El paquete de leyes chavistas levanta gran rechazo

CARACAS

Cambios en la organización militar, una inyección de socialismo en la economía venezolana y mayor control en la producción y comercialización de alimentos son los puntos más polémicos de las 26 leyes decretadas el 31 de julio por el presidente Hugo Chávez cuyo contenido fue divulgado ayer en la noche.

Las leyes, promulgadas gracias a los poderes extraordinarios que tuvo el mandatario durante año y medio, retoman aspectos contenidos en la propuesta de reforma socialista a la Constitución que fue rechazada en referéndum el pasado 2 de diciembre.

De los 26 decretos, 19 se refieren al ámbito económico, especialmente los sectores agrícola y bancario.

Así, se ha presentado una nueva ley orgánica de seguridad y soberanía agroalimentaria, una para el fomento y desarrollo de la economía popular y varias referidas a la seguridad social.

En particular, han generado especial rechazo las sanciones, que contemplan incluso expropiación y penas de prisión, incluidas en la ley de seguridad y soberanía alimentaria y en la de defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios.

Así, estas leyes declaran de ``utilidad pública e interés social los bienes que aseguren la disponibilidad y acceso oportuno a los alimentos ... así como las infraestructuras necesarias con las cuales se desarrollan dichas actividades''.

El texto prevé además penas de prisión entre uno y seis años a quienes incurran en especulación, alteración fraudulenta de precios e incluso a quien exhiba para la venta alimentos, bebidas o medicamentos caducados.

Según el presidente de Fedecámaras, la patronal venezolana, José Manuel González, estas leyes son ``un fraude a la democracia''.

''Atentan contra la producción nacional, la libre iniciativa y la propiedad privada'', declaró.

Fuera del ámbito económico, el decreto más polémico es el que crea la Ley de la Fuerza Armada Bolivariana, hasta ahora Fuerza Armada Nacional. En ella, se separa el mando administrativo del operacional y éste pasa a depender directamente de la Presidencia y no del Ministerio de la Defensa.

La denominación de ''bolivariana'' para la Fuerza Armada, adjetivo que ya figura en el nombre del país (República Bolivariana de Venezuela) y que se identifica con el movimiento político de Chávez, había sido planteada en la reforma a la Constitución que fue rechazada por los venezolanos.

''Ese nombre para la Fuerza Armada no figura en la Constitución. Los militares que lo usen estarán traicionando su juramento de respeto a la Constitución'', dijo a la AFP el diputado Juan José Molina, del partido Podemos, disidente del chavismo.

La ley crea además la milicia bolivariana, que une la reserva militar y la guardia territorial (civiles voluntarios) en un ente dependiente también de la Presidencia.

La promulgación de estas 26 leyes en el último día de poderes especiales de Chávez y sin que hubiera ningún anuncio previo tomó al país por sorpresa. Incluso el Partido Comunista, aliado de Chávez y con una bancada parlamentaria, no conocía los decretos y anunció que debe leerlos antes de opinar.

La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos lamentó que la promulgación de estas leyes se hiciera ``de manera inconsulta e inconstitucional''.

``Fuimos llamados en junio por el Presidente a formar una alianza del sector privado y a la fecha, lo que tenemos es la publicación sorpresiva de una serie de leyes que [nos] afectan profundamente''.