Exhortos, narcomensajes y Hank
Jorge Fernández Menéndez
Mientras el presidente Calderón solicitaba al Congreso de la Unión que convoque a un periodo extraordinario de sesiones para sacar adelante varias reformas pendientes, entre ellas, la política, la laboral y la de seguridad nacional, todas imprescindibles para el futuro del país (y algunas, como la política, con tiempos muy cortos, hasta fin de mes, para que pueda estar vigente en la elección de 2012), en Monterrey aparecían los restos mutilados de dos custodios del gobernador Rodrigo Morales, con mensajes amenazantes para el gobernador y miembros de su equipo.
Lo que ocurra en Nuevo León determinará en muy buena medida la percepción ciudadana de los saldos de la lucha contra el narcotráfico. Todos sabemos que la situación, por ejemplo, en Ciudad Juárez o en varias zonas de Tamaulipas, es muy compleja y llevará tiempo alcanzar soluciones de fondo, pero en Nuevo León en general y en Monterrey en particular, el tiempo se agota. La ciudad industrial por antonomasia, la región que se había acostumbrado durante muchos años a gozar de índices de seguridad que no se tenían en otras, ha sido azotada en forma inaudita por el crimen organizado, con costos muy altos. Es verdad que el gobierno estatal está realizando un enorme esfuerzo por limpiar las policías locales, el espacio por donde se ha colocado hasta el corazón de las instituciones el crimen organizado en la entidad. Pero los resultados determinarán la percepción ciudadana. Monterrey es un espejo.
El gobierno local está pagando un costo político muy alto por la inseguridad. Precisamente el aprovechamiento electoral de ese costo puede ser un elemento que dificulte el proceso de limpia. No es diferente lo que está ocurriendo en Nuevo León en términos de enfrentamiento político en torno a la inseguridad, que lo que se vive entre el gobierno federal y sus opositores. No hay acuerdos de fondo, estratégicos, en ese ámbito, y ello se convierte en un obstáculo para afrontar esa lucha.
Esa confrontación está debilitando todo el andamiaje institucional y se pueden plantear operativos como el de la Conago (¿cuál es el sentido de anunciar operativos que deberían ser parte de la operación ordinaria de las fuerzas de seguridad locales?, ¿qué sentido tiene presentarlos como algo excepcional si no sabemos, siquiera, cuál es el tipo de coordinación entre las 32 fuerzas de seguridad estatales?, ¿cuál es el sentido de no coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública federal?), pero lo cierto es que sigue sin existir una visión común, de Estado, acerca de las exigencias y estrategias de seguridad. Y al utilizar políticamente el tema de cara a las elecciones locales y, por supuesto, las federales del año próximo, nos estamos quedando, como país, sin respuestas.
En los temas que se tendrían que tratar en un extraordinario, los de seguridad deberían ser prioritarios y no existe razón alguna que lo impida.
Puede ser, aunque tampoco hay obstáculos evidentes, que por el tema electoral, reformas como la política o la laboral puedan tener dilaciones, ¿pero qué detiene, por ejemplo, la salida de la Ley de Seguridad Nacional?, ¿no tienen claro los principales actores políticos qué papel deben jugar las Fuerzas Armadas, no solamente ahora, sino también después del primero de diciembre de 2012?, ¿no tienen interés en establecer con claridad, para certidumbre de civiles y militares, la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico?, ¿alguien cree que se fortalecerá, de cara a las próximas elecciones, dañando a las Fuerzas Armadas?
¿Qué detiene la ley del nuevo modelo policial para que existan mandos únicos, por lo menos en cada uno de los estados del país?, ¿alguien cree, observando, por ejemplo, lo que sucede en Nuevo León, que ello no es imprescindible?, ¿no es el operativo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, aun con todas las dudas que suscita, una forma de reconocer que requieren mandos únicos y una coordinación federal?
Debemos insistir en un punto: se habla mucho de la eficiencia o no de la estrategia de seguridad y aquí hemos dicho muchas veces que el tema no es la estrategia, sino la política. Sin una política de Estado en el tema, siempre habrá huecos, insuficiencias, espacios, para que se cuele la delincuencia organizada en las instituciones. Y ese estancamiento quizá termine siendo el que mayores costos genere, al país y a la sociedad, en el futuro. Porque, sencillamente, el sistema de seguridad y justicia, como un todo, no funciona.
Un ejemplo: mientras el presidente Calderón reclamaba un periodo extraordinario, los partidos en el Congreso lo regateaban y el gobernador Medina enterraba a sus muertos, Jorge Hank Rhon veía el juego de la Selección Sub-22 en su estadio de Tijuana, festejaba, y el público le gritaba “gobernador”.
¿Así o más claras deben ser las consecuencias del estancamiento?
Lo que ocurra en Nuevo León determinará en muy buena medida la percepción ciudadana de los saldos de la lucha contra el narcotráfico. Todos sabemos que la situación, por ejemplo, en Ciudad Juárez o en varias zonas de Tamaulipas, es muy compleja y llevará tiempo alcanzar soluciones de fondo, pero en Nuevo León en general y en Monterrey en particular, el tiempo se agota. La ciudad industrial por antonomasia, la región que se había acostumbrado durante muchos años a gozar de índices de seguridad que no se tenían en otras, ha sido azotada en forma inaudita por el crimen organizado, con costos muy altos. Es verdad que el gobierno estatal está realizando un enorme esfuerzo por limpiar las policías locales, el espacio por donde se ha colocado hasta el corazón de las instituciones el crimen organizado en la entidad. Pero los resultados determinarán la percepción ciudadana. Monterrey es un espejo.
El gobierno local está pagando un costo político muy alto por la inseguridad. Precisamente el aprovechamiento electoral de ese costo puede ser un elemento que dificulte el proceso de limpia. No es diferente lo que está ocurriendo en Nuevo León en términos de enfrentamiento político en torno a la inseguridad, que lo que se vive entre el gobierno federal y sus opositores. No hay acuerdos de fondo, estratégicos, en ese ámbito, y ello se convierte en un obstáculo para afrontar esa lucha.
Esa confrontación está debilitando todo el andamiaje institucional y se pueden plantear operativos como el de la Conago (¿cuál es el sentido de anunciar operativos que deberían ser parte de la operación ordinaria de las fuerzas de seguridad locales?, ¿qué sentido tiene presentarlos como algo excepcional si no sabemos, siquiera, cuál es el tipo de coordinación entre las 32 fuerzas de seguridad estatales?, ¿cuál es el sentido de no coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública federal?), pero lo cierto es que sigue sin existir una visión común, de Estado, acerca de las exigencias y estrategias de seguridad. Y al utilizar políticamente el tema de cara a las elecciones locales y, por supuesto, las federales del año próximo, nos estamos quedando, como país, sin respuestas.
En los temas que se tendrían que tratar en un extraordinario, los de seguridad deberían ser prioritarios y no existe razón alguna que lo impida.
Puede ser, aunque tampoco hay obstáculos evidentes, que por el tema electoral, reformas como la política o la laboral puedan tener dilaciones, ¿pero qué detiene, por ejemplo, la salida de la Ley de Seguridad Nacional?, ¿no tienen claro los principales actores políticos qué papel deben jugar las Fuerzas Armadas, no solamente ahora, sino también después del primero de diciembre de 2012?, ¿no tienen interés en establecer con claridad, para certidumbre de civiles y militares, la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico?, ¿alguien cree que se fortalecerá, de cara a las próximas elecciones, dañando a las Fuerzas Armadas?
¿Qué detiene la ley del nuevo modelo policial para que existan mandos únicos, por lo menos en cada uno de los estados del país?, ¿alguien cree, observando, por ejemplo, lo que sucede en Nuevo León, que ello no es imprescindible?, ¿no es el operativo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, aun con todas las dudas que suscita, una forma de reconocer que requieren mandos únicos y una coordinación federal?
Debemos insistir en un punto: se habla mucho de la eficiencia o no de la estrategia de seguridad y aquí hemos dicho muchas veces que el tema no es la estrategia, sino la política. Sin una política de Estado en el tema, siempre habrá huecos, insuficiencias, espacios, para que se cuele la delincuencia organizada en las instituciones. Y ese estancamiento quizá termine siendo el que mayores costos genere, al país y a la sociedad, en el futuro. Porque, sencillamente, el sistema de seguridad y justicia, como un todo, no funciona.
Un ejemplo: mientras el presidente Calderón reclamaba un periodo extraordinario, los partidos en el Congreso lo regateaban y el gobernador Medina enterraba a sus muertos, Jorge Hank Rhon veía el juego de la Selección Sub-22 en su estadio de Tijuana, festejaba, y el público le gritaba “gobernador”.
¿Así o más claras deben ser las consecuencias del estancamiento?
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