Ecuador: Donde no hay información...

por Gabriela Calderón

Gabriela Calderón es editora de ElCato.org y columnista de El Universo (Ecuador).

Guayaquil, Ecuador— …Algo huele mal. El Observatorio de la Política Fiscal (OPF) ha hecho un esfuerzo valioso de calcular—a base “datos parciales y dispersos”—la ejecución del presupuesto enero-abril 2008. En el cuadro que presenta en uno de sus boletines de julio de 2008, hay muchos signos de interrogación en lugar de cifras.1

De acuerdo al OPF, el gobierno no ha presentado información con respecto a lo que ha gastado en los primeros cuatro meses del año en rubros tales como el Bono de Desarrollo Humano, subsidio eléctrico, gasto social, y proyectos del FEISEH (Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energético e Hidrocarburífero), entre otros. Tampoco se ha dado información desagregada acerca de gasto en sueldos, bienes y servicios y otros conceptos.

El economista Jaime Carrera, quien es el Secretario Técnico del OPF, asevera que el gobierno no ha presentado información acerca del gasto público ni del crecimiento económico desde enero de este año (7 meses). La explicación que Carrera ha recibido del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al no estar disponible la información, es que “el nuevo sistema todavía no funciona bien”.2

Por otro lado un boletín de CORDES de julio de este año, asegura que el Banco Central del Ecuador todavía no publica una cifra para el crecimiento del PIB del 2007. La cifra presentada en diciembre de 2007 solo incluía los tres primeros trimestres del año.3 En mayo el diario HOY dijo que ya eran cinco meses que el BCE no tenía cifras oficiales de crecimiento para el 2007.4 En junio, El Universo asevera lo mismo y dice que “Analistas dicen que ese atraso en la publicación de los datos oficiales del Banco Central del Ecuador se debe a que el presidente Rafael Correa no aprueba las cifras”. Hasta la fecha no sabemos cuánto creció la economía.5

Yo ingresé a la página Web del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y solo encontré datos de empleo hasta septiembre de 2007. El cambio de metodología para calcular el desempleo en el país no justifica que desde septiembre de 2007 no sepamos cuál es el desempleo.6 Se podría publicar las cifras utilizando la metodología anterior y compararla con la nueva metodología para destacar las virtudes y defectos de ambas.

Además, Carrera dice que tampoco se sabe en qué se están gastando los fondos petroleros.7 Esto es algo preocupante ya que es parte del ahorro nacional (léase “de todos”) y por ende, todo ecuatoriano tiene derecho a saber en qué se está gastando.

El economista nicaragüense Salvador López de Madriz ha señalado cómo el Banco Central de Nicaragua maquilló las cifras oficiales económicas del país durante el periodo de gobierno sandinista.8 Esto demuestra lo que puede suceder cuando organismos públicos son politizados y sometidos al poder político de turno. Colocar al BCE debajo del ejecutivo, como lo sugiere el proyecto de constitución hecho en Montecristi, sería un error.

Lo que si se sabe, según el MEF, es que en el 2007 la porción más grande de la “inversión” pública (33%) fue destinada al sector de comunicaciones (No se explica en ese gráfico del MEF qué comprende el rubro “comunicaciones”). No obstante, para desarrollo urbano y vivienda solamente 12%, para educación lo mismo y para salud solamente 11,7%.9

Si en algo podemos estar de acuerdo, a pesar de la polarización del país, es que tenemos derecho a exigir que el gobierno haga una detallada rendición de cuentas del considerable gasto público que se está haciendo. No hay buenas intenciones que justifiquen la falta de transparencia.

Colapso de Doha: Todos tienen algo de culpa

por Sallie James

Sallie James es analista de política comercial del Cato Institute.

Era de esperar la habitual búsqueda de culpables mientras los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se dan apretones de mano luego del fracaso de la perennemente reñida Ronda de Doha.

Los miembros y observadores comerciales se embarcaron en una montaña rusa de inminente éxito e inminente fracaso varias veces durante la reunión del nueve días en Ginebra que fue convocada a manera de último esfuerzo para finalizar la ronda. Pero con algo de esperanza por llegar a un acuerdo el 25 de julio y mientras que 30 ministros estaban de acuerdo en reducir una amplia lista de aranceles y subsidios agrícolas y manufactureros, el golpe final lo dieron siete países, importantes para el comercio mundial, al no lograr ponerse de acuerdo en protecciones especiales para un número limitado de productos agrícolas.

Al principio, parecía como si EE.UU. era el principal obstáculo para lograr el acuerdo. Washington había ofrecido reducir los subsidios agrícolas, los cuales distorsionan el comercio, del presente máximo anual de aproximadamente $48 mil millones a $15 mil millones (más tarde esto se redujo a $14,5 mil millones), pero otros miembros descartaron aquella oferta por considerarla insuficiente debido a los soportes de precio y las preasignaciones para los subsidios de $9 mil millones programados para los próximos años. Además, la oferta vino con una condición: la promesa por parte de otros miembros de la OMC de que no se tomarían acciones legales si aquellos subsidios hacían daño a otros países.

Como suele suceder, la oferta de EE.UU. fue la última movida de cualquiera de las partes involucradas en acaparar los titulares . Luego de esa oferta, las conversaciones se degeneraron gracias a una postura del Ministro de Comercio de la India —Kamal Nath— que no ayudó sobre la habilidad de su país de proteger a sus agricultores de las oleadas de importación. Además, China demostró intransigencia, al expresar su creencia de que ya había reducido suficientemente sus aranceles cuando se unió a la OMC.

Eran de esperarse las pugnas a través de comunicados de prensa mientras que los distintos países trataban de lavarse las manos frente al fracaso de la ronda de negociaciones y buscaban ganar capital político en casa por mantener una “postura firme” basada en una equivocada noción del interés nacional.

A pesar de que los consumidores que se hubieran beneficiado de impuestos más bajos para alimentos, textiles y automóviles importados han sido perjudicados, algunos intereses especiales, sin duda, están aliviados. Los agricultores en los países ricos, quienes celosamente cuidan sus subsidios a pesar de la evidencia contundente del daño económico que causan en casa y en el extranjero, se deleitarán al ver que sus protecciones se mantienen intactas para el futuro previsible. Los fabricantes de automóviles, también, pueden acomodarse detrás de las barreras arancelarias que añaden miles de dólares al costo de un auto.

Los proveedores de servicios y otros exportadores en EE.UU. han perdido su mejor y más inmediata oportunidad para expandirse hacia el extranjero, especialmente en países en desarrollo de rápido crecimiento. Los agricultores en estos países en desarrollo, muchos de los cuales son muy pobres, también sufrirán del fracaso de esta ronda.

El peligro ahora consiste en que la OMC se convierta solamente en un lugar de reuniones y en un guardia de tratados, o, peor todavía, una cuasi corte internacional que se arriesga a fastidiar a sus miembros hasta que estos se retiren de la organización. Un cuerpo de litigios sin la constante promesa de más reducciones negociadas de las barreras al comercio y de los subsidios, expondrían a la OMC a más debilitamiento.

Mientras que dada la realidad actual de un comercio globalizado y dependiente de las cadenas internacionales de oferta, no es muy probable que regresemos a una guerra de comercio como la de la década de los 30, una ronda de Doha exitosa si hubiese cementado el progreso que se logró desde esos días oscuros.

Por supuesto, un acuerdo siempre fue difícil de lograr considerando el ambiente opuesto a la apertura comercial en el congreso estadounidense —un ambiente que probablemente no mejorará con las elecciones nacionales de noviembre. En las elecciones legislativas del 2006 muchos miembros pro-comercio fueron reemplazados por miembros que declaraban abiertamente su escepticismo frente a la apertura comercial, debido a una economía en desaceleración y el malestar muy publicitado que invade a la nación; esa tendencia parece continuar. Como un testimonio acerca del poder del lobby agrícola estadounidense, el congreso no parecía estar de acuerdo con el tipo de acuerdo que se suponía que debía lograrse en Ginebra.

Pero habría sido agradable lograr un acuerdo, si tan solo fuese para enviar el mensaje —figúrense— de que los ministros de Comercio entienden el valor inherente del comercio.

México: El presidente y el secuestro

por Sergio Sarmiento

Sergio Sarmiento es articulista de Reforma y comentarista de TV Azteca.

El presidente Felipe Calderón pidió a la clase política no tratar de aprovechar para sus propósitos el trágico secuestro y muerte del joven Fernando Martí. Pero al final él fue el primero en tratar de llevar agua a su molino.

Su presencia en la misa familiar fue un gesto importante y significativo; no hay ahí nada que objetar. Pero posteriormente el presidente cuestionó al gobierno perredista del Distrito Federal por dedicar dinero a la consulta pública sobre la reforma petrolera mas no a la lucha contra el crimen y también por, supuestamente, no querer coordinarse con las autoridades federales, a lo cual el jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard respondió que hay mejor coordinación entre las instancias de seguridad y de justicia de la capital y de la federación que entre las propias dependencias federales entre sí.

El presidente mantuvo sus esfuerzos para aprovechar políticamente la muerte de Martí cuando posteriormente hizo un anuncio a la nación a través de los medios electrónicos haciendo al Senado responsable de alguna manera del aumento en la criminalidad por no haber dictaminado y aprobado ya una iniciativa de ley que incluía sentencias más severas para los secuestradores, especialmente de niños. Además, el mandatario utilizó también esta transmisión para anunciar que promoverá una iniciativa de ley para establecer la pena de cadena perpetua para los responsables de ciertos tipos de secuestros.

La verdad es que ni el problema de los secuestros ni el de la violencia son producto de falta de legislación o del que no haya penas severas para los secuestradores. Si falta alguna coordinación entre las fuerzas de seguridad pública o de procuración de justicia del Distrito Federal y del gobierno federal, esto deberá resolverse con un esfuerzo de las dos partes. No ayuda en nada, por supuesto, que el presidente de la república se queje en público de una supuesta falta de cooperación por parte de las autoridades capitalinas.

No, el problema no es del legislativo sino del ejecutivo. Las penas son ya suficientemente severas. La legislación mexicana permite ahora una condena máxima de 60 años, aun cuando se acumulen condenas con penas superiores. Pero 60 años son, en la enorme mayoría de los casos, una verdadera cadena perpetua. Difícilmente un hombre de 80 ó 90 años de edad, al salir de la cárcel, estará en posición de reanudar una carrera criminal.

Se ha hablado también de la aplicación de la pena de muerte a los secuestradores homicidas. La discusión ha sido alentada por la ejecución del mexicano Joe Medellín, por la violación tumultuaria, tortura y asesinato de dos adolescentes en Houston en 1993. Pero si bien la pena de muerte puede ser una retribución que otorgue satisfacción a los familiares de las víctimas, no es un disuasivo al crimen, como lo demuestran muchos estudios científicos.

El presidente no debería buscar a otros responsables ni tratar de sacar beneficio político del secuestro y asesinato de Fernando Martí y de muchos otros mexicanos. De hecho, si realmente quisiera enfrentar el problema de los secuestros y la violencia se daría cuenta que la solución está en las manos del poder ejecutivo que él encabeza o el que representan los gobernadores en los estados. Una mejor labor policiaca, con mejores elementos y más tecnología, podría evitar secuestros o castigar los que tengan lugar. El problema, después de todo, no es la severidad de las penas sino la impunidad.

Cuba, electricidad y actividad económica

por Manuel Hinds

Manuel Hinds ex Ministro de Finanzas de El Salvador y autor de Playing Monopoly with the Devil: Dollarization and Domestic Currencies in Developing Countries (Council on Foreign Relations, 2006).

En ninguna parte puede verse con más claridad la diferencia entre lo que hablan los comunistas (y otros que quieren que el estado maneje la actividad económica) y los resultados de lo que ellos hacen cuando están en el poder que en Cuba. Cuando Fidel Castro impuso su totalitarismo sobre la isla, Cuba era por bastante el país más avanzado de Latinoamérica en términos económicos y sociales. Desde entonces la economía del país se estancó tristemente.

Mientras que el resto de Latinoamérica progresaba, industrializando sus economías, Cuba se ha mantenido siendo un país arcaico, agrario, totalmente dependiente de sus exportaciones de azúcar (que algunos países se la han comprado por décadas a precios más caros que los que prevalecen en los mercados internacionales, por razones políticas o por caridad). Esto es así no porque los comunistas no hayan tratado. Cuando Fidel Castro subió al poder en 1959 él prometió que iba a industrializar Cuba en menos de una década y sacrificó a la población para ahorrar los recursos necesarios para hacerlo. A mediados de los años sesentas, Castro decidió que tenía que producir más caña para poder amasar los recursos necesarios, y, al igual que otros países comunistas, organizó un sistema de trabajo esclavo para subir la producción de azúcar: forzó a la población urbana—estudiantes, obreros, profesionales, intelectuales—a ir a cortar caña. Todas las actividades que se abandonaron en las ciudades colapsaron sin que se lograra llegar a las metas de producción de azúcar, y mucho menos, a las metas de industrialización.

Fuente: Estadísticas internacionales de Energy Information Administration.

El fracaso fue tan estrepitoso que Fidel nunca más volvió a intentar la industrialización de Cuba, resignándose a convertir al país en un mendigo que vende apoyo político, primero a la Unión Soviética y ahora a Chávez, a cambio de que lo mantengan. Todo esto es bien sabido. Castro, sin embargo, trata de ocultar su fracaso rehusando publicar información. Hay muy pocos datos que se pueden obtener sobre esta economía. Pero algo sale. La gráfica adjunta muestra un indicador muy acertado del crecimiento económico: la producción de electricidad. Este indicador es muy usado para estimar el crecimiento económico en el largo plazo, ya que el crecimiento económico genera demanda por electricidad. El crecimiento de esta demanda puede exceder el crecimiento económico por un margen pequeño (entre un medio y un uno por ciento) porque la demanda por electricidad puede aumentar no sólo por crecimiento económico sino también por sustitución de otras fuentes de energía (como cuando una persona reemplaza una cocina de leña con una eléctrica).

Note ahora en la gráfica cómo la producción eléctrica se comportó muy similarmente en Cuba y El Salvador durante los años ochenta, cuando El Salvador estaba sufriendo de la más grave crisis en su historia, como consecuencia de bajos precios del café (en una época en la que todavía dependíamos de ese producto); de una guerra civil y de políticas estatistas que deprimían aun más la economía. Luego, note como la producción eléctrica de Cuba cayó como consecuencia de la caída de la Unión Soviética, que había mantenido a Cuba en las décadas anteriores. La demanda se recuperó débilmente en los años siguientes, cuando Cuba permitió el establecimiento de hoteles para atraer turistas, y luego comenzó a recibir los regalos de Chávez. A pesar de esto, la producción eléctrica no ha recuperado el nivel que tenía en 1989. Ahora note lo que pasó en El Salvador en esos años. La producción eléctrica ha aumentado al 6,3 por ciento anual compuesto, más que duplicándose en 12 años. ¡Y eso que supuestamente nuestro PIB creció sólo al 3,5 por ciento!
Esa curva baja, reptante, es la imagen viva de la Cuba de Castro.