Ilegal destitución de jueces venezolanos

CARACAS

Tres magistrados venezolanos destituidos en el 2003 anunciaron que se presentarán este lunes en sus antiguos despachos para reclamar su incorporación, tras un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obliga al Estado a reponerlos en sus cargos.

Los jueces de una corte venezolana de lo Contencioso y Administrativo, Ana María Ruggeri, Perkins Rocha y Juan Carlos Apitz, expresaron su satisfacción por la sentencia a su favor y su ''deseo irrevocable de ingresar al Poder Judicial'' nuevamente, según dijeron en una rueda de prensa.

Los juristas fueron cesados por ''haber incurrido en un error judicial inexcusable'' en un caso de compraventa de un terreno, según lo expresado por el Estado, en un fallo recurrido ante la CIDH en abril del 2004.

Los tres magistrados alegaron ante la CIDH que su destitución obedeció a ''razones políticas'' y que ``se les sometió a un proceso inédito, desprovisto de garantías''.

La Corte Interamericana hizo lugar al pedido y sentenció que los jueces deben ser repuestos en sus cargos e indemnizados con $5,000 cada uno ''por concepto de costas y gastos'' del juicio.

''Renunciamos públicamente a cualquier cantidad de dinero que signifique no reintegrarnos'' a la Corte de lo Contencioso Administrativo de Venezuela, de la cual fueron despedidos en el 2003, subrayó Apitz.

''Venezuela debe cumplir esta decisión. Venezuela debe honrar sus compromisos como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos'', añadió Ruggeri.

Pese al fallo adverso al Estado, la CIDH dictaminó que ''no ha quedado establecido que el Poder Judicial [venezolano] en su conjunto carezca de independencia'', tal como denunciaron los demandantes.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela replicó que la CIDH dejó en claro ''que el Estado venezolano no violó el derecho a estos ciudadanos a ser juzgados por un tribunal competente'', según un comunicado difundido el viernes, pero no adelantó cuál será su posición sobre la restitución de los magistrados.

La CIDH también ha escuchado la denuncia por el asalto a la televisora RCTV y contra sus periodistas por parte del gobierno de Hugo Chávez. La vista pública del caso fue en San José, Costa Rica, el 7 de agosto pasado.