y la voluntad de los residentes de la Florida, que ven en estos negocios una amenaza para la seguridad de nuestros aeropuertos'', dijo ayer Rivera a El Nuevo Herald.
La medida redobla los controles sobre el negocio de los viajes a Cuba, ya limitados por las medidas impuestas en el 2004 por el presidente George W. Bush para limitar las visitas y las remesas familiares a la isla.
Empresarios cubanoamericanos y organizaciones opuestas a las restricciones de viajes a Cuba criticaron duramente la decisión del gobernador de convertir en ley una propuesta que consideran ‘‘inconstitucional'' y dañina para el bolsillo de los consumidores locales.
La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) dijo el martes en la noche que la ley desconoce la separación entre los poderes del Estado y el gobierno federal, y anunció que podría retar su implementación ante los tribunales.
"Básicamente, esta ley viola la Constitución al poner los intereses del Estado por encima de los del gobierno federal'', opinó el abogado John de León, representante de ACLU en Miami. ‘‘Los estados no pueden interferir al gobierno federal en asuntos de política exterior''.
De León dijo que la ACLU considera acudir a los tribunales para solicitar la derogación de la ley.
En el 2006 la Legislatura estatal aprobó un proyecto similar que limitaba los viajes académicos a Cuba, pero la ACLU lo cuestionó ante un tribunal y un juez decidió suspenderlo.
Para empresarios y dueños de agencias de viajes, la medida provocará inevitablemente el encarecimiento de los pasajes e incluso el cierre de los negocios pequeños del giro.
"Como todas las acciones políticas promovidas desde Miami en relación con Cuba, esta ley está dirigida a complicar los viajes y asfixiar cada vez más a la familia cubana'', comentó Pedro González Munet, presidente de la firma Cuba Promotions en Miami. "Los precios van subir y la gente va a seguir viajando''.
Siete compañías de vuelos fletados y 12 agencias de viajes controlan el grueso de las operaciones con Cuba desde territorio estadounidense. El precio de los boletos a diferentes ciudades cubanas oscila actualmente entre $509 y $599 (sin incluir los impuestos), pero se calcula que podrían ascender hasta un 15 por ciento bajo las nuevas regulaciones.
González Munet pronosticó que un pasaje a Cuba podría alcanzar los $700 este año.
Antes de aprobarse la legislación, las compañías de vuelos fletados tenían previsto un aumento del costo de los pasajes el próximo agosto, en virtud del alza del alquiler de los aviones por el encarecimiento del precio del combustible.
Desde su presentación en Tallahassee, el proyecto legislativo desató fuertes críticas por parte de organizaciones que reclaman el derecho de los viajes familiares y la normalización de las relaciones con la isla. A partir de abril, decenas de dueños y abogados de agencias de viajes expusieron sus discrepancias con la propuesta ante sendos comités senatoriales en el Capitolio estatal.
A comienzos de este mes, activistas y representantes de unas 120 familias viajaron hasta Tallahassee para pedirle al gobernador Crist que no firmara la ley. Pero la petición fue finalmente desoída.
"Es sumamente desafortunado, porque se trata de una legislación que responde a intereses políticos muy estrechos y no refleja el verdadero sentir de esta comunidad'', expresó Sylvia Wilheim, directora ejecutiva de la Comisión Cubanoamericana para los Derechos de la Familia.
La pasada semana, un sondeo de la firma encuestadora Hamilton Campaigns, con sede en Washington, reveló una tendencia mayoritaria en algunos distritos de Miami-Dade a favorecer al candidato partidario de levantar las restricciones de viajes a Cuba.
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