La crisis financiera reconfigura la relación entre Washington y el sector privado
Por Kara Scanell, Phred Dvorak, Joann Lublin y Elizabeth Williamson
Una ráfaga de medidas el martes prometió extender los tentáculos del gobierno estadounidense en el sector privado, iluminando el modo en que la crisis financiera podría reconfigurar la relación entre el gobierno y la economía.
Durante una audiencia en el Senado, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Christopher Cox, solicitó a Washington que amplíe su supervisión sobre instrumentos financieros exóticos que hasta ahora han sido poco regulados. En carpeta hay una propuesta de los demócratas en el Congreso para permitir que el gobierno establezca límites a las remuneraciones de los ejecutivos y asuma participaciones accionarias en empresas que utilicen un fondo de rescate de US$700.000 millones, en caso que sea aprobado. El candidato presidencial republicano, John McCain, se mostró partidario de la imposición de tales límites salariales.
En su conjunto, estas medidas representan una intervención del gobierno en áreas celosamente protegidas por el sector privado. "Nunca he sido partidario del intervencionismo estatal, pero creo que tenemos una situación sin precedentes que requiere medidas sin precedentes", dijo el Secretario del Tesoro, Henry Paulson, durante una audiencia ante al Comité Bancario del Senado para defender su plan de rescate. "No existe ninguna forma de estabilizar los mercados que no sea la intervención estatal".
Paulson y el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, tuvieron una fría recepción en el Congreso el martes, donde fueron bombardeados con preguntas durante cinco horas. "Lo que nos mandaron es inaceptable", dijo tras la audiencia el presidente del Comité de Bancos del Senado, Christopher Dodd (demócrata). "Esto no va a funcionar".
Paulson intentó repetidamente convencer a los legisladores de que él y el gobierno del presidente George W. Bush estaban tomando las medidas necesarias para respaldar a los contribuyentes, quienes podrían enfrentar problemas económicos más graves si los mercados financieros se mantienen obstruidos. "Se trata de los contribuyentes estadounidenses", dijo. "Es todo lo que nos importa".
Pese a sus críticas, los legisladores no indicaron su rechazo a las medidas y las bancadas de los partidos demócrata y republicano lograron avances importantes en materias como el establecimiento de límites a los paquetes de remuneración de los ejecutivos.
De todos modos, la velocidad con la que se han desencadenado los acontecimientos deja sin respuesta muchas preguntas peliagudas sobre cómo el gobierno cumplirá su nuevo rol. Eso ha dado pie a las críticas de quienes quieren preservar la filosofía de no injerencia del gobierno en los asuntos privados que ha imperado en Washington durante décadas.
"¿Acaso queremos que el gobierno posea todo esto?", preguntó Anne Canfield, directora ejecutiva de Consumer Mortgage Coalition, una asociación nacional de acreedores y gestores hipotecarios, refiriéndose a los activos hipotecarios que serían comprados bajo el plan de rescate. "Tienen que gestionar los activos con varios objetivos en mente: mantener a los propietarios en sus casas, estabilizar las comunidades, los mercados hipotecarios y conseguir valor para los contribuyentes".
El papel del gobierno en la economía ni se acerca al que tenía en los años 30, cuando EE.UU. luchaba por dejar atrás la Gran Depresión. De todos modos, el aluvión de rescates e intervenciones lo ha dejado en una posición desconocida en la historia reciente. El gobierno federal, a través del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal, ahora controla una gran parte del mercado hipotecario y a AIG, la mayor aseguradora del mundo, y se apresta a gastar US$700.000 millones en valores hipotecarios de compañías financieras atribuladas.
Cox, el presidente de la SEC, tomó ayer la posición más fuerte adoptada por un regulador federal cuando exhortó al Congreso a "proveer un estatuto que regule estos productos". Cox añadió que la falta de supervisión de los seguros contra cesaciones de pagos, conocidos como CDS, constituye "una brecha regulatoria que hay que enfrentar de inmediato".
Se estima que el mercado para estos instrumentos se ha duplicado en apenas dos años para alcanzar los US$62 billones (millones de millones).
La industria ha rechazado con éxito los llamados para una mayor regulación a lo largo de los años, sobretodo porque los productos son negociados entre inversionistas sofisticados. El ex presidente de la Fed, Alan Greenspan, los ha calificado como uno de los instrumentos financieros más importantes que existen.
El Congreso probablemente no dilucidará el tema este año, pero la voluntad política para un cambio parece estar cobrando fuerza. Las declaraciones de Cox se producen después de medidas del Departamento de Seguros de Nueva York para regular los CDS. Paulson, en todo caso, fue más cauteloso ayer. Dijo que los CDS han sido "de extraordinaria utilidad" para permitir que las instituciones cubran sus riesgos. "No es algo tan sencillo como simplemente decir, 'vamos a regularlo'", dijo al Senado.
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