por Daniel T. Griswold y Juan Carlos Hidalgo
Daniel T. Griswold es Director del Centro de Estudios de Política Comercial del Cato Institute.
Juan Carlos Hidalgo es Coordinador de Proyectos para América Latina del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.
Introducción
Probablemente, el voto más importante y controvertido del año en el Congreso, en lo que respecta al comercio internacional, sea el tratado de libre comercio (TLC) que firmó Estados Unidos con su vecino y aliado sudamericano, Colombia. En su informe del 28 de enero de 2008, el presidente Bush exhortó al Congreso a aprobar el tratado este año. El Presidente describió a Colombia como “un amigo de Estados Unidos que enfrenta la violencia y el terror, y lucha contra narcotraficantes”, y advirtió al Congreso que “si no aprobamos este tratado, fortaleceremos a los que propician el falso populismo en nuestro hemisferio. De modo que debemos unirnos, aprobar este tratado y demostrarles a nuestros vecinos de la región que la democracia lleva a una vida mejor”.1
El tratado, que firmaron ambos gobiernos en noviembre de 2006, eliminaría la mayor parte de los aranceles y barreras al comercio entre los dos países. El TLC entre Estados Unidos y Colombia es el último de una serie de tratados —negociados por la administración Bush y aprobados por el Congreso— con cinco países de América Central, la República Dominicana, Chile y Perú.
El actual congreso demócrata aprobó el TLC con Perú a fines de 2007, después de que se modificaron las secciones ambientales y laborales, pero los líderes demócratas aseguraron una y otra vez que el TLC con Colombia no será sometido a voto hasta que el país no logre un progreso aún no definido en el tratamiento de la violencia contra líderes sindicales. Las organizaciones de trabajadores de Estados Unidos, en especial la Federación Americana de Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) —un electorado clave del Partido Demócrata—, hicieron del fracaso del tratado con Colombia una de sus metas políticas principales.
Rechazar un tratado de libre comercio con Colombia debido a la persistente violencia que padece ese país sería un error irresponsable del Congreso. Implicaría sacrificar nuestro interés nacional en un hemisferio estable, pacífico y próspero en pos de intereses ideológicos y partidistas faltos de perspectiva. Más allá de sus beneficios económicos, un TLC con Colombia recompensaría e institucionalizaría el espectacular progreso logrado por el gobierno del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en los últimos cinco años y medio.
Por qué los representantes demócratas se oponen a un tratado comercial con Colombia
En una declaración realizada el 29 de junio de 2007, la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi y otros líderes del partido demócrata anunciaron su oposición al TLC con Colombia. Manifestaron que “existe una preocupación generalizada en el Congreso por el nivel de violencia en Colombia, la impunidad, la falta de investigaciones y juicios, y el papel de los paramilitares”. “Consideramos que, primero, debe contarse con pruebas concretas de resultados sostenidos en Colombia, y los miembros del Congreso continuarán trabajando con todas las partes interesadas para lograr este objetivo antes de considerar cualquier TLC. En consecuencia, no podemos apoyar el TLC con Colombia en este momento”.2
La violencia es un problema real para los sindicalistas colombianos. Desde 1991, más de 2.200 sindicalistas fueron asesinados, la mayoría por paramilitares de derecha. Según señala una reciente publicación de la AFL-CIO, Colombia es el país más peligroso para ser miembro de un sindicato.3
Y, en la mayoría de los casos, el sistema judicial fracasa: por todos estos asesinatos, sólo hubo 37 condenas.4 Sin embargo, los líderes del partido demócrata y sus aliados sindicales no reconocen el espectacular progreso logrado por el gobierno colombiano, a pesar de las sombrías expectativas de hace apenas unos años.
La verdadera novedad en Colombia no es el nivel actual de violencia sino su drástica disminución en un período relativamente corto, y el crédito que merece el gobierno colombiano por esa mejora. La cantidad de asesinatos de sindicalistas en Colombia cayó abruptamente desde 2001, un año antes de que asumiera el presidente Álvaro Uribe. De aproximadamente 200 asesinatos por año en 2001 y 2002, la cifra cayó a la mitad en 2003 y, desde entonces, continúa bajando (véase el Gráfico 1). La AFL-CIO asegura que 38 sindicalistas fueron asesinados en 2007, mientras que el Ministerio de la Protección Social de Colombia contabiliza 25. Incluso si se acepta la cifra más alta de la AFL-CIO, esto marcaría una caída en picada de más del 80% en los asesinatos de sindicalistas durante el mandato del presidente Uribe; la caída sería de casi el 90% si se tomara la cifra del Ministerio de la Protección Social. Ambos porcentajes representan un progreso notable y meritorio durante el gobierno del presidente Uribe.
Las muertes de sindicalistas también deben considerarse en el contexto de una sociedad que fue, durante décadas, una de las más azotadas por la violencia en el mundo. Desde que se independizó de España en 1819, el país se vio sumido en conflictos civiles que costaron cientos de miles de vidas. En la década de 1960, dos grupos marxistas armados, las FARC y el ELN, iniciaron una guerra de guerrillas contra el gobierno de Colombia. Más tarde, en la década de 1980, poderosos carteles se batieron con las autoridades y entre sí en las calles de ciudades importantes como Medellín y Cali. Hasta hace unos años Medellín era la ciudad con más asesinatos por habitante del mundo. A principios de la década de 1990, se formaron grupos paramilitares de derecha, conformados por terratenientes, para combatir a las guerrillas de izquierda. Poco después, estos mismos grupos se convirtieron en fuerzas criminales autónomas.
A mediados de la década de 1990, una vez desmantelados los carteles, tanto las guerrillas como los grupos paramilitares pasaron al negocio de los narcóticos. La accidentada geografía de Colombia la vuelve un lugar ideal para la producción de cultivos ilegales como la marihuana y la coca. Se estima que el 90% de la cocaína en polvo que se consume en Estados Unidos proviene de Colombia.5 Esto representa un negocio multimillonario que las fuerzas armadas ilegales explotan desde hace más de una década.
En este contexto sórdido, la administración Uribe tomó medidas decisivas. El gobierno instauró un programa de protección para los grupos vulnerables de la sociedad. Actualmente, 1.504 sindicalistas están inscriptos en el programa, un número que supera a los de todos los otros grupos de la sociedad civil. En un trabajo conjunto con la Organización Internacional del Trabajo, Colombia creó una unidad especial, presidida por el Fiscal General, para investigar casos prioritarios de violencia contra militantes sindicales.6 Los asesinatos de sindicalistas siguen ocurriendo, pero representan menos de uno de cada diez asesinatos de civiles a manos de grupos armados ilegales.7 Otros grupos que son blanco de violencia son, por ejemplo, los maestros, los periodistas, los líderes empresarios y los políticos, la mayoría de los cuales son miembros del propio partido de Uribe.
La AFL-CIO siempre cita la cifra de los 2.245 sindicalistas asesinados en Colombia desde 1991 como el argumento central en contra de la aprobación del tratado de libre comercio. Pero la mayor parte de los asesinatos ocurrieron al comienzo del período considerado, dado que más de cuatro de cada cinco asesinatos ocurrieron antes de la asunción del presidente Uribe. En lugar de reconocer el mérito de Uribe en la drástica caída de los crímenes, la AFL-CIO insiste en sancionar al presidente actual, y a quienes lo eligieron, por los fracasos de gobiernos anteriores.
Por desgracia, algunos grupos colombianos de izquierda se confabularon con intereses sindicales en Estados Unidos para convencer al la cúpula demócrata del Congreso de que este TLC debe fracasar debido a razones humanitarias. Esta oposición al tratado se debe más a la ideología que una preocupación real por los sindicalistas de Colombia. Por ejemplo, Gustavo Triana, un funcionario de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor federación de trabajadores de Colombia, sostiene que “El libre comercio nos mata tanto como las balas”.8 La equiparación del comercio pacífico y voluntario con balas asesinas es una comparación burda que revela los intereses ideológicos que yacen detrás de gran parte de la oposición al TLC.
Un país complicado, un presidente notable
El presidente Álvaro Uribe es una rareza en la política de América Latina. Después de cinco años en el gobierno, su popularidad sigue siendo muy alta, hoy en día es mayor al 80%. Fue reelegido en 2006 con un impresionante 62% de los votos. Los motivos de la popularidad de Uribe están claros para cualquiera que haya seguido los acontecimientos en Colombia a lo largo de la última década. Sus políticas generaron más seguridad y oportunidades económicas para los ciudadanos colombianos.
Desde que asumió el cargo, en 2002, el presidente Uribe avanzó notablemente en la erradicación de la violencia en su país, no sólo la violencia contra sindicalistas. Su gobierno incrementó la presencia policial en todas las principales ciudades y regiones del país. Más de 30.000 paramilitares retornaron a la vida civil.9 Gracias a una vigilancia policial y una acción militar más agresivas contra los insurgentes, el nivel de violencia cayó de manera drástica. Desde 2002, los homicidios cayeron un 40%, los secuestros, un 82%, y los ataques terroristas, un 77% (véase el Cuadro 1).10
Antes del mandato de Uribe, se consideraba que Colombia estaba al borde de convertirse en un “estado fallido”. Las guerrillas marxistas que habían librado una guerra contra el gobierno colombiano durante casi 40 años controlaban un área del tamaño de Suiza. Miles de secuestros y asesinatos hacían de Colombia uno de los países más violentos del mundo. Como señaló Otto Reich, ex subsecretario de estado para asuntos del hemisferio occidental, “Hace apenas cinco años, el gran debate del gobierno de Estados Unidos se centraba en cuánto tiempo podría sobrevivir el Gobierno de Colombia”.11
Las políticas de Uribe cambiaron a Colombia. El Presidente adoptó una política dura contra las guerrillas marxistas fortaleciendo la presencia del ejército en las zonas rurales y empujando a las FARC fuera de la Colombia central. Además, abogó por un controversial plan para persuadir a los grupos paramilitares de desarmarse a cambio de penas reducidas e incentivos para reincorporar ex paramilitares a la fuerza laboral. Este proceso fue objeto de críticas. Muchos aseguran que la desmovilización de paramilitares constituyó una amnistía a criminales confesos. Otros señalan que muchos paramilitares desmovilizados pasaron a ser criminales comunes. Sin embargo, los números indican claramente que durante el gobierno de Uribe el crimen cayó en picada. Hoy, Medellín tiene una tasa de homicidios per cápita más baja que Baltimore. Colombia sigue siendo un país muy violento, pero los críticos pierden la perspectiva cuando observan los datos del crimen sin tomar en cuenta las tendencias de los últimos cinco años.
Durante la presidencia de Uribe, no sólo mejoraron las cifras del crimen sino que también los indicadores económicos y sociales presentan un progreso notorio. Se estima que la economía, cuyo crecimiento se mantuvo en un promedio del 5% en los últimos cuatro años, creció casi un 7% en 2007. La inversión extranjera directa se incrementó de 2.100 millones de dólares en 2002 a 6.300 millones en 2006 (un aumento del 200%). La pobreza cayó 11,9 puntos porcentuales a 45% en el mismo período.12 La tasa de desempleo bajó del 15% al 11%13. Una combinación de políticas que propician el crecimiento y mayor seguridad redundó en mejores condiciones de vida para millones de colombianos.
Un amigo en una región de enemigos
La importancia de Colombia aumentó en los últimos años debido a la batalla ideológica que se libra en la región andina. Con la llegada al poder de presidentes populistas de izquierda en América del Sur, el presidente Uribe constituye el aliado más cercano a Estados Unidos en América Latina. Más aún, hoy Colombia está rodeada por dos presidentes antiestadounidenses que tienen lazos o simpatizan con las guerrillas marxistas: Hugo Chávez en Venezuela y Rafael Correa en Ecuador.
La situación es especialmente preocupante en el caso de Chávez. El presidente de Venezuela intentó una y otra vez exportar su revolución “bolivariana” (socialista) a otros países de América Latina, aprovechando una ganancia inesperada en los ingresos generados por petróleo de cerca de 300.000 millones de dólares desde que llegó al poder.14 El presidente Chávez apoyó abiertamente las campañas de los candidatos de izquierda en la región, como Evo Morales (Bolivia), Shafik Handal (El Salvador), Daniel Ortega (Nicaragua), Ollanta Humala (Perú) y Rafael Correa (Ecuador). Además, en los últimos cuatro años, Chávez gastó 4.000 millones de dólares en armamento.15
Los vínculos de Chávez con las guerrillas son bien conocidos. Venezuela se convirtió en un refugio para las FARC y otros grupos terroristas. El Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2006 sostiene que “las organizaciones guerrilleras colombianas (…) se trasladan por Venezuela sin una interferencia significativa de las fuerzas de seguridad venezolanas”.16 Recientemente, Chávez declaró que las guerrillas eran “verdaderos ejércitos” cuyo proyecto político era respetado por el gobierno de Venezuela.
El hecho de que el aliado más cercano de Estados Unidos sea su vecino inmediato fue siempre un motivo de irritación para Chávez. La relación entre él y el presidente Uribe se malogró recientemente por un intento infructuoso de mediación del presidente venezolano para que las guerrillas colombianas liberaran a decenas de rehenes que esos grupos mantienen retenidos desde hace más de cinco años. Los líderes intercambiaron reproches, y Chávez sostuvo que Uribe es “un triste peón del imperio [estadounidense]”.17
Venezuela es el segundo mercado más grande para las exportaciones colombianas, y muchos temen que la crisis diplomática entre ambos países pueda derivar en un bloqueo venezolano —algo con lo que Chávez ya amenazó varias veces— que podría tener graves consecuencias para la economía de Colombia.
El TLC Estados Unidos-Colombia
El tratado comercial con Colombia propuesto surgió de las políticas de vinculación de Estados Unidos con Colombia desde principios de la década de 1990. En 1991, un congreso demócrata aprobó la Ley de Preferencia Comercial Andina. La ley, que contó con el apoyo de ambos partidos y deberá renovarse en 2008, permite que el 90% de las exportaciones colombianas ingresen en Estados Unidos libres de impuestos. Desde fines de la década de 1990, en una iniciativa promovida por el entonces presidente Bill Clinton, el Congreso destina más de 5.000 millones de dólares en asistencia al “Plan Colombia”, un programa del gobierno colombiano cuyo objetivo es combatir a los insurgentes violentos y erradicar la producción de drogas ilegales.
El tratado de libre comercio con Colombia se diseñó para fortalecer la sociedad civil de Colombia y, al mismo tiempo, generar oportunidades económicas para que los productores estadounidenses vendan sus productos a los 44 millones de consumidores colombianos, que gozan de una movilidad ascendente y ven con buenos ojos a Estados Unidos.
Al igual que otros tratados similares que Estados Unidos ya negoció en la región, éste derribaría barreras a las exportaciones estadounidenses. Más del 80% de las exportaciones de Estados Unidos a Colombia de productos dirigidos a la industria y a los consumidores se volverían libres de impuestos si se promulgara el tratado, y los aranceles restantes se eliminarían progresivamente a lo largo de los próximos diez años. Para los productores agrícolas de Estados Unidos, el TLC permitiría un acceso inmediato libre de impuestos para la carne vacuna de alta calidad, el algodón, el trigo, la harina de soja y las principales frutas y verduras (como las manzanas, las peras, los duraznos y las cerezas), y muchos alimentos procesados, como las papas fritas y galletas. El tratado mejoraría el ingreso de las exportaciones de carne de cerdo, carne vacuna, maíz, carne de ave, arroz y lácteos.18
Además, el TLC fortalecería la protección de las inversiones de las empresas estadounidenses que intentaran llegar a los consumidores colombianos mediante una presencia directa. El tratado garantizaría los derechos no discriminatorios a las empresas de Estados Unidos en su presentación en licitaciones para obtener contratos con una gran variedad de ministerios, organismos, y gobiernos regionales de Colombia, así como un mejor acceso para los proveedores estadounidenses de servicios de telecomunicaciones. Este TLC supera a otros tratados bilaterales con el propósito de satisfacer las siempre cambiantes exigencias de los críticos de los tratados comerciales en lo que respecta al cumplimiento de determinadas normas laborales y ambientales dentro de Colombia.19
El comercio bilateral entre Colombia y Estados Unidos ascendió a 15.900 millones de dólares en 2006 e iba camino a superar los 17.000 millones en 2007. Este valor es similar al del comercio bilateral con Chile, otro país con el que existe un TLC, y casi el doble de nuestro comercio con Perú, que se convirtió en socio comercial en 2007.20
Debido a que los aranceles de Estados Unidos ya son o bajos o nulos para la mayoría de las importaciones provenientes de Colombia, el tratado no debería generar la oposición de intereses especiales locales. El petróleo y el carbón representan más de la mitad de los 9.300 millones de dólares en importaciones de Estados Unidos provenientes de Colombia en 2006 . Otro sexto de nuestras importaciones de ese país corresponde a productos agrícolas, fundamentalmente granos de café y flores. La indumentaria y el calzado representan cerca del 6% de nuestras importaciones, menos de 500 millones de dólares.21
En 2006, las exportaciones más competitivas de Estados Unidos a Colombia, que comprenden más del 40% de los bienes estadounidenses vendidos allí, fueron productos manufacturados, entre ellos equipamiento para perforación y para yacimientos petrolíferos, maquinaria para excavación, computadoras y accesorios, equipos de telecomunicaciones y equipos médicos. Otras categorías importantes de exportaciones de Estados Unidos fueron los productos químicos y agrícolas, estos últimos liderados marcadamente por el maíz.22 A lo largo del tiempo, el tratado acabaría eliminando el 11,3% promedio de aranceles de Colombia sobre los productos agrícolas estadounidenses, en comparación con el arancel promedio de 0,1% de Estados Unidos, correspondiente los programas de preferencia vigentes.23 Un estudio realizado en diciembre de 2006 por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos estimó que el tratado incrementaría las exportaciones estadounidenses en 1.100 millones de dólares.24 Dado que los exportadores colombianos ya gozan de un acceso virtualmente libre de impuestos al mercado de Estados Unidos, un tratado de comercio permitiría la igualdad de condiciones que a los escépticos del comercio no dejan de exigir.
Las consecuencias de decir que no
Un tratado de comercio abarcador también beneficiaría a Colombia, además, con la apertura de su mercado a una mayor competencia de importaciones, lo que estimularía la inversión extranjera y fortalecería sus lazos con la mayor economía del mundo. Si el Congreso rechazara este tratado, ocasionaría un grave perjuicio a la economía y a los trabajadores colombianos. Un estudio reciente realizado por la Universidad de Antioquia demuestra que la no aprobación del TLC reduciría la inversión en Colombia un 4,5%. Más aún, de no aprobarse el tratado, el desempleo aumentaría un 1,8%, lo que representaría una pérdida neta de 460.000 empleos. El PIB caería un 4,5%, y el nivel de pobreza aumentaría 1,4 puntos porcentuales.25
A Estados Unidos no le conviene perjudicar de esta manera la economía de un aliado en la región andina. Como puede verse con claridad en los países vecinos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, la pobreza y la falta de oportunidades alimenta al populismo de izquierda. Las instituciones democráticas fuertes se sustentan en el desarrollo económico. Estados Unidos debe promoverlo. Eso está muy claro para los colombianos. En palabras de Sergio Fajardo, el popular alcalde de Medellín, “¿Para qué están los amigos? ¿Para empeorar los problemas? Nuestros amigos deberían ayudarnos a mejorar las cosas”.26
También debemos considerar la importancia política de rechazar el TLC, que ya fue aprobado por el Congreso de Colombia y que cuenta con el apoyo de una mayoría de sus ciudadanos. El presidente Uribe ya dejó en claro que la relación con Estados Unidos se vería afectada de rechazarse el TLC. Durante una reciente visita a Washington, dijo que su país no será parte de “una relación en la que Estados Unidos es el amo y Colombia es el siervo”.27 Es difícil interpretar el verdadero sentido de las palabras de Uribe, pero no hay duda de que, de rechazarse el TLC, el presidente de Colombia cooperará menos con Estados Unidos.
Un punto más que debería tomarse en cuenta es el de las consecuencias institucionales de una decisión así. Uno de los errores más graves de la política exterior estadounidense en los últimos 60 años fue reducir las relaciones bilaterales con países a relaciones personales con un líder determinado. Cuando ese líder ya no está, la relación diplomática con ese país vuelve a foja cero y, en algunos casos, incluso empeora. Existe un riesgo importante de que Estados Unidos esté cometiendo el mismo error en Colombia con el presidente Uribe. Cuando él se vaya, nadie sabe quién vendrá ni cuál será su actitud respecto de Washington. Por ello, es imperativo para Estados Unidos institucionalizar su relación con Colombia mediante un tratado de comercio bilateral que una a ambos países en un lazo económico permanente.
Conclusión
Desde hace algunos años, Colombia es un fuerte aliado de Estados Unidos. También es una nación desgarrada por conflictos civiles y una violencia despiadada. Sin embargo, bajo el liderazgo del presidente Álvaro Uribe, el país logró notables mejoras en la mayoría de los indicadores socioeconómicos.
El presidente Uribe invirtió mucho de su capital político en conseguir un Tratado de Libre Comercio con el aliado más cercano de Colombia. No obstante, acicateada por la oposición del sindicalismo de Estados Unidos, la mayoría demócrata del Congreso amenazó con frustrar la aprobación del tratado con el argumento de que Colombia es el país más peligroso del mundo para el movimiento sindical. Si bien esto es cierto, los demócratas no reconocen que Colombia es un país violento en general y que los asesinatos de sindicalistas se redujeron significativamente durante la administración del presidente Uribe.
Cegada por intereses estrechos de miras, la mayoría demócrata del Congreso tampoco entiende la importancia de Colombia en una región en la que los líderes de izquierda antiestadounidenses están accediendo al poder con programas populistas, como por ejemplo, Hugo Chávez en Venezuela. Según escribió Mary O’Grady en el Wall Street Journal, “O bien los demócratas tienen un criterio muy deficiente en lo que en lo que respecta a la política exterior o bien tienen simpatía por el diablo”.28 No obstante, no todos los demócratas caen en el mismo error de cálculo. Una carta abierta redactada por prominentes funcionarios de la administración Clinton y ex miembros demócratas del Congreso sostiene que “sería el colmo de la ironía hablar de ‘perder’ a América Latina mientras nos rehusamos a tomar medidas que apoyarían directamente relaciones e intereses fundamentales en la región”.29 Stephen Harper, Primer Ministro de Canadá, ofreció un cordial y sabio consejo cuando escribió que “Si Estados Unidos le da la espalda a Colombia, el revés que sufriríamos sería mayor de lo que ningún dictador latinoamericano podría aspirar conseguir”.30
En un estudio exhaustivo realizado el pasado noviembre, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington concluyó que el gobierno y el pueblo de Colombia, con el presidente Uribe, no sólo evitaron un desastre:
Replegaron la influencia de paramilitares e insurgentes, establecieron una presencia estatal en cada municipio del país por primera vez en la historia, revirtieron drásticamente los niveles de violencia y crimen, mejoraron la observancia de los derechos humanos, aumentaron la capacidad del estado de gobernar más democráticamente y pusieron la economía en marcha en una dirección muy positiva.31
Aprobar un tratado de libre comercio con Colombia es apoyar una democracia de mercado en una región en la que los valores liberales están en peligro. Es ser un socio confiable en tiempos turbulentos. Es, también, construir instituciones duraderas que contribuyan a la prosperidad económica y la democracia de millones de colombianos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario