por Sergio Sarmiento
Sergio Sarmiento es articulista de Reforma y comentarista de TV Azteca.
Cada vez son más claras las deficiencias de las reglas electorales que los diputados y los senadores establecieron en el 2007. Los propios partidos políticos, que fueron quienes impulsaron la nueva legislación en la materia, empiezan a darse cuenta del absurdo que aprobaron con tanto entusiasmo.
Esta semana pasada los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) retomaron ese camino de censura que han asumido en los últimos tiempos, en parte como un intento de congraciarse con quienes en el 2006 criticaron a la institución por haber sido demasiado tímida ante los ataques que los partidos y los candidatos se hicieron unos a otros.
El Consejo General del IFE tomó la decisión, por cinco votos contra cuatro, de multar al Partido de Revolución Democrática (PRD) y al Partido del Trabajo (PT) por haber identificado a Andrés Manuel López Obrador como “presidente legítimo” de México. La decisión constituyó una interpretación creativa de la ley, la cual prohíbe denostar a las instituciones; pero nadie ha podido explicar, a mi juicio, por qué el hecho de que López Obrador se presente a sí mismo como presidente legítimo denigra a las instituciones. Al parecer el IFE, después de las críticas que recibió en el 2006, hoy prefiere pecar de exceso de celo antes que de omisión.
Con anterioridad, el Consejo General había multado al Partido Acción Nacional (PAN) por haber emitido un anuncio en el que acusaba a los partidos del Frente Amplio Progresista (FAP), que incluye al PRD, de violento por la toma de las tribunas de la Cámara de Diputados y del Senado. La posición de que este término no era una forma de denigrar sino una simple descripción de los hechos no fue aceptada por el IFE. Decir la verdad no es una defensa válida para los consejeros del IFE.
Los partidos políticos están cosechando lo que ellos mismos sembraron. Fueron ellos, después de todo, los que establecieron las leyes que hoy sirven al IFE de pretexto para censurar la libre expresión de las ideas. Hoy el PAN, el PRD y el Partido del Trabajo se quejan de las sanciones que el IFE les ha impuesto, pero no pensaron en esa posibilidad cuando impulsaron una legislación que por primera vez hace legal la práctica de la censura en nuestro país.
Para el IFE, como me lo comenta el consejero Marco Gómez Alcántar, el asunto es muy sencillo: la libertad de expresión tiene límites y al IFE le toca aplicar esos límites en materia política y electoral. Para los partidos políticos, que impulsaron la nueva legislación, la sorpresa es que se les apliquen a ellos las reglas que ellos sólo querían que se aplicaran a sus rivales.
Para los ciudadanos el tema es mucho más complejo. Los políticos han creado un sistema que restringe la crítica en los procesos políticos de nuestro país. Y el resultado es una menor capacidad de la sociedad para conocer realmente a los partidos y a los políticos.
Yo no sé si los partidos del FAP sean violentos por haber tomado y ocupado las tribunas del Senado y la Cámara de Diputados. Tampoco sé si Andrés Manuel sea el legítimo presidente de México. Lo que sí sé es que los ciudadanos tienen derecho a escuchar las posiciones abiertas y sin censura de los partidos y de los políticos y de jugarlos por ellas. Pero esto es algo que el IFE, en ejercicio de unas leyes aprobadas por los mismos partidos hoy sancionados, no quiere que ocurra.
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