Obispos alertan sobre ''crisis moral'' en gobierno chavista

AP

Hugo Chávez

Los obispos venezolanos alertaron ayer sobre el ''desprecio a la verdad, la injusticia, la corrupción, inseguridad generalizada'' que azota al país, y exigieron al Ejecutivo gobernar ''con inclusión'' de todos los sectores nacionales.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) criticó además las inhabilitaciones políticas dictadas por la Contraloría General, con el argumento de que carecen de fundamentos legales y buscarían neutralizar a políticos opositores con opción de triunfo en los comicios regionales y municipales de noviembre próximo.

En una ''Exhortación Pastoral'', los obispos hablaron de una ''crisis moral'' en Venezuela que se manifiesta en el ``desprecio a la verdad, en la injusticia, la corrupción y la inseguridad generalizada por el irrespeto a la vida''.

''Hay una violencia desatada y sin control, generada por la delincuencia y la impunidad. Son miles las familias que sufren hoy la desaparición de seres queridos ... sin vislumbrar soluciones a corto o mediano plazo ante la carencia de políticas públicas efectivas de seguridad ciudadana'', indicó el documento católico.

Los obispos también hicieron referencia al ''alarmante'' fenómeno del secuestro en el país, en especial en la zona fronteriza con Colombia, y exigieron a las autoridades hacer ''todo lo posible'' para la liberación de las víctimas.

Todos los sondeos locales indican que la inseguridad personal es la mayor preocupación de los habitantes de Venezuela, un país en el que se registraron ''9,568 homicidios'', la mayoría a tiros, entre enero y septiembre del 2007, según las más recientes estadísticas oficiales divulgadas por la prensa local.

En cuanto a la educación religiosa en el país, los obispos venezolanos volvieron a denunciar el presunto incumplimiento por parte del Ejecutivo de los ajustes contractuales con las escuelas católicas, lo que ``pone en peligro su existencia''.

También reiteraron los pastores católicos que ''es fundamental'' que el nuevo currículum educativo que platea el Gobierno sea producto ''del consenso más amplio'', y garantice a la sociedad ``la posibilidad de optar por una educación cristiana para sus hijos''.