La SCT responsabiliza a Narciso Agúndez del narcoaeropuerto en Baja California Sur

La dependencia federal aseguró que la concesión para operar la terminal fue otorgada al gobierno de la entidad; el sitio es administrado por un estadunidense que estuvo en prisión por narcotráfico

José de J. Guadarrama/ Paul J. Ulloa

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CIUDAD DE MÉXICO, 10 de marzo.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se deslindó de la operación del aeródromo Las Arenas, ubicado en La Paz, en Baja California Sur, y el cual es administrado por un ciudadano de Estados Unidos que en su país fue condenado por el delito de narcotráfico.

La dependencia aseguró que “la concesión para la operación del aeropuerto Las Arenas fue otorgada al gobierno de Baja California Sur”, encabezado por Narciso Agúndez Montaño, por lo que la ubicación, los terrenos, las inversiones, la construcción y operación de la terminal corresponden al estado.

Dicha versión fue refutada por el secretario general de Gobierno de la entidad, Alfredo Porras Domínguez, quien afirmó que la administración del aeródromo la tienen el Ejército mexicano y la SCT, a través del Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León, de La Paz.

SCT se deslinda de aeródromo

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se deslindó ayer de “la pista aérea” Las Arenas, ubicada en el municipio de La Paz, Baja California Sur, y que es operada por el estadunidense Joseph Angelo Bravo, quien estuvo preso en su país por narcotráfico.

Esa dependencia se limitó a informar que “la concesión para la operación del aeropuerto de Las Arenas fue otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al gobierno de Baja California Sur”.

Información publicada ayer por este diario indica que el pasado 26 de febrero el gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, participó en la reinauguración de ese aeródromo.

La concesión para operarlo y administrarlo fue otorgada a empresas del estadunidense Joseph Angelo Bravo, quien a mediados de los 90 fue condenado por conspirar para traficar cocaína en Nevada.

Según el artículo 22 de la Ley de Aeropuertos, está prohibido otorgar la operación de ese tipo de instalaciones a una persona con antecedentes penales:

“No podrán ser titulares de permisos las personas físicas que estén inhabilitadas para ejercer el comercio, hayan sido condenados por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de un año de prisión o por delitos patrimoniales, contra la propiedad o la salud cualquiera que haya sido la pena.

“La misma restricción se aplicará a los directores generales o sus equivalentes, o a los socios, o miembros del órgano de administración de las personas morales concesionarias o permisionarias”, señala ese artículo.

También se informó que el representante legal de Bravo en Punta Arena es el abogado David Z. Chesnoff, defensor de Zhenli Ye Gon, a quien se le decomisaron más de 205 millones de dólares en México que habrían tenido su origen en el tráfico de drogas.

Sin datos de los vuelos

A pesar de deslindarse de este asunto, la SCT no dio respuesta a Excélsior acerca de la actividad que se lleva a cabo en esa pequeña terminal aérea de Punta Arena de la Ventana, donde se prevén millonarias inversiones para convertirlo en un importante desarrollo turístico.

En relación a la participación de las autoridades aeroportuarias, es decir, a la Dirección General de Aeronáutica Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y demás organismos involucrados en la presencia de aeronaves en el espacio aéreo del país con dirección y desde ese aeródromo, Comunicaciones y Transportes no ofreció detalles.

El artículo 23 de la referida ley precisa: “Cuando cualquier persona o grupo de personas adquiera, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de una sociedad concesionaria o permisionaria de un aeródromo civil, se requerirá notificar a la Secretaría (SCT).

“En caso de que la Secretaría, dentro de los 30 días naturales siguientes a la notificación respectiva, no objete dicha adquisición, se entenderá como aprobada.”

Empresas arrojan la bolita al estado

Las empresas Punta Arena de La Ventana S.A. de C.V. y Boca de Salinas S.A. de C.V., de Joseph Angelo Bravo, negaron a su vez tener la operación del aeródromo Las Arenas.

“Lo cierto es que el aeródromo es operado por el gobierno del estado de Baja California Sur, al amparo de la autorización que le otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante oficio 4.1.202.107, de fecha 26 de enero de 2011”, señalan esas empresas en un comunicado que será reproducido hoy por la prensa estatal.

“Punta Arena de la Ventana, S.A. de C.V., y Boca de la Salina, S.A. de C.V., son empresas mexicanas, que operan con absoluta legalidad y generando empleos en el municipio de La Paz”, se añade.

Si Bravo aparece en las fotos de la reinauguración de esa pista es porque es uno de los desarrolladores turísticos de la zona, se precisa.

El gobierno de Agúndez también se lava las manos

El gobierno de Baja California Sur rechazó que sea su responsabilidad operar y administrar el aeródromo Las Arenas, como afirma la SCT.

El secretario general de Gobierno de este estado, Alfredo Porras Domínguez, afirmó incluso que la operación de ese aeródromo la tienen el Ejército y la SCT a través del Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León, de La Paz.

“La llegada y el arribo de las avionetas la checa el Ejército y la SCT”, afirmó.

“El gobierno del estado recibió la solicitud de la construcción de la pista y la pusimos en la mesa del diálogo con la Secretaría de Gobernación.

“Entonces Gobernación giró instrucciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que diera el permiso, pero es falso que sea el gobierno del estado el que opere y administre el aeródromo”, expresó Porras Domínguez.

Asimismo, negó cualquier relación del gobierno de Baja California Sur con gente ligada al narcotráfico.

“El gobierno del estado jamás se ha visto involucrado en asuntos de cárteles, el gobernador Narciso Agúndez está ajeno a la administración de la aeropista.

“Estamos entregando uno de los estados más seguros del país, y prueba de ello es que Baja California Sur no está consignado por el gobierno estadunidense, como una entidad insegura”, asentó el funcionario estatal.

“Qué bueno que no fui”

La alcaldesa de La Paz, Rosa Delia Cota, reconoció que sí fue invitada a la inauguración de esa aeropista, pero no pudo asistir por tener otros compromisos.

“Qué bueno que no fui, porque también iba a salir en la foto y no dudo que también iban a decir que tenemos algo que ver en este penoso caso.

“Además, no sé quién es el administrador de esa aeropista. Lo único que sé, es que en la zona existe un conflicto jurídico por tierras que se dirime en los juzgados”, indicó.

En su edición de ayer, este diario publicó una fotografía del día en que fue inaugurado ese aeródromo a 50 kilómetros de La Paz.

En ella aparecen el gobernador Narciso Agúndez y Joseph Angelo Bravo, quien estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico.