Ardua tarea de la oposición venezolana ante los comicios
CARACAS
Faltan cuatro meses para las elecciones regionales y municipales en Venezuela, cruciales para el gobierno y la oposición, y los adversarios del presidente Hugo Chávez siguen buscando con dificultad candidatos comunes para frenar a la corriente oficial.
''Es la primera vez desde que Chávez llegó al poder [tras las elecciones de 1998] en la que la oposición hace el esfuerzo de presentarse unida y el proceso no es simple'', declaró a la AFP el responsable de la encuestadora Datanálisis, que participa en el proceso de elección de candidatos en varios estados.
El pasado 23 de enero, los partidos de oposición venezolanos firmaron un compromiso para acudir unidos a las urnas el 23 de noviembre. Esas formaciones pudieron anunciar el martes pasado únicamente un consenso para siete candidaturas a gobernador sobre un total de 23. Las restantes se elegirán mediante negociaciones y encuestas de opinión.
''Para nosotros, el 23 de noviembre es una fecha fundamental, nos jugamos el futuro de la democracia'', declaró Omar Barboza, presidente del partido de oposición Un Nuevo Tiempo.
Según recientes sondeos, la oposición podría conseguir triunfos en entre cinco y siete estados, frente a los dos que gobierna actualmente.
Sin embargo, sus opciones de triunfo se ven mermadas debido a las inhabilitaciones por razones administrativas de varios precandidatos con posibilidades de ganar a los aspirantes del partido de Chávez.
En total 272 políticos venezolanos, la mayoría de oposición, no pueden presentarse a estos comicios por una decisión del contralor de la República, a cargo de vigilar el orden de las finanzas públicas.
El gobierno intenta ''evitar que se construya un nuevo mapa político a partir del 24 de noviembre cuando puede haber cambios significativos en estados que estarían gobernados por corrientes opuestas al oficialismo'', declaró recientemente a un grupo de periodistas uno de los inhabilitados más conocidos, Leopoldo López, aspirante a la alcaldía de Caracas.
Según este grupo de políticos, la Constitución venezolana exige que una persona, para ser inhabilitada, debe ser primero juzgada y condenada.
''Chávez ve las encuestas y sabe que la única forma de ganar en Caracas es mi inhabilitación'', aseguró López.
Según la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Morales, aún no existe una decisión definitiva sobre el futuro político de estas personas.
''Hay estados en que el candidato más popular está inhabilitado. Es una situación muy difícil. Yo dudo de que el gobierno permita al TSJ habilitar a estos políticos'', consideró León.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ya eligió a sus candidatos en unas elecciones primarias celebradas en junio e intenta llegar a alianzas con formaciones ideológicamente cercanas en varios estados.
''Si algo podemos ver en la oposición hoy es una gran descoordinación y un desespero ... A esa oposición la tenemos que barrer el 23 de noviembre, con la fuerza del partido y de nuestro pueblo'', pidió Chávez esta semana en un acto de su partido.
El plazo de inscripción de candidatos para estas elecciones es el 12 de agosto y los expertos apuntan que ''como ocurre siempre en Venezuela'', todo se definirá en el último momento.
''Habrá discusiones entre precandidatos de la oposición hasta el 11 en la noche'', aseguró León.
El experto consideró que esta falta de unidad en la oposición es normal si se tiene en cuenta que estos partidos antioficialistas no tienen un líder emblemático como Chávez ''que fije las reglas del juego'' para definir a los candidatos rápidamente.
''Está claro que los candidatos chavistas están ganando terreno. Pero la oposición sabe que un candidato que no se lance con la etiqueta de unitario está políticamente muerto'', concluyó el responsable de Datanálisis.
Cristina Fernández ante crisis interna tras revés en Congreso
BUENOS AIRES --
La presidenta Cristina Fernández quedó expuesta ayer a una profunda crisis interna luego de que el vicepresidente de la república sepultara con su decisivo voto un proyecto de ley sobre un nuevo sistema de gravámenes a la exportación de granos que desde hace cuatro meses ha enfrentado al gobierno y con el sector agropecuario.Tras solo siete meses de gobierno, la mandataria se quedó sin mayorías en el Congreso -las posee en número, pero no cuenta con su apoyo- y enfrenta el desafío de reconstituir su poder político minado por el extenso conflicto con el campo.
Pero el revés, también podría marcar un cambio positivo en el gobierno: la mandataria podría convertirlo en una oportunidad para reabrir el diálogo con los distintos sectores políticos y sociales y adoptar una gestión basada en la búsqueda de consenso que deje de lado el estilo de confrontación e imposición que hasta ahora tuvo su gobierno.
Al fin y al cabo, fue la propia presidenta quien decidió someterse a las reglas del juego democrático cuando a principios de julio envió el proyecto al Congreso para dotarlo de mayor "institucionalidad". Lo había hecho, sin embargo, creyendo que la mayoría propia en ambas cámaras haría de la sanción de la ley en un simple trámite burocrático.
Apenas pasadas algunas horas desde que el vicepresidente Julio Cobos definió la suerte del proyecto oficial votando en su contra tras un empate en el Senado, ningún integrante del gobierno se había manifestado públicamente.
Sólo el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, aliado del gobierno, aseguró: "No evalúo esto en términos de victoria o derrota... pienso que en política como en el fútbol, no siempre se puede ganar. No hay que dramatizar y hay que aprender de esta circunstancia".
Quienes sí se expresaron con fuerza fueron los líderes de una oposición, hasta ahora atomizada, que muestra nuevos bríos.
"Hay que dar una gran oportunidad a Cristina (Fernández) para que empiece una presidencia republicana, porque el cambio fue en el marco de las instituciones, con el poder simbólico enorme de una revolución en paz", dijo a periodistas la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien compitió con la mandataria en las elecciones presidenciales de octubre.
Ernesto Sanz, jefe del bloque en el Senado de la Unión Cívica Radical -partido de origen de Cobos- exhortó al gobierno a que haga "una lectura inteligente de lo que pasó".
"El gobierno necesitaba recibir un correctivo positivo y esto le puede permitir relanzarse, arrancar y mirar para los tres años y medio que le quedan y recuperar a la Argentina de este parate (estancamiento) que hemos tenido", agregó en declaraciones a Radio 10.
Cobos ya había expresado sus discrepancias con el esquema móvil de retenciones (gravámenes), que sujeta la tasa del impuesto a la cotización de los granos en el mercado internacional y que desde su implementación en marzo había desatado la reacción del campo, uno de los sectores económicos más poderosos de Argentina, que realizó cuatro huelgas y bloqueos de carreteras que causaron desabastecimiento de alimentos.
Pero nadie había previsto que sería él quien tendría la última palabra.
El voto de Cobos fue una decisión extrema, pues la Constitución estipula que el vicepresidente no tiene derecho a voto a menos que haya un empate.
"Voté de acuerdo a mis convicciones y principios. Ojalá se entienda el mensaje que di... Espero que hayamos llegado a una madurez en la democracia", dijo Cobos a periodistas al salir de su casa el jueves.
El vicepresidente pertenece a la centenaria Unión Cívica Radical, históricamente opositora al peronismo, pero aceptó integrar la fórmula presidencial en el marco de la concertación plural de partidos que promovió el anterior presidente, Néstor Kirchner.
Aunque un día antes del debate en el Senado Kirchner -esposo de Fernández y cuya figura tiene decisiva gravitación en su gestión- había asegurado que el gobierno acataría la decisión del Congreso "sea cual fuere", las polémicas retenciones (gravámenes) seguirán vigentes hasta que la Presidenta no derogue la resolución que las dispuso en marzo.
Colombia desautoriza diálogo de presidente de Nicaragua con FARC
El gobierno colombiano desautorizó un anunciado diálogo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con la guerrilla de las FARC, en una nota de protesta que remitió este jueves a Managua y en la que anunció que llevará el caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
El texto indica que el gobierno colombiano manifiesta "su más enérgica protesta'' por las declaraciones del presidente Ortega "del 16 de julio en las que afirmó: 'nosotros tenemos toda la disposición a contribuir en este proceso de paz y le respondemos a los hermanos de las FARC que sí, que estamos dispuestos a conversar y a dialogar para aportar a la paz en Colombia'''.
"El gobierno colombiano no autoriza ni avala gestión alguna que pretenda adelantar el señor Ortega en relación con una organización terrorista, en este caso las FARC, toda vez que constituiría una violación al principio de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados'', puntualizó la nota oficial.
A renglón seguido advirtió que "cualquier actividad que se desarrolle en tal sentido tiene que contar con la aprobación del gobierno de Colombia''.
A continuación, el gobierno colombiano del presidente Alvaro Uribe, manifestó su ‘‘rechazo al tratamiento de hermanos que da a los terroristas de las FARC, violando el consenso internacional sobre la lucha contra el terrorismo''.
"Resulta ofensiva para la Nación colombiana que se otorgue ese tratamiento a los miembros de un grupo terrorista que comete crímenes de lesa humanidad, incluyendo el secuestro, el reclutamiento de menores, la utilización de minas antipersona, de armas no convencionales de efecto indiscriminado'', añadió.
La nota de protesta, tras señalar que "las verdaderas amenazas para Colombia y la región son el narcotráfico y el terrorismo, anunció que Bogotá "presentará este caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA), por tratarse de expresiones que violan la letra y el espíritu de la Convención Interamericana contra el terrorismo''.
Precisó que "estas manifestaciones también son violatorias de las Resoluciones 1373 y 1269 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sobre la materia''.
La nota de protesta colombiana está firmada por el nuevo canciller Jaime Bermúdez, quien asumió el cargo este jueves, tras lo cual informó a la prensa de la decisión del gobierno de Uribe.
El texto es la reacción del gobierno colombiano al presidente nicaragüense que en la noche del miércoles aceptó una invitación al diálogo formulada por la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) para "aportar a la paz en Colombia'', según dijo.
"Les respondemos a los hermanos de las FARC que sí, que estamos dispuestos a conversar, estamos dispuestos a dialogar, para aportar a la paz en Colombia'', había dicho Ortega.
El mandatario respondió así a una solicitud de las FARC --formulada en una carta difundida el martes por la cadena multiestatal Telesur--, de tener conversaciones ‘‘personalmente o a través de un delegado'' sobre asuntos de la guerra y la paz en Colombia.
Ortega reiteró que cree que Colombia es el principal factor de inestabilidad en América Latina y que el conflicto interno de ese país no se va a resolver por la vía armada.
Lucrativo negocio de celulares para Cuba
JUAN CARLOS CHAVEZ
El Nuevo Herald
Bajo la sombra de la contratación libre de celulares en Cuba y la autorización del gobierno de Estados Unidos para que los estadounidenses puedan enviarlos a la isla, un grupo cada vez más numeroso de comerciantes particulares de teléfonos móviles está observando un alza importante en sus ganancias.
Aunque no hay datos oficiales disponibles sobre el número de teléfonos celulares vendidos, los propietarios y dueños de negocios en el sur de la Florida coinciden que la actividad se muestra favorable.
"Ahora los teléfonos [celulares] para Cuba se han convertido en una parte muy importante de nuestras cuentas, a muchos nos salvó de caer de bruces'', afirmó Juan Echeverri, el dueño de Cellutrade U.S. Inc. La compañía incrementó sus ventas de teléfonos desbloqueados, que luego son conectados en cualquier red celular, de 12 a 35 equipos semanalmente.
El precio de los celulares a nivel local también ha servido para activar la demanda. Así, mientras que en Cuba un modelo Nokia o Sony Ericsson puede costar $280, en las tien-das surfloridanas se ofrecen teléfonos portátiles de la misma marca por debajo de $150.
"Yo compré un Motorolla de uso en $70 y un bluetooth'', dijo Xiomara Valdés, una cubana de 41 años, residente de Hialeah. Valdés planea enviar el teléfono a una hermana menor que vive en La Habana, así como el accesorio de $39.99 aprovechando el viaje de un conocido a la isla.
Antes de que empezara la eliminación de prohibiciones excesivas en Cuba a fines de marzo, la venta de celulares sólo fluía en el mercado negro debido a que estos artículos estaban reservados, desde 1991, a mpresas y ciudadanos extranjeros mediante la modalidad de prepago en pesos cubanos convertibles (un peso convertible equivale a $1.08).
La adquisición de un celular para los ciudadanos cubanos es aún una operación costosa en un país cuyo salario promedio es de 408 pesos cubanos mensuales (unos $17).
El anuncio hecho por el gobierno de Raúl Castro el pasado 14 de abril de que se permitiría a los residentes de la isla la compra y uso libre de teléfonos personales, o registrar los que hasta ahora estuvieron siendo utilizados de forma ilegal, le ha inyectado más trabajo a Mario Avila, un técnico del suroeste de Miami que desbloquea celulares.
"Básicamente es como si abriéramos un candado. Es la única forma de hacer funcionar el teléfono en Cuba'', aseguró Avila, quien en promedio modifica más de una docena de celulares por semana a $30 cada uno, dependiendo de las especificaciones y características del modelo.
Un año atrás, Avila desbloqueaba alrededor de seis celulares cada 30 días.
"Ahora tenemos muchos pedidos. La gente quiere mandar un teléfono allá [para Cuba] para hablar directamente con sus familiares'', señaló.
La estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) y Cubacel, que detenta el monopolio de la telefonía móvil, no mantiene contrato con ningún proveedor de servicios de celulares en Estados Unidos.
Por esta razón resulta necesario desbloquear los teléfonos y asegurarse de que el modelo escogido tenga un ancho de banda de 900 mHz, el sistema estándard de comunicación en Cuba que incorpora tecnología digital mediante la norma GSM (sistema global para comunicaciones móviles).
ETECSA anunció que a fines de diciembre serán desactivadas todas las líneas que operan con el circuito de transmisión antiguo, conocido por las siglas TDMA (acceso múltiple mediante división del tiempo), "para que los usuarios disfruten de las bondades de la norma GSM'', según un reciente comunicado.
Así las cosas, desde que fue autorizado para el público el servicio de telefonía móvil en Cuba más de 8,000 aparatos han sido activados en la red y las autoridades calculan que en el 2013 habrán 1.4 millones de líneas portátiles. Asimismo, en el sistema celular figuran como abonados un total de 331,270 usuarios, pero sólo 198,252 aparecen como clientes fijos (sin uso de tarjetas prepagadas).
No obstante, la isla ocupa el último lugar entre los países de América Latina en cuanto a acceso telefónico móvil (0.2 por habitante).
Pedro Arrocha, dueño de Caribbean Communication & Cellular Corp, en Miami, comentó que muchos de sus clientes que envían celulares a Cuba buscan modelos con tecnología de avanzada.
"Ellos quieren aparatos con cámara, música y juegos. No se limitan'', apuntó el hombre, quien vende a la semana un promedio de 36 teléfonos personales para Cuba en los dos negocios administrados junto a su esposa Carmen.
La cifra representa un alza significativa en sus cuentas, si se compara con los 20 teléfonos modificados que vendía al mes antes de la liberación de las prohibiciones.
Sin embargo, el viraje en relación con la política que permite el envío de celulares es visto con una dosis de escepticismo por los dueños de agencias de viajes y despacho de mercancías a territorio cubano. Estas empresas mantienen un litigio con el Estado de la Florida, que intenta exigirles depósitos en garantía hasta de $250,000 además de otras disposiciones.
"Con tanta restricción en disputa no creo que las agencias se animen a enviar celulares hasta que la situación con Tallahassee se resuelva'', dijo Mario B. Romero, dueño de Cojimar Express Services. Romero añadió que la autorización del presidente Bush sobre los celulares, lejos de ayudar a la transición democrática en la isla, favorecerá el trabajo de gente inescrupulosa como las ‘mulas', es decir, personas que via- jan a Cuba llevando paquetes y mercancías sin ninguna supervisión.
El 20 de mayo, Bush autorizó el envío de celulares a Cuba e informó que cambiaría las regulaciones vigentes para permitir que los teléfonos puedieran comprarse y abonarse su cuenta desde Estados Unidos. El gobierno cubano no ha reaccionado oficialmente a esta medida, aunque ETECSA tiene control absoluto sobre el servicio de telefonía celular dentro del territorio nacional.
Chavistas prometen reforma que permita reelección indefinida
CARACAS --
El partido de gobierno prometió el jueves presentar tras las próximas elecciones regionales una nueva reforma constitucional que permita al presidente venezolano Hugo Chávez la posibilidad de reelección indefinida.Freddy Bernal, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que la propuesta de cambio constitucional para eliminar los limites de reelección será presentada justo después de las elecciones regionales de alcalde y gobernadores en noviembre.
"Esa enmienda tiene como finalidad preguntarle al país si quieren o no la reelección del presidente Hugo Chávez Frías", dijo Bernal durante una entrevista televisada. "Si queremos paz, tranquilidad y desarrollo en el país, Hugo Chávez debe seguir siendo el presidente".
Chávez, que fue electo por primera vez en 1998, actualmente está impedido de buscar la reelección en los comicios presidenciales del 2012.
Una reforma, promovida por el mandatario venezolano, que proponía la reelección indefinida y el establecimiento de un modelo socialista en el país, fue rechazada en diciembre pasado en un referendo.
De acuerdo con resultados parciales publicados por el Consejo Nacional Electoral, la opción del "No" -contra la reforma- logró el 50,70%, contra el 49,29% del Sí. Siete meses después del referendo, el Consejo no ha emitido aún resultados completos.
La derrotada reforma, que habría despejado el camino para que Chávez pudiese ser reelegido indefinidamente y que además buscaba alargar el período presidencial de seis a siete años, planteó el temor entre sus opositores de que el líder izquierdista trata de convertirse en presidente de por vida.
Thomas A. Shannon, subsecretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental, dijo el jueves a un panel del congreso en Washington que por ser "un político ambicioso" no se podía decir tampoco que Chavez ha abandonado su aspiración de ser presidente vitalicio.
Chavez "debe contemplar la posibilidad de una elección en 2012 en la cual él no podrá ser candidato", agregó.
El gobernante venezolano -un estrecho aliado y amigo del líder cubano Fidel Castro- dijo a sus seguidores el año pasado que podría continuar en el poder hasta el 2027 si los votantes ponen fin a los límites de reelección, argumentando que él necesita más tiempo en el cargo para establecer un modelo económico socialista en Venezuela.
Líderes de la oposición vaticinan que la propuesta de reelección sería de nuevo rechazada por los votantes.
Cesar Pérez Vivas, del partido social cristiano Copei, dijo que "no tiene ninguna duda" que la propuesta sería rechazada si se lleva referendo el próximo año "porque los venezolanos se están cansando del fracaso del gobierno en resolver los problemas mas importantes" del país".
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