Piden aliviar sanciones a Cuba para enviar ayuda a los damnificados
Cuarenta y ocho horas después del llamado de solidaridad hecho por representantes de la disidencia cubana para asistir a los damnificados del huracán Gustav en la isla, un sinfín de voces del espectro político estadounidense y del exilio en Miami se sumaron al pedido humanitario, instando a que Washington tome acción o flexibilice las sanciones impuestas al régimen comunista.
El miércoles las propuestas de llevar ayuda humanitaria se multiplicaron partiendo desde la campaña política del candidato demócrata a la presidencia, Barack Obama, hasta una propuesta conjunta formalizada por un grupo de legisladores demócratas y republicanos, quienes pretenden que Washington organice un Equipo de Ayuda de Respuesta a Desastres (DART), que evaluaría los daños y determinaría las necesidades más urgentes en el mismo lugar de los hechos.
La Casa Blanca no se ha manifestado hasta el momento sobre el polémico asunto.
Obama dijo el miércoles que en estas circunstancias la ciudadanía está lista para responder y mitigar el dolor de miles de damnificados en Cuba.
"Este es un momento en que el pueblo cubano --no Castro-- necesita y merece la compasión y la asistencia estadounidense. No nos equivoquemos: el embargo debe mantenerse en pie y me opongo enérgicamente a la prestación de ayuda alguna al régimen'', indicó el senador de Illinois en un comunicado.
Obama recalcó que se sumaba a la postura de un sector de la disidencia cubana en Miami que reclama insistentemente un alto temporal a las sanciones impuestas por el gobierno del presidente Bush en el 2004, principalmente sobre los viajes y remesas a la isla.
"Me sumo hoy al llamamiento que los líderes de la comunidad cubanoamericana han hecho al presidente Bush para que suspenda inmediatamente, y por un mínimo de 90 días, las restricciones a las remesas familiares, las visitas y los envíos de ayuda humanitario por parte de los cubanoamericanos'', añadió el candidato presidencial.
Los reclamos de ayuda surgieron al calor de una situación de emergencia que, con el paso de las horas y los días, sigue horrorizando al mundo entero por la violencia y la estela de destrucción que dejaron los vientos huracanados de Gustav en el municipio Isla de la Juventud y la provincia de Pinar del Río. El fenómeno azotó el sábado con Categoría 4, causando los peores estragos que se hayan visto en los últimos 50 años a la infraestructura y las cosechas agrícolas del occidente cubano.
Las propuestas sobre el modo de ayudar a los cubanos de la isla están a debate desde esta semana en las principales emisoras radiales y espacios televisivos locales.
Mientras, los senadores Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey; Mel Martínez, republicano por Florida, y Bill Nelson, demócrata por Florida, así como los representantes republicanos por Florida Lincoln Diaz-Balart, Ileana Ros-Lehtinen y Mario Diaz-Balart, así como Albio Sires, demócrata por Nueva Jersey, manifestaron que no hacía falta cambiar el marco regulatorio para contribuir con donativos y asistencia.
Los legisladores exhortaron a Washington a ofrecer ayuda directa para las víctimas de Gustav, aunque sin hacer modificaciones a la ley que actualmente impone limitaciones a Cuba.
"Es una petición muy seria. El documento habla por sí mismo y la ley no hay que cambiarla'', expresó Lincoln Diaz-Balart.
Entre otras consideraciones, los congresistas solicitaron a una sola voz que el gobierno:
* Ofrezca asistencia a través de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana (USINT).
* Pida a otros países con sedes diplomáticas en Cuba que establezcan programas humanitarios para solidarizarse con las víctimas directamente.
Por el exilio cubano, las solicitudes para socorrer a los damnificados apuntaron a una moratoria temporal del embargo hasta de tres meses para alentar la ayuda directa a las familias cubanas desamparadas y tramitar licencias de asistencia con carácter excepcional.
La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) pidió a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) un permiso especial de un año --por valor de $250,000-- para despachar bienes y artículos de primera necesidad a los desamparados en la zona occidental de la isla. Actualmente la entidad mantiene un permiso de $100,000 que sólo utiliza en favor de la disidencia interna.
"También estamos en contacto con agentes corporativos de Western Union para facilitar los envíos de dinero. Vamos a necesitar que se amplíe el monto máximo de dinero --$300 cada tres meses-- que las familias pueden despachar a Cuba'', sostuvo Omar López Montenegro, portavoz del grupo.
El ex alcalde de Hialeah Raúl Martínez detalló que era vital abandonar las diferencias partidistas para actuar rápidamente.
"Tenemos una obligación moral de permitirles a las familias que se ayuden unas a otras en un momento de tan grave necesidad'', puntualizó Martínez, rival de Lincoln Diaz-Balart en la contienda por un escaño en la Cámara federal.
Otro que se hizo eco de las peticiones de asistencia fue el candidato demócrata Joe García, quien dijo que "la opresión brutal del régimen de Castro no debe esgrimirse para limitar nuestra habilidad de ayudar a las familias en Cuba''.
"Es solamente con nuestra ayuda que podrán recuperarse las víctimas inocentes de estas tormentas'', acotó García.
Sin embargo, la propuesta de relajar las restricciones del embargo crearon fricciones con agrupaciones de la comunidad exiliada que no respaldan un cambio de política en la actual coyuntura.
Sylvia G. Iriondo, presidenta del M.A.R. por Cuba, comentó que la única forma de asegurar que la ayuda llegue a las víctimas es canalizarla mediante el gobierno de Estados Unidos y las organizaciones no gubernamentales que tienen licencias vigentes, como el grupo Plantados por la Libertad y la Democracia.
"Las leyes no tienen nada que ver, lo que tiene que cambiar es la disposición del régimen castrista'', expresó Iriondo.
Para muchos el torbellino político es similar al que provocó el paso por Cuba del huracán Dennis en el 2005, cuando líderes y grupos del exilio no lograron conciliar una posición única con el fin de viabilizar la ayuda humanitaria y favorecer posturas más flexibles hacia Cuba.
El miércoles la portavoz del Consejo por la Libertad de Cuba, Ninoska Pérez Castellón, reafirmó su negativa y dijo que su organización no favorece el levantamiento de restricciones al régimen castrista.
"El Consejo apoya la ayuda a través de la Cruz Roja o el gobierno de Estados Unidos. La moratoria temporal no es factible porque el pueblo cubano es rehén de una dictadura que manipula y decide sobre las donaciones'', añadió la activista.
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