Morales aspira a profundizar el socialismo

LA PAZ

El presidente Evo Morales aspira a fortalecer su liderazgo en el referendo del 10 de agosto para poder desbloquear su proyecto constitucional, continuar con su ''revolución democrática y cultural'' y profundizar su modelo de ``socialismo''.

Morales, junto a su vicepresidente y a los gobernadores regionales del país, someterá su cargo al juicio de los bolivianos cuando acaba de superar el ecuador de su mandato, lo que ratifica su récord de permanencia como presidente de Bolivia si se compara con cada uno de sus cuatro últimos antecesores.

A pesar de la polarización política que vive el país y de la incertidumbre que rodea a la consulta, Morales afronta la recta final hacia el referendo respaldado por las encuestas, en las que sale ratificado.

El sondeo más favorable a Morales, difundido el pasado domingo por el diario paceño La Razón, le concede un apoyo del 59 por ciento, mientras que otro publicado por el periódico cruceño El Deber le da un respaldo del 54 por ciento.

La ley que regula este referendo establece que tanto el presidente como el vicepresidente Alvaro García Linera sólo pueden ser revocados si el voto en contra de su gestión (el ''no'') supera el 53.7 por ciento, que fue el apoyo que ambos cosecharon en las elecciones del 2005.

Morales argumenta que lo que está en juego en esta consulta no son los cargos sino dos programas de gobierno y dos modelos económicos para el país: el nacionalizador y el ''neoliberal'' y privatizador.

Su vicepresidente cree, sin embargo, que el modelo nacionalizador ya ha vencido al ''neoliberal'' y la apuesta en el revocatorio es que se produzca una ''reconfiguración'' del poder territorial para avanzar en el desempate político entre el oficialismo y la oposición.

En una entrevista concedida recientemente al diario La Prensa, García Linera afirma que la consulta del próximo domingo pondrá a prueba ``la correlación de fuerzas territoriales del Estado''.

Precisamente, la principal oposición a Morales se ha ejercido este año desde las regiones bolivianas, ya que siete de los nueve departamentos del país están gobernados por opositores.

Además, cuatro de esos departamentos (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) han emprendido un proceso autonomista en contra del Gobierno que secundarán también los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca, y que ha respaldado el prefecto de La Paz.

La tensión entre el Gobierno y los líderes de estas regiones ha llegado a dificultar la presencia de Morales en algunas zonas del país, principalmente en Santa Cruz y Chuquisaca, donde se disparan las protestas cuando se anuncia su visita.

Pero además de la posibilidad de que algunos de sus opositores sean revocados, el presidente boliviano tiene en este referendo la oportunidad de consolidar su liderazgo para afrontar la principal tarea de su mandato: la aprobación definitiva de la nueva Constitución Política del Estado.

El texto, aprobado en diciembre por una cuestionada Asamblea Constituyente, debe someterse a referendo para su ratificación definitiva pero cuenta con el rechazo frontal de la oposición.

En cualquier caso, los referendos constitucionales (uno para aprobar el texto en su conjunto y otro sobre el artículo que regula la expropiación de latifundios) ya no podrían celebrarse en el 2008 porque la ley impide más de una consulta nacional en el mismo ejercicio.

El Gobierno ha anunciado que, en el caso de que el revocatorio abra un ''nuevo escenario de posibilidades'', negociará con los diferentes sectores la implementación de la nueva Constitución.

''El 11 de agosto vamos a volver a convocar al diálogo'', según el vicepresidente García, quien no obstante apela a un cambio de actitud en las fuerzas conservadoras para que la negociación sobre la Constitución sea fructífera.

Algunos constitucionalistas, como el analista Jorge Lazarte, proponen, para después del revocatorio, la creación de una nueva instancia que discuta el texto constitucional, apruebe los puntos de coincidencia y piense en cambiar los de confrontación.

''De otro modo, las consecuencias serán muy graves'', opina Lazarte.