Criminales mexicanos, ¿armas estadounidenses?

Costa Rica: ¿Nos conformaremos con ser campeones de segunda?

por Juan Carlos Hidalgo

Juan Carlos Hidalgo es Coordinador de Proyectos para América Latina del Cato Institute.

El pasado diciembre, durante una visita de trabajo a Chile, tuve la oportunidad de recorrer Santiago y sus alrededores y maravillarme por el alto nivel de desarrollo que ha alcanzado esa nación andina. Chile es por mucho el país más moderno y próspero de América Latina.

Sin embargo, lo que encontré más sorprendente fue la actitud de los chilenos hacia su nivel de desarrollo: no se dan por satisfechos, quieren más. Prueba de ello es que la principal meta del gobierno de Sebastián Piñera es la de enrumbar a Chile en un ritmo de crecimiento económico anual del 6% en la próxima década, de tal forma que en el 2020 se convierta en el primer país desarrollado latinoamericano, con un nivel de ingreso per cápita similar al que tienen actualmente Portugal y Grecia. Ya los chilenos se dejaron de comparar con América Latina, y ahora se tratan de dar de tú a tú con los países mayormente desarrollados de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

Conformismo

Me resulta imposible no comparar este talante de los chilenos con el que predomina en amplios sectores de la clase política e intelectual de Costa Rica, donde el conformismo por ser los primeros en Centroamérica parece muchas veces ser la norma. Es como si estuviéramos satisfechos con ser los campeones de segunda división. La mediocridad a la que hemos llegado es tal que, en el último año, los políticos criollos nos han dicho que tenemos que contentarnos con escoger entre “el menos malo” o “peor es nada”.

Al tiempo que Costa Rica duerme en sus laureles, se está quedando rezagada en muchas áreas críticas para el desarrollo nacional. Veamos tan solo algunos ejemplos: en facilidad de hacer negocios, Costa Rica se ubica en la posición 125 de 183 países de acuerdo con el Banco Mundial. En materia de competitividad, nuestro país está de 56 entre 136 países según el último Reporte de Competitividad Global; sin embargo, cuando se analiza únicamente el ambiente macroeconómico, este reporte nos delega a la posición 108.

En infraestructura portuaria, el informe del World Economic Forum nos coloca en la posición 132 de 136 países estudiados. Es decir, solo hay cuatro naciones en dicho ranking con peores puertos que los costarricenses. En tecnología y telecomunicaciones, Costa Rica se encuentra de decimoprimero entre 20 países de América Latina según el más reciente Índice Tecnológico Latinoamericano publicado por el Latin Business Chronicle.

El porcentaje de familias bajo la línea de pobreza, que permaneció relativamente estable en las últimas dos décadas, ha experimentado un marcado retroceso en los últimos años. En el 2007 la pobreza afectaba al 16,7% de las familias costarricenses, pero el año pasado aumentó a un 21,3%. Un informe reciente de la Cepal señala que “Costa Rica se destaca como el único país [latinoamericano], entre aquellos para los que se cuenta con información, en que los indicadores de pobreza y de indigencia tuvieron un deterioro visible en 2009”.

Las perspectivas nacionales se ensombrecen aún más si tomamos en cuenta que ya ni siquiera podemos presumir de ser el país más desarrollado de Centroamérica. Desde el 2004 Panamá supera en ingreso per cápita a Costa Rica y la brecha entre ambos países se ha venido ensanchando desde entonces.

Conforme pasa el tiempo y continuamos este letargo, se aleja cada vez más la meta de llegar a ser una nación desarrollada. Por ejemplo, si el PIB per cápita costarricense creciera a un ritmo del 6% anual, nos tomaría 13 años alcanzar el nivel de desarrollo actual de Portugal, el país menos rico de Europa Occidental. Sin embargo, el crecimiento del ingreso nacional per cápita ha promediado únicamente un 2% en la última década. A este ritmo nos tomará 38 años igualar la prosperidad que actualmente tiene Portugal, y ni qué decir de otras naciones más ricas.

Aumento de inequidad

El secreto para hacer de Costa Rica un país desarrollado es tener un alto crecimiento económico y que este beneficie a todos los estratos sociales. Pero nuestra clase gobernante ha optado por un modelo que pretende redistribuir la riqueza a través de políticas asistencialistas. El país cuenta con uno de los gastos sociales más altos de América Latina —tenemos 34 programas diferentes para el combate a la pobreza y la desigualdad—, pero, aun así, no solo la pobreza no disminuye, sino que hasta la desigualdad va en aumento. Según The Economist (09/09/10), Costa Rica es el tercer país latinoamericano donde más aumentó la inequidad en el período 2000-2006.

Si algo se puede concluir del primer año de la administración Chinchilla, es que continuaremos por la misma senda los próximos 3 años: más asistencialismo, más gasto público y, como consecuencia, más impuestos. Chile, en cambio, apostó al crecimiento económico y ha visto su nivel de pobreza caer del 40% en 1990 al 15% actual. Incluso la alta desigualdad de ese país —un fenómeno histórico que no es producto del actual modelo económico— ha venido disminuyendo de manera sostenida en la última década.

Mientras Costa Rica decide redistribuir la riqueza (y lo hace mal), Chile la genera. La interrogante es si estamos contentos con nuestra realidad.

¿Queremos ser un país desarrollado en una generación o seguiremos conformándonos con ser los campeones de segunda división (y ya ni eso)?

Solamente nosotros tenemos la respuesta.

Criminales mexicanos, ¿armas estadounidenses?

Criminales mexicanos, ¿armas estadounidenses?

por David Rittgers

David Rittgers es analista de políticas legales del Cato Institute.

¿Ayudó la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) a crear su propia crisis?

Las próxima vez que los defensores del control de armas destaquen la violencia en México y pidan más restricciones a la venta de armas o revivir la prohibición de las armas de asalto, deberían considerar que el problema puede no estar en las leyes vigentes, sino en aquellos que las hacen cumplir.

Varios medios de comunicación —entre ellos CBS News, Los Angeles Times, y el Center for Public Integrity— han denunciado el comportamiento escandaloso de algunos en la ATF. El senador Chuck Grassley (Republicano por Iowa) está investigando las acusaciones de que supervisores de la ATF le ordenaron a agentes que permitieran a los traficantes de armas pasar cargamentos por la frontera. Dos de esas armas aparecieron en un tiroteo en el que murió un agente de la Patrulla Fronteriza.

El agente especial de la ATF John Dodson dice que los agentes de la oficina de Phoenix recibieron la orden de dejar que traficantes de armas conocidos compraran armas. El plan, Operación Rápido y Furioso, estaba destinado a ayudar a los investigadores a seguirle la pista a traficantes de armas de poca monta para llegar al liderazgo de los carteles. Eso podría justificar el permitir que algunas compras ilícitas pasen por debajo de la mesa, pero los agentes dicen que el número de pronto escaló a cientos y miles.

Lo agentes advirtieron a sus superiores sobre la cantidad de ventas y el aumento de la violencia en la frontera, pero se les dijo que la operación había sido aprobada por la sede de la AFT. También se les dijo que si no les agradaba la idea, podían buscar empleo en el Condado de Maricopa como oficiales de detención, con un salario anual de $30.000.

Dodson dio a conocer esta información luego de enterarse que dos de las armas de fuego aparecieron en la escena del crimen, un remoto valle donde el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry fue asesinado en un intercambio de disparos. Dodson dio una emotiva entrevista a la reportera Sharyl Attkisson, para las cámaras de CBS, claramente perturbado por el asesinato de Terry.

La presunta mala conducta de la ATF es aun más preocupante cuando se considera en el contexto de la guerra contra las drogas en México. El problema, sin embargo, no son los comerciantes legales de armas en EE.UU.

Los medios de comunicación —por ejemplo, Reuters— han informado ampliamente que “nueve de cada diez armas” encontradas en las escenas de crimen en México provenían de comerciantes de armas estadounidenses, pero esta afirmación ha sido refutada: la estadística toma en cuenta sólo las armas rastreadas por el FBI. Tal seguimiento es posible sólo si las autoridades mexicanas le entregan un arma al FBI y solamente entregan armas que fueron diseñadas para el mercado civil estadounidense (el único tipo de arma que el FBI está equipado para localizar). Una vez que todas las armas recuperadas en México se incluyen, sólo el 17 por ciento procede de comerciantes estadounidenses.

Hay un montón de lugares donde los carteles pueden comprar armas además del mercado al por menor de EE.UU. Una buena porción de las armas mostradas a la prensa no pueden ser compradas legalmente en EE.UU. sin la aprobación de la ATF y el principal oficial de la policía en la localidad (como sucede con los rifles de cañón corto, por ejemplo). Las granadas propulsadas por cohetes y las nuevas ametralladoras no están disponibles en las ferias de armas. Más controles de armas impuestos a los usuales compradores estadounidenses no tendrían ningún efecto sobre la capacidad de los carteles de comprar estas armas de calibre militar.

Para adquirir tales armas, los carteles colocan anuncios de reclutación para convencer a los militares y a los policías mexicanos de que abandonen sus puestos de trabajo y miles lo han hecho con armas en las manos. Las guerras pasadas en Latinoamérica también han creado un mercado negro saludable, del cual los carteles pueden aprovecharse. Todavía queda la cuestión de las exportaciones estadounidenses de armas, pero estas, cuando son legales, son supervisadas por el Departamento de Estado.

El Congreso debería poder asumir que las leyes de control de armas vigentes ya están siendo aplicadas. Ese no parece ser el caso. El Congreso debería averiguar por qué y el público debería considerarlo la próxima vez que el Procurador General Holder o el presidente mexicano Felipe Calderón digan que una nueva prohibición de armas de asalto es necesaria.