El candidato oficialista a la Presidencia de Colombia, Juan Manuel Santos, se mostró convencido de que, con el apoyo de los demás partidos, podrá ejecutar las reformas que deja pendientes Álvaro Uribe y seguir los prósperos pasos de Chile, si gana la segunda vuelta del 20 de junio.
En una entrevista con Efe en Valledupar (norte de Colombia), el favorito a ganar estas elecciones se mostró “contento y entusiasmado” por la respuesta que ha recibido de la mayoría de las fuerzas políticas derrotadas en la primera vuelta del 30 de mayo, a las que llamó a formar parte de un “gran acuerdo de unidad nacional”.
A ese llamamiento, hecho inmediatamente después de conocerse que fue el candidato con mayor respaldo en la primera ronda, con el 46 por ciento de los votos, se han ido sumando desde entonces los principales partidos.
El primero fue el Conservador, que ha pertenecido a la coalición de Uribe; después una importante facción del Partido Liberal, en la oposición en los últimos ocho años; y, por último, Cambio Radical, liderado por Germán Vargas Lleras, quien resultó el tercero más votado en las pasadas elecciones.
Eso significa que de convertirse en presidente el próximo 7 de agosto, fecha programada para la toma de posesión, Santos contaría con el respaldo de más del 80 por ciento del Congreso, en decir, de 232 de los 268 integrantes de las dos Cámaras, un apoyo mayor al que Uribe ha tenido en sus dos gobiernos consecutivos.
Y es que sólo se quedarían como fuerzas opositoras el Partido Verde de Antanas Mockus, su contrincante en la segunda vuelta, y el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), formaciones minoritarias que además irían por separado al no haber logrado una alianza para contrarrestar el peso de Santos en esta campaña.
“El país tiene necesidad de una gran reforma política que no se ha podido aprobar, una gran reforma del ordenamiento territorial, del desarrollo del país por regiones, que se ha presentado 19 veces y no ha sido posible; de una gran reforma de la justicia concertada con las Cortes”, insistió Santos.
Por eso consideró que hay “una gran oportunidad”, ya que “una mayoría de esa naturaleza no se puede desaprovechar para lograr fortalecer el sistema democrático” colombiano.
Aún así, el aspirante por el Partido de la U, que en las legislativas del pasado marzo también se hizo con la mayoría en el Congreso, dijo que por ahora se toma las cosas “sin triunfalismo” y “con humildad”.
Santos lo que busca a diez días de esta decisiva elección frente a Mockus es “un mandato del pueblo claro y contundente”.
“Eso nos da gobernabilidad”, dijo, al matizar que “el peor enemigo en este momento es el triunfalismo, la apatía y el Mundial de Fútbol”, en alusión al riesgo de una caída de la participación en las urnas por ese campeonato.
El plan que Santos que ha comenzado a presentar a lo largo y ancho del país esta semana, primero en Cali y en las últimas horas en sus feudos caribeños de Montería y Valledupar, consta de diez puntos.
Estos son creación de empleo, salud y educación para todos, corrupción cero, buen gobierno, fortalecimiento del Estado, Justicia y fin a la impunidad, agenda urbana y rural, protección del medioambiente y un giro en las relaciones internacionales para insertar a Colombia en el mundo.
Si bien Santos expresó su satisfacción por la adhesión de los partidos a esta propuesta, lo más significativo para él, reconoció, es “la respuesta de los sectores sociales, sindicatos, iglesia, afrocolombianos y etnias”.
“Ese diálogo nacional me parece una gran oportunidad, para que el país de un salto como el que dio Chile hace unos años”, matizó el candidato, al recordar que la propia ex presidenta de ese país Michelle Bachelet lo dijo la semana pasada en Bogotá: “para reducir pobreza y desempleo sólo es posible con un acuerdo nacional”.
Con estas perspectivas Santos ha retomado su campaña, ahora centrada en actos en recintos cerrados, a los que asisten invitados y no participa el pueblo.
Los motivos son varios y claros. El primero para proteger su seguridad, según reconocieron a Efe los organizadores de su campaña; pero también porque ahora Santos busca reunir en espacios reducidos a los representantes de los distintos partidos y hermanarles en las provincias para poder trabajar juntos por el futuro de Colombia.
Y es que Santos, que en el pasado perteneció al Partido Liberal, se mueve como pez en el agua en la escena política: ha sido ministro en Gobiernos liberales y conservadores y desde 2002, cuando llegó Uribe al poder, uno de sus más cercanos colaboradores.
Colombia debe dar contenido de computadoras de las FARC
Correa: Colombia debe dar contenido de computadoras de las FARC a Ecuador
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó hoy en Lima que “el paso que falta para normalizar (las) relaciones” de su país con Colombia es conocer el contenido de los computadores que fueron incautadas a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano en 2008.
Correa declaró a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) que, a pesar de la promesa hecha al respecto por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Ecuador aún no recibe dicha información.
Los dos países vecinos rompieron relaciones diplomáticas hace dos años a raíz de una incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano en la que se bombardeó un campamento de las FARC.
En ese ataque murieron 26 personas, entre ellas el entonces número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Luis Edgar Devia, alias “Raúl Reyes”.
“Esperamos información sobre el bombardeo, sobre las benditas computadoras, porque después de bombardear, para justificar el bombardeo, dijeron que había sobrevivido milagrosamente una súper computadora que nos vinculaba a las FARC. Queremos los discos duros para ver quiénes están involucrados”, remarcó Correa.
El mandatario ecuatoriano, que hoy concluye una visita oficial de dos días a Perú, remarcó que se rompieron las relaciones diplomáticas con Colombia “por motivos obvios, como también hubiera reaccionado Perú ante una agresión de un país vecino”.
Correa también destacó la unificación dada en la Unión Europea (UE), a pesar de las diferencias sustanciales existentes entre los países miembros, y lamentó que en América Latina, con un pasado, idioma y costumbres comunes, esto no se haya logrado.
“Mientras que la Unión Europea tendrá que explicar a sus hijos por qué se unieron, nosotros tendremos que explicar a los nuestros por qué nos demoramos tanto”, afirmó.
Correa inició este miércoles una visita a Perú que le ha permitido mantener reuniones con los tres poderes del Estado y ha sido condecorado con la Orden de El Sol del Perú en el Grado de Gran Cruz con Diamantes y con la del Congreso de la República.
Durante su visita, el presidente ecuatoriano ha elogiado la excelente relación que mantiene su país con Perú, lo que se ha reflejado en diversos proyectos entre ambas naciones, como la creación de consulados binacionales.Crece la presión para BP
Crece la presión para BP: Obama convoca a directivos de la petrolera para una reunión
Los principales directivos de la petrolera BP fueron convocados a una reunión en Washington el 16 de junio, en la que participaría parcialmente el presidente Barack Obama, para hablar del desastre ocasionado por el vertido del Golfo de México.
La carta fue remitida hoy por el almirante del Servicio de Guardacostas, Thad Allen, al presidente del Consejo de Administración de BP, Carl-Henric Svanberg, al que invita a la reunión para hablar del “devastador” vertido, del que dice que BP es “financieramente responsable de todo los costes derivados” de la respuesta para frenarlo.
Nicaragua estrena una central termoeléctrica
Nicaragua estrena una central termoeléctrica de 52 millones $, financiada por Venezuela
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, inauguró hoy una nueva central termoeléctrica capaz de generar 54 megavatios de energía y que cuya construcción fue financiada por Venezuela con 52 millones de dólares.
Ortega llegó esta tarde (local) a la localidad de Nagarote, 45 kilómetros al noroeste de Managua, para inaugurar la planta denominada “Solidaridad” y en que se empleará a 115 trabajadores, según anticiparon voceros oficiales.
La central termoeléctrica está dotada de 32 motores de 1,7 megavatios cada uno, que funcionan a base de bunker (fuel oil).
De acuerdo a informes del Ministerio de Energía y Minas, desde que Ortega asumió el poder en 2007 se han construido varias plantas eléctricas con una capacidad total de generación de 530 megavatios.
Domingo Centeno, director de la planta “Solidaridad”, dijo que la planta ya comenzó a operar y actualmente genera 50 megavatios de energía, un 8,7 por ciento de la capacidad instalada en el país.
El presidente venezolano Hugo Chávez provee a su aliado Ortega de una millonaria asistencia financiera que incluye el abastecimiento de 100.000 barriles de crudo mensuales a precios preferenciales.
La oposición acusa a Ortega de no rendir cuentas al Parlamento sobre la cuantiosa ayuda de Caracas, cuyo monto se desconoce y que es manejada por una empresa privada denominada Albanisa y al menos seis subsidiarias locales.
Era más que previsible que en caso de haber, como efectivamente habrá, una segunda vuelta electoral en la carrera por la Presidencia de la República, arreciarían los ataques políticos y mediáticos especialmente contra los logros del gobierno de Uribe, el prestigio de las Fuerzas Armadas y contra el candidato que representa la continuidad de la política de seguridad democrática. En efecto, no hay duda de la existencia de personas, grupos y redes muy bien organizadas y dedicadas a intentar deslegitimar las instituciones. Prueba de ello es la reciente confusión creada por la Fiscalía General de la Nación al publicar una supuesta y confusa citación a los altos mandos del Estado y muy particularmente al exministro Camilo Ospina y al Comandante de las Fuerzas Armadas General Freddy Padilla de León.
Basados en denuncias de particulares cuya identidad debería conocer el país, funcionarios de la Fiscalía decidieron que esta época prelectoral era el momento más adecuado para lanzar a la opinión pública esta supuesta citación que no busca por supuesto que se haga verdadera justicia en los casos popularmente llamados “falsos positivos” sino más bien busca confundir y distraer a la opinión pública apuntando a supuestas responsabilidades políticas, haciendo un enorme daño de información en el plano nacional e internacional, y de paso impactando en lo posible la contienda electoral, sobre todo por la profunda herida electoral que le queda a la oposición después de la aplastante derrota en las urnas del pasado domingo y del masivo apoyo a la gestión de Alvaro Uribe a través del voto por la candidatura de Juan Manuel Santos a la Presidencia de Colombia.
Lo curioso es encontrar casi perfecta identidad entre ciertos grupos que “supuestamente” defienden los derechos humanos y buscan a toda costa deslegitimar a nuestras fuerzas armadas con aquellas propuestas políticas que se ufanan y presumen (con cierto desprecio desde una pretendida superioridad moral) de su transparencia, honestidad y respeto por el valor sagrado de la vida, con arengas como “yo no quiero más falsos positivos” o “yo vote libre, a mi no me pagaron”. Pues Yo tampoco quiero falsos positivos y a Mi tampoco me pagaron, y me atrevo a decir a asi es una buena mayoría de colombianos que no votamos por la propuesta verde. No tienen derecho a arengar dando la sensación de que quienes no estamos con ellos, no somos transparentes, honestos ni mucho menos defensores de la vida. Mucho cuidado con estos fanatismos, muy propios de radicalismos de izquierda. A propósito, si hablan tanto de transparencia, que publiquen los resultados de esas reuniones, pactos y negociaciones con el Polo Democrático que se han hecho con un secretismo casi sospechoso y que condenen públicamente y con vehemencia esa guerra sucia y esa propaganda negra que algunos grupos han emprendido en contra de nuestras instituciones y en particular de las Fuerzas Militares.
* Víctor Hugo Malagón es economista, especialista en política y relaciones internacionales, y profesor universitario.
Es un despropósito comparar la huelga de 1906 con el desalojo de la mina de cobre en Cananea del 6 de junio.
El desalojo, después de agotarse los recursos legales de empresa y sindicato, pone en un brete a los políticos y a los medios, en un dilema ético.
¿Vamos a respetar la legalidad o a violarla cotidianamente por conveniencias políticas?
¿Promoveremos la seguridad jurídica para todos o seguiremos con el pernicioso hábito de no respetar las leyes?
Con ese hábito, el país no tiene futuro.
DERECHOS
Aventurada, en el mejor de los casos, la tesis de que las bandas del crimen organizado no violan los derechos humanos.
Al respecto, una madre escribe a otra:“… Vi tu enérgica protesta por los derechos humanos de tu hijo. Tu puedes visitar a tu hijo en la cárcel; yo sólo puedo llevarle flores a su tumba, pues tu hijo lo asaltó y lo mató”.
Las divagaciones teóricas frente al México real.
¿Y BOLIVIA Y VENEZUELA?
Hubo un tiempo, durante la Guerra Fría, que hubo de negociarse con Cuba, para evitar que exportara la revolución guevariana a México.
Hoy, pareciera que Bolivia y Venezuela intentan exportar la revolución bolivariana a México.
Por lo pronto, tendrían que ser explicados los viajes que a ambas naciones hacen los dirigentes del SME.
¿Orientación?
NOTAS EN REMOLINO
La Secretaria de Hacienda emplea argumentos de calendario para anunciar que sí habrá aumento a los precios de gasolina y diesel. Entrarán en vigor el próximo sábado. Respuesta a los díscolos y malpensados…
La peor de las explicaciones ha sido la ofrecida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues resulta que el viaje del Presidente a Sudáfrica es un viaje de trabajo, para fortalecer las relaciones con dicha nación. No, pues sí…
En las consultas que realiza la Cámara de Diputados por la ley de derechos humanos aprobada por el Senado, la cual transfiere las facultades de investigación de la Suprema Corte a la CNDH, el ex ministro Genaro Góngora Pimentel se pronunció en contra…
Acertadamente, Enrique Campos calificó en El Economista al bono de indemnización ofrecido por el Secretario del Trabajo Javier Lozano como “el bono de paz”, por aquello de la rijosidad minera…
La encuesta de Consulta Mitofsky muestra que el candidato priísta a la gubernatura de Aguascalientes Carlos Lozano aventaja con cierta holgura al panista Martín Orozco…
Por supuesto que la Secretaría de la Función Pública tiene que castigar con energía a los ex funcionarios que vendieron 50 mil toneladas de rieles. Sin embargo, con la misma energía debe procederse contra las empresas privadas que compraron el material sustraído. Se tiene que hacer un ejemplo con todos los involucrados…
¿Cuáles serán las relaciones del líder minero Napoleón Gómez Urrutia en Canadá que le protegen hasta de ser extraditado?...
por Gabriela Calderón de Burgos
Gabriela Calderón de Burgos es editora de ElCato.org y columnista de El Universo (Ecuador).
Guayaquil, Ecuador— Las noticias que salieron sobre Venezuela estos últimos días me sorprendieron porque normalmente he leído ese tipo de notas acerca de los países más pobres del mundo en África. También me sorprendió porque salieron al aire casi al mismo tiempo que un ídolo de Hollywood se paseaba por Sudamérica echándole flores a Chávez y a sus seguidores.1 No sorprende que Oliver Stone admire a Chávez a pesar de las vergonzosas novedades que surgieron la semana en que él lanzó “Al sur de la frontera”, ya que es el mismo Stone quien todavía profesa admiración por el Comandante Fidel Castro, a quien le dedicó otro filme en 2003.
La primera noticia: La policía venezolana detectó 70.000 toneladas de alimentos podridos hace pocos días. Primero se encontraron 1.197 contenedores en un puerto estatal del estado de Carabobo y esta semana se encontraron 2.700 contenedores más con comida podrida. Todos estos alimentos fueron importados supuestamente para proveer las perchas de los supermercados estatales, pero nunca llegaron a su destino. Productos básicos como arroz, harina de trigo, pasta, leche, carne de res y de cerdo, sal y aceite, todos podridos. Más de 10 años después de la “revolución bonita”, Venezuela todavía importa 80% de lo que consume y el precio de los alimentos básicos está fijado por el gobierno.2
El gobierno de Chávez también posee una moneda propia y con ella una política monetaria muy soberana. ¿En qué ha resultado eso en Venezuela? En que hay muchos para los cuales es un negocio redondo aprovecharse del tipo de cambio diferenciado. Fernando Salas Feo, gobernador opositor del estado de Carabobo asevera que esto es un “negocio redondo” ya que “Se valen del sistema cambiario a través del cual adquieren alimentos con dólar preferencial a 2,30 bolívares por dólar, realizan la compra con sobrefacturación y las comercializan a ocho bolívares por dólar”.3
Todo esta muestra de corrupción e ineficiencia (¡se pudren toneladas de alimentos mientras que en las tiendas hay escasez!) por parte de los puertos estatales y PDVAL no han hecho que Chávez (o Stone) cuestione a la capacidad del Estado de ser eficaz en proveer alimentos de buena calidad. Al contrario, todo esto ha hecho que Chávez intensifique su ataque en contra de la empresa Polar, la principal productora de alimentos y cerveza en el país.
La segunda noticia: De acuerdo a información del Ministerio de Salud de Venezuela, en lo que va del año se han duplicado los casos de malaria en relación al mismo periodo del año pasado. Mientras que hasta esta fecha el año pasado hubo 10.758 casos de malaria, este año ha habido 21.601.4
El número de infectados de malaria ha venido aumentando desde hace varios años y este año podrían llegar a haber 70.000 casos de malaria. Muy probable, ya que la escasez de medicamentos para controlar la epidemia ya se está sintiendo.
Las malas ideas aplicadas desde el poder pueden causar verdaderas catástrofes humanas. Además, son contagiosas y pueden ser imitadas por líderes fácilmente influenciables en otros países. No importa que demuestren en la práctica su potencial empobrecedor, parece que siempre hay líderes dispuestos a repetir el ejercicio.
por Oscar Ortiz Antelo
Oscar Ortiz Antelo es ex presidente del Senado de la República de Bolivia.
El Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Alvaro García Linera, ha declarado que ¨nadie puede competir con el Estado¨. Hay muchos motivos que le dan la razón.
Las empresas estatales creadas y/o recreadas por el gobierno de Evo Morales, no son para nada diferentes de las que llevaron a la ruina a la Unión Soviética y sus satélites, a Cuba y a los países latinoamericanos que una y otra vez caen en la trampa del populismo estatista. Las caracteriza la mas perniciosa combinación de ineficiencia y corrupción, que solo beneficia a la burocracia que las gerenta mientras el pueblo paga la cuenta.
Cómo competir con el Estado, si a este no lo cuesta el dinero. Simplemente, lo toma de los impuestos que pagan los ciudadanos. Cómo competir con el Estado, si este no cumple con las leyes, las normas de seguridad y los impuestos que deben cumplir las empresas privadas. Cómo competir con el Estado, si las pérdidas se las distribuye entre los ciudadanos.
La verdad es que el neo estatismo boliviano, es el mismo desastre de siempre. La primera y emblemática nacionalización, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), es un ejemplo de ineficiencia y corrupción. Uno se sus presidentes, está preso al descubrirse un caso de corrupción, cuando sicarios mataron a un empresario que llevaba el diez por ciento de un millonario contrato a los cuñados del ejecutivo estatal.
Desde la nacionalización de hidrocarburos, esta empresa ha administrado más de 10.000 millones de dólares, sin que haya habido un solo nuevo descubrimiento ni un solo nuevo proyecto de industrialización. La producción declina sostenidamente, se incumplen los contratos internacionales de exportación de gas y se ha vuelto a importar gasolina, algo que no sucedía desde hace más de cincuenta años.
Sus filiales, Chaco, Andina y Transredes, nacionalizadas con vistosos despliegues de las fuerzas armadas, funcionan como sociedades anónimas de derecho privado (aunque usted no lo crea). De esta forma, no están supervisadas por la Contraloría General del Estado ni tienen que cumplir con las normas estatales de contratación bienes y servicios. Exención de la que disfrutan todas las empresas estatales y entidades dependientes del Gobierno Central, gracias a decretos supremos promulgados por el presidente Morales, con el supuesto fin de agilizar la inversión pública.
Ni qué hablar de empresas creadas a través de fideicomisos, otra figura del derecho privado, en las cuales se han invertido cientos de millones sin que funcionen. Quien conoce, por ejemplo, lo que hacen PAPELBOL, CARTONBOL, LACTEOSBOL O ECEBOL. Peor aún, la nueva tendencia ya no es nacionalizar las empresas privadas sino asfixiarlas hasta que las compren supuestos empresarios venezolanos.
La gran paradoja de todo esto es que abundan empresas estatales pero falta Estado donde los más pobres lo necesitan; en la justicia, en la seguridad ciudadana, en la salud básica, en la defensa civil, entre otras menos atractivas responsabilidades para los representantes del socialismo chavista.
por Carlos Federico Smith
Carlos Federico Smith es un frecuente colaborador de la Asociación Nacional de Fomento Económico de Costa Rica (ANFE).
El liberalismo clásico suele considerar que no es función del Estado llevar a cabo actividades productivas que el individuo privado pueda hacer. Pero el liberalismo no es sinónimo de anarquía, pues juzga indispensable la existencia del Estado, si bien hay diversos criterios entre pensadores liberales acerca de los alcances o roles que puede desempeñar en una sociedad liberal. Esta divergencia de criterios acerca de dicho alcance debe servirnos como introducción para analizar la crítica de que el liberalismo clásico es anti-empresa pública.
En ese sentido podemos partir de lo que al respecto nos dice un pensador liberal clásico moderno, Razeen Sally: “la función del gobierno en la conducción de la política pública es análoga a aquella de un árbitro o un réferi del futbol, la de aplicar ‘las reglas del juego’ pero no la de interferir o ‘jugar’ con ‘el juego’ en sí, mucho menos pre-programar o alterar y adulterar los resultados. En otras palabras, la tarea del gobierno es regular el ‘orden’ de las actividades económicas, a la vez que se refrena convertirse en participante del proceso de mercado” (Razeen Sally, Classical Liberalism and international Economic Order: Studies in the theory and intellectual history. Londres: Routledge, 2002, p. 27).
Por su parte, Adam Smith en su momento definió lo que en el pensamiento liberal se consideran como las tres funciones básicas del Estado. La primera, la defensa de la nación ante los enemigos externos. La segunda, la administración de la justicia: hacer cumplir las reglas generales sobre la propiedad y los contratos, de manera que se impida el fraude y la coacción. Tercera, la provisión de obras que “aunque ventajosas en sumo grado a toda la sociedad, son no obstante de tal naturaleza que la utilidad nunca podría recompensar su costo a un individuo o a un corto número de ellos, y que por lo mismo no debe esperarse se aventurasen a erigirlos ni a mantenerlos” (Adam Smith, La riqueza de las naciones, Tomo III, Op. Cit., p. 36).
Esta última función que expone Smith, Sally la considera que incorpora lo que se podría denominar como bienes públicos, que incluyen “la provisión de estabilidad macroeconómica y de servicios que van desde iluminación de las calles y facilidades sanitarias, hasta salud, educación, transporte público esencial y una red de seguridad básica para los indigentes (esto no implica que el gobierno deba administrar, ni mucho menos monopolizar, los servicios que financia parcial o totalmente)” (Razeen Sally, Op. Cit., p. 28).
El término “bienes públicos” puede ser interpretado de maneras diferentes, que van desde considerar simplemente que son aquellos bienes producidos en el sector público, pero en el lenguaje de los economistas se refiere más bien a bienes cuyo consumo es colectivo o en los que se aplica el principio de no exclusión; esto es, que al consumirlo algún individuo, no se excluye que sea consumido por otro individuo. Es conceptualmente posible señalar que los bienes tienen diferentes grados de estos dos tipos o características “públicas”, por lo cual no es necesariamente correcto suponer que ya porque se trata de un bien con amplias características públicas, necesariamente debe ser producido por el estado. Por ejemplo, las transmisiones de televisión y de radio o los programas de computación son producidos por el sector privado, de manera que no se puede pensar que tengan que ser producidos por el sector público. Pero otros bienes públicos, como la defensa y las carreteras (en menor grado), son bienes públicos que con frecuencia son producidos por el estado.
Un pensador liberal clásico moderno, Richard Epstein señala que “los mercados dependen de los gobiernos; los gobiernos dependen de los mercados. La cuestión clave no es excluir uno u otro sino asignarle a cada uno su papel apropiado” (Richard A. Epstein, Skepticism and freedom: A modern case for classical liberalism, Chicago: The University of Chicago Press, 2003, p. 1), quien menciona luego la necesidad de “fusionar una fuerte protección de las libertades de los individuos con la provisión estatal de bienes públicos claves, incluyendo la infraestructura necesaria para que el sistema funcione” (Richard A. Epstein, Ibídem., p. 9). Epstein no sólo se refiere a infraestructura física, como carreteras, puentes o muelles, sino más bien al marco legal, político y social que faculta la protección estatal de los individuos, su propiedad y la ejecución de los contratos.
Una forma por la cual un estado podría producir, por ejemplo, aquellas obras de infraestructura a que se refiere Smith, es mediante las llamadas empresas públicas; esto es, organizaciones para llevar a cabo negocios que son propiedad parcial o total del estado y en donde generalmente el estado ejerce las funciones administrativas. Estas empresas públicas usualmente son monopolios y suelen presentarse en la producción de bienes o servicios tales como electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y algunas formas de transporte.
El hecho es que también la provisión de esos bienes considerados como “públicos” puede ser brindada por las personas (generalmente por medio de lo que se conoce como empresas privadas), de aquí que los criterios de eficiencia, además de razones primordiales de libertad individual, tienen mucho que aportar en cuanto a la decisión de la forma organizacional que deben tener tales empresas encargadas de suplir bienes públicos.
Aún cuando el tema del alcance del Estado en un orden liberal clásico sigue siendo polémico, deseo enfatizar dos aspectos que nos permiten conformar dicha decisión. Primero, que algo que bien puede caracterizar a los liberales clásicos es su escepticismo acerca de la habilidad del Estado para llevar a cabo funciones que los individuos pueden efectuar. Es cierto que, por lo general, los liberales clásicos se oponen a que aquél las realice y, si se considerara que su provisión es función pública, tal criterio no requiere que el Estado sea quien deba administrar esas funciones (la concesión pública, de utilización cada vez más frecuente en las sociedades modernas, refleja esta idea). Así, “el gobierno no deberá interferir en la esfera delimitada de los individuos, incluyendo en su propiedad, e ipso facto deberá abstenerse de intervenir en el proceso del mercado dejando que los productores y los consumidores sean libres de efectuar sus propias elecciones de acuerdo con los precios que se forman libremente” (Razeen Sally, Op. Cit., 27).
Segundo, hay un escepticismo natural entre los liberales clásicos hacia la concentración del poder. Por ello muchos se inclinan a minimizar el papel del Estado en ese balance necesario o marco jurídico en donde se maximice la colaboración libre entre individuos que menciona Epstein. Me parece que dicho escepticismo explica por qué para el liberal es preferible que sean las partes (los individuos) y no el Estado las que definan los términos y las condiciones en que contratan libremente, pues “las partes conocen mejor que nadie cuál es su interés propio, de manera que el dictado público de los términos de los contratos es una limitación a la libertad de ambas partes, dando lugar a una transacción que necesariamente daña su bienestar económico” (Richard Epstein, Op. Cit., p. 35). La historia del intervencionismo estatal es pródiga en ejemplos de daños a las libres relaciones que individuos desean llevar a cabo, razón por la cual el liberal clásico suele oponerse a la intervención del Estado, pues afecta el bienestar que pueden lograr las partes involucradas.
El liberal clásico no se opone a que el Estado desempeñe ciertas funciones. Repito: no es anarquista. Acepta funciones que pueden corresponder a la esfera pública, pero no acepta que estas necesariamente deban ser administradas por el Estado. No sólo hay razones económicas para que mejor las lleven a cabo individuos, sino también porque se limita a un Estado con poder para restringir la libertad. Tal es el caso frecuente de empresas públicas monopolísticas, cuya existencia se da precisamente gracias al impedimento legal de que surja una competencia de parte de individuos privados. Aún cuando se exhiban argumentos de fracaso del mercado para promover una acción estatal que presuntamente logra mejores resultados, lo cierto es que los gobiernos no son dirigidos por omnisapientes individuos, quienes a la vez son benevolentes en su conducta. Lo contrario suele ser lo observado, al ver cómo los intereses de los buscadores de rentas capturan al Estado para que tome medidas que, en última instancia, además de a ellos, también beneficia a los maximizadores del poder y otorgadores de prebendas del sector público. La actuación del Estado no es gratuita, como algunos consideran; por el contrario, suele ser más onerosa que el costo que alguien podría considerar resulta de un mercado competitivo en un orden político liberal clásico.
En síntesis, el liberalismo clásico se opone por razones prácticas, así como por principios de libertad, a la utilización de esquemas de empresas públicas para producir ciertos bienes y servicios, al considerar que hay alternativas más eficientes, por medio de la iniciativa individual y la empresa privada, de suministrar tales bienes o servicios. El estado intervendría en la provisión de estos tan sólo, como observaba Smith (y particularmente en obras de infraestructura) si los individuos no pueden llevarlas a cabo. El problema es que las empresas estatales suelen alejarse de los criterios propios de la empresa privada de obtener ganancias que resulten de servir eficientemente los deseos de los consumidores y más bien suelen guiarse por criterios políticos que se traducen eventualmente en déficits, que en última instancia deben ser cubiertos por alguna forma de impuestos. Por lo expuesto, la afirmación de que el liberalismo clásico se opone a la empresa pública es correcta; no es una forma eficiente ni necesaria para producir aquellos bienes que se consideran llenan los criterios de bienes públicos.
Para matizar lo expuesto, ampliamente aceptado en el pensamiento liberal clásico, me parece justo traer a colación la opinión de un destacado economista liberal clásico, Wilhelm Röpke, quien advierte que “el problema político-económico de las empresas de servicios públicos (‘public utilities’) reside en el hecho de que, en tanto su carácter monopólico es más o menos inevitable, es al mismo tiempo particularmente peligroso, pues estas empresas sirven para satisfacer necesidades públicas urgentes (esto es, poseen demandas inelásticas). Para resolver este problema hay dos posibilidades: o dejamos que las empresas de servicios públicos existan como empresas privadas, aunque siempre requiriendo que se sometan a la regulación estatal o establecemos en su lugar monopolios estatales plenos o de la comunidad. Cuál de ambas soluciones es la mejor puede ser determinado tan sólo con suma dificultad, pues mucho depende de las circunstancias particulares de cada país y del tipo de institución de servicio público de que se trate” (Wilhelm Röpke, Economics of the Free Society, Chicago, Ill.: Henry Regnery Company, 1963, p. 179).
A pesar de lo mencionado, me parece que, aún en esta última circunstancia, siempre debe de estar abierta la posibilidad de que las personas (y sus empresas) puedan entrar a participar en igualdad de condiciones en los mercados de referencia, sin que en principio se les excluya. Mucho del cambio en la estructura actual de la producción de bienes públicos se ha originado en tal apertura, en donde la empresa privada puede ahora producir bienes y servicios que antes sólo podían hacerlo empresas públicas. Y esto ha beneficiado al consumidor, quien es así libre para escoger y, por tanto, de hacer máxima su satisfacción.
PRÓCER
Por: Armando de la Torre
Manuel Ayau ya tiene asegurado un sitial eminente en Iberoamérica, más aún, una mención honorífica en la historia mundial de la Libertad.
Nadie como él ha logrado trascender las fronteras patrias con el mensaje ético sobre la responsabilidad de cada quien de crear riqueza dentro de los cánones de las mejores tradiciones de Occidente, y sobre bases rigurosamente científicas de una férrea lógica interna.
Todo germinó en aquel momento en que como joven ingeniero civil guatemalteco tuvo sus primeras experiencias laborales en la América del Norte y al contrastarlas con las de su natal Guatemala se hizo la pregunta seminal: ¿Por qué somos pobres?
Fue el acertijo que lo ocupó durante los primeros años de intensas reflexiones y para el cual hubo de hallar muy pronto, por sus propias luces, la respuesta apropiada: “La pobreza no tiene causas; es el estado natural del hombre. La riqueza, en cambio, sí las tiene, y merecen ser escudriñadas”.
Por suerte, esa inquietud le llevó a tropezar casi de inmediato con la figura y el pensamiento de Ludwig Erhard, el “padre del milagro económico alemán” (el primero entre otros de la postguerra). Ya de antes había establecido contacto tanto intelectual como personal con expositores más recientes del liberalismo clásico tales como Henry Hazlitt, William Hutt o Leonard Read. Pero sus mentores más concluyentes habrían de serlo aquellos personajes cimeros de esa corriente de análisis económico, para entonces casi del todo apagada, que había iniciado en 1871 Carl Menger y a la que se habían sumado muchos otros que trabajaron sobre las mismas premisas, integrados bajo el nombre genérico de “Escuela Austríaca”. De esta tendencia fueron en especial de resaltar Ludwig von Mises y Friedrich August von Hayek, de quienes fue anfitrión en Guatemala al igual que de grandes luminarias de la Universidad de Chicago como Milton Friedman, por ejemplo.
Manuel Ayau ha sido más que un genial y valeroso autodidacta, al estilo de Adam Smith o de David Hume. Su acendrada pasión por la verdad le ha llevado a erguirse sobre los hombros de tamaños gigantes en los más variados campos del derecho, la política, la filosofía y hasta del arte musical clásico. Más aún, a economistas y juristas ha enriquecido con matices de su propia inventiva.
De ello dan testimonio su prolífica actividad de escritor, sus innumerables conferencias y debates entre lo más selecto del mundo internacional pensante, y de las numerosas distinciones que le han llovido, en particular la Presidencia de la muy prestigiosa Sociedad Mont Pélerin.
En Guatemala nos deja dos instituciones imperecederas: el Centro de Estudios Económicos y Sociales, popularizador de los valores y métodos del pensamiento liberal ilustrado desde 1958, y la Universidad Francisco Marroquín, fundada por él y un puñado de empresarios que le eran afines en 1971, a la cabeza su gran amigo Ulysses Dent.
Esa Universidad en pocos años se ha convertido en un magneto y catalizador cosmopolita de los talentos más diversos y casi punto de peregrinaje internacional para los hombres y mujeres cultos que cuidan de su autonomía personal, como nos lo recomendara en su día Immanuel Kant y lo implementara Guillermo von Humboldt al fundar la célebre Universidad de Berlín en 1808.
Para una juventud actual, estudiosa y de ilusiones cívicas pero sin héroes que emular, el derrotero a seguir se los marca hoy Manuel Ayau -para sus amigos “el Muso”-. Para muchos de ellos es la intrepidez personificada y el símbolo vivo de los valores vividos de su familia en compañía de su bella Olga y de sus hijos, todos hombres y mujeres de bien.
Añádase también de empuje empresarial, de disciplina en el trabajo y hasta de capacidad para quedarse solo antes que sumarse a cualquier corriente superficial de moda. Todo ello, además, sazonado con su exquisito sentido del humor que a ratos me recuerda el de Oscar Wilde. En otras palabras, nadie como el “Muso” más emblemático de lo que a mis ojos entendió la cultura de los griegos clásicos como los “mejores”.
Ni jamás se ha recluído en una torre de marfil. Aparte de sus éxitos comerciales, se ha fogueado no menos en la competencia del mercado cívico y político. Electo diputado al Congreso de la República y habiendo aceptado la candidatura para la Presidencia o la Vicepresidencia de la misma, nunca ha traicionado sus principios. Quizás su aporte más ejemplar y revolucionario será visto el que le ha ocupado sus últimos años en colaboración con el constitucionalista José Luis González Dubón y otros estudiosos: las reformas a la Constitución vigente de Guatemala, mayormente entresacadas del vasto corpus hayekiano.
Trayectoria inmensamente rica, de productividad incesante. A mi juicio, muy probablemente junto a la figura del Obispo Francisco Marroquín, el contribuyente más egregio a la moderna identidad nacional guatemalteca en las tierras donde floreció al máximo la cultura precolombina de los mayas.
Para estas fechas Manuel Ayau apunta a convertirse en uno de esos escasos prohombres que figurarán entre el patrimonio de la humanidad del futuro.
“Nadie es profeta en su tierra”, nos lo advierte el Evangelio, y de ahí que haya carecido en Guatemala del apoyo y del aplauso que ha recibido, empero, de hombres y mujeres de entre los más aguzados de los cinco continentes.
Por eso ahora, que libra su batalla más encarnizada contra el cáncer, quiero dejar constancia de mi agradecida admiración por este hombre de modales sencillos, de humor ocurrente, de creatividad brillante, aunque algo escéptico de su propia infalibilidad, me permito añadir, como todos los sabios que en el mundo han sido.
Ausencia de competencia en México
Ausencia de competencia en México
por Isaac Leobardo Sánchez Juárez
Isaac Leobardo Sánchez Juárez es Doctorando en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte en México y fue el ganador del concurso “Caminos de la Libertad” 2009 organizado por TV Azteca.
La corriente principal de la ciencia económica ha demostrado desde hace muchos años que lo mejor que le puede suceder a una economía es que exista competencia, que se tengan muchas empresas vendedoras y compradoras de bienes y servicios. La competencia conlleva menores precios, mayor calidad y variedad. Todos salimos ganando cuando existe competencia.
Desafortunadamente, la característica principal de la economía mexicana (y de muchos países de América Latina) es la concentración de la actividad económica en unas cuantas empresas o peor aún la presencia monopólica del Estado en áreas consideradas estratégicas. La ausencia de competencia es uno de los factores que evita el incremento de la libertad económica, requisito estructural del crecimiento sostenido.
La combinación entre ausencia de competencia en el sector privado e intervención estatal en sectores clave evita la creación de oportunidades y pone obstáculos para los más de 50 millones de mexicanos que en el 2008, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, no tenían el ingreso suficiente como para adquirir su canasta alimentaria básica, cubrir su gasto en salud, vivienda, transporte y educación, aún y cuando todo el ingreso del hogar fuera utilizado para la adquisición de tales servicios.
El investigador Carlos Urzúa, en el documento “Evaluación de los efectos distributivos y espaciales de las empresas con poder de mercado en México”, encontró que en el sector urbano la pérdida en el bienestar social, como resultado de la concentración económica, representa más de un tercio del gasto promedio total. Más aún, la incidencia negativa de la ausencia de competencia crece a medida que los hogares son más pobres. Como resultado de la concentración los consumidores gastan 40 por ciento más que si existiera competencia.
Por donde se busque se encuentra que México es un país carente de competencia, capturado por unas cuantas empresas. Con información de la organización sin fines de lucro “El poder del consumidor”, se sabe que en la economía mexicana: tres bancos dominan los servicios financieros; dos empresas controlan los canales de televisión abierta; una empresa controla la red de conexión telefónica; dos grupos controlan la distribución de gas LP; dos empresas controlan el mercado de cemento; una empresa controla dos tercios de la producción de harina de maíz; tres empresas controlan la producción de pollo y huevo; dos empresas controlan el 80 por ciento del mercado de leche; tres empresas dominan el mercado de carnes procesadas; dos empresas controlan el mercado de refrescos, jugos y aguas envasadas; una empresa controla la producción de pan industrializado y dos empresas controlan la distribución de medicamentos.
Adicional a la ausencia de competencia en el sector privado, en México existen dos casos de concentración promovida por el Estado que no pueden ser omitidos, su existencia impide que éste país pueda crecer y aprovechar todas sus potencialidades: el monopolio del petróleo y el de la energía eléctrica.
Particularmente en el ramo petrolero, durante muchos años el gobierno ha evitado que empresas privadas ingresen directamente en las tareas de explotación y producción, con argumentos nacionalistas y de supuesta defensa de la soberanía. La realidad es que desde la nacionalización en 1938, el monopolio petrolero estatal ha sido fuente inagotable de recursos para políticos, líderes sindicales y burócratas. La riqueza petrolera (que por cierto cada vez es menor) no se ha traducido en una marcada reducción de la pobreza, todo lo contrario.
Los ingresos que proporciona el petróleo se han utilizado para mantener un gigantesco aparato gubernamental, cuya principal función ha consistido en desincentivar la actividad económica al promover políticas contrarias al espíritu de libre empresa.
Sumado a lo anterior, los recursos generados por la paraestatal no se han utilizado como normalmente se hace en una empresa privada. La inversión y mejora del proceso productivo, la investigación y desarrollo, y la innovación en el producto son actividades que se sostienen en el discurso, pero que en la práctica han sido marginadas al no existir incentivos económicos para su ejecución. Extracción y venta son las dos únicas funciones que realiza el actual monopolio estatal, lo que ha conducido a la empresa a su virtual ruina ante el inminente agotamiento del recurso.
Los monopolios estatales se han constituido en un freno. Por sí misma la ausencia de competencia en el sector petrolero y de energía eléctrica es un factor negativo para el crecimiento, pero como resultado de ésta se suman la corrupción rampante, el gigantismo burocrático, el fortalecimiento de las mafias corporativas y el suministro inadecuado de energéticos para la iniciativa privada y los consumidores, por mencionar sólo algunos.
Resulta urgente el establecer medidas para revertir la ausencia de competencia en la economía. En el caso de los monopolios energéticos, por su naturaleza y condiciones, lo que se requiere en primera instancia es una reforma constitucional que de pie a la inversión privada total en el sector y el retiro definitivo del Estado. El problema es que esto ya se intentó y no se logró, la razón es que ningún político está dispuesto a entregar a la “gallina de los huevos de oro”.
En el caso de la concentración por parte de actores privados se requiere analizar cada uno de los sectores para verificar el tipo de medidas que deben llevarse a cabo. La apertura de la economía desde mediados de los ochenta y su culminación con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte fue en su momento en buen mecanismo para alentar la competencia; sin embargo, sus efectos ya se han agotado y es preciso buscar nuevos senderos para alentar la competencia.
Aunque la tarea de fomentar la competencia económica no es sencilla, un primer paso es que el Estado mexicano reconozca el problema, como ya lo ha hecho durante la actual administración, y en segundo lugar que tenga la voluntad política para implementar sin distinción la ley de competencia vigente. Adicional a esto se deben de seguir promoviendo reformas en otras áreas, tales como transparencia, rendición de cuentas, fomento al estado de derecho, protección a los derechos de propiedad y promoción de la iniciativa privada, las cuales crean el caldo de cultivo para la prosperidad.
España: El riesgo de una crisis
España: El riesgo de una crisis de deuda no ha pasado
por Lorenzo Bernaldo de Quirós
Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket International Consulting en Madrid, España y académico asociado del Cato Institute.
La decisión del Ecofin de crear un Mecanismo Europeo de Estabilización para calmar a los mercados financieros y evitar que el contagio de la crisis griega se extienda a otras economías y termine por desestabilizar la zona euro fue recibido con un entusiasmo que se ha ido enfriando a velocidad de vértigo. La razón es evidente: los 750.000 millones de euros que dotarían ese instrumento no están disponibles ni se espera que lo estén. Desde esta óptica, los mercados comenzarán a poner en cuestión la sostenibilidad de las finanzas públicas de otros países de la Eurozona, en concreto de Portugal y de España. Esta hipótesis se ha visto contrastada por el aumento de la prima de riesgo de la deuda española. El diferencial con el bono alemán se ha vuelto a ampliar a pesar del plan de ajuste presupuestario presentado por el gobierno al parlamento la semana pasada. En otras palabras, la amenaza de una crisis de deuda no ha desaparecido y puede intensificarse en el horizonte del corto plazo.
Aunque la UE y el FMI han acudido en socorro de Grecia, es improbable que quisieran o pudieran hacerlo en el hipotético caso de que, por ejemplo, España estuviese en una situación similar. Esta afirmación se ve respaldada por un hecho: el mandato otorgado al Banco Central Europeo para que compre deuda de los países con dificultades. Esta acción refleja la negativa tácita de los estados europeos a comprometer recursos cuantiosos para socorrer a los países que puedan enfrentarse a una crisis fiscal. Por eso se ha optado por monetizar la deuda, esto es, por utilizar la máquina de imprimir billetes del BCE para evitar el coste político y económico que tendría forzar a los contribuyentes de los estados “sanos” a salvar de la bancarrota a los enfermos. El precio a pagar por esta medida es la quiebra de uno de los principios básicos de la Unión Económico y Monetaria: la idea de que la política monetaria no debía ni podía convalidar la indisciplina fiscal. Desde esta perspectiva, la credibilidad del BCE y, por tanto, la confianza en el euro han sufrido y sufrirán un duro quebranto.
¿Por qué no desaparecerá el espectro de una crisis de deuda? El juego entre los estados soberanos y los inversores se puede definir como un “equilibrio múltiple”. Aunque el endeudamiento de un gobierno no sea demasiado alto en términos comparados, los inversores pueden cuestionar la capacidad de pago del país deudor si no se producen dos condiciones básicas e interrelacionadas: primera, la generación de ingresos para hacer frente a sus obligaciones, lo que implica crecer; segunda, la aplicación de un recorte sustancial y creíble del binomio gasto/déficit público. Si no se combinan esas dos acciones, la reducción del endeudamiento del sector público no sólo no se materializará sino, por el contrario, puede seguir incrementándose. Esta aparente paradoja no lo es y las razones son claras.
Si uno es keynesiano, un recorte de los desembolsos del sector público reduce el crecimiento de la economía y por tanto los ingresos tributarios lo que aumenta el déficit y la deuda. Si uno no lo es y cree en el impacto expansivo de las contracciones fiscales porque la disminución de las necesidades de financiación del Estado libera recursos para el consumo y la inversión privada y porque las familias y las empresas descuentan una menor carga tributaria futura y en consecuencia gastan e invierten, esos efectos no se producen si el sistema bancario no funciona con normalidad y si no se aplican reformas estructurales capaces de estimular la economía. En este caso, el recorte del trinomio gasto/déficit/deuda se vuelve una tarea imposible.
La economía española está en esa situación. Por un lado, el mercado crediticio está severamente dañado y no existen expectativas de que mejore; es más puede deteriorarse de manera adicional en los próximos meses cuando algunas cajas de ahorro tengan severos problemas de solvencia. Por otro, el gobierno no ha introducido reforma estructural alguna capaz de impulsar la recuperación y generar empleo. En este contexto, el plan de ajuste presupuestario tiene consecuencias depresivas adicionales sobre la actividad económica y, en consecuencia, no logrará el objetivo de reconducir las finanzas públicas a un escenario de sostenibilidad. Con una economía en recesión o estancada y con unos tipos de interés nominales que crecen por encima de lo que lo hará el PIB, la deuda pública mantendrá su carrera alcista. Antes o después, los inversores incorporarán este planteamiento a sus decisiones y arreciarán los problemas para cubrir las emisiones de bonos del Reino de España.
En este contexto, el gabinete socialista se ha introducido en una espiral diabólica. Si no pone en marcha un proceso de consolidación fiscal y presupuestaria, la crisis de deuda es inevitable. Si aplica una restricción del gasto público sin reformas estructurales y sin sanear el sistema financiero, sucederá lo mismo. Los mercados descuentan esta posibilidad y, por eso, la prima riesgo de España presentará una trayectoria creciente en los próximos meses. El resultado es una enorme vulnerabilidad de la economía nacional ante cualquier acontecimiento interno o externo. La solvencia del país está en entredicho y será muy complicado que esa situación se revierta sin un plan global y coherente que incluya junto a una política fiscal restrictiva, una reestructuración y saneamiento rápidos del sistema banca-cajas, una reforma laboral profunda y una agresiva terapia liberalizadora.
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