02 junio, 2011

Parlamento expresó su solidaridad por el fortalecimiento de la democracia

Parlamento expresó su solidaridad por el fortalecimiento de la democracia en Honduras

HERRAMIENTAS
Foto: El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza (2i) posa junto al nuevo embajador de Honduras ante la OEA, Jorge Ramón Hernández Alcerro (i), quien además ocupa ese mismo cargo en Washington ante los Estados Unidos, junto a la presidenta del Consejo permanente y representante permanente de Grenada ante la OEA, Gillian M.S. Bristol (2d) y el canciller hondureño, Mario Canahuati (d), durante una ceremonia de recepción de credenciales


Tras el anuncio realizado ayer del regreso a la OEA de Honduras, la Asamblea Nacional concretó un acuerdo en Solidaridad por el Fortalecimiento de la Democracia y el Retorno a la institucionalidad Hemisférica de la República de Honduras.

Dicho acuerdo se palpa en la Gaceta Oficial Nº 39.686, de fecha 1 de junio, que circula hoy.


El saqueo” en Venezuela

Rafael Poleo: “El saqueo” en Venezuela “es tan descarado que no tiene comparación”

HERRAMIENTAS
Foto: Noticias24. Archivo

En su columna publicada este jueves en el diario El Nuevo País, Rafael Poleo critica que en Venezuela “el saqueo es tan descarado y cuantioso que no tiene comparación ni siquiera en este país de gobiernos ladrones”.

En ese sentido, el periodista destaca que “resulta útil y necesaria la iniciativa de construir un frente contra la impunidad en materia de corrupción”.

A continuación la columna completa de Rafael Poleo publicada en El Nuevo País

Imagen: El Nuevo País

“¿Será Humala el Chávez peruano o será el Lula andino?”

“¿Será Humala el Chávez peruano o será el Lula andino?”

HERRAMIENTAS
Foto: AFP PHOTO/CRIS BOURONCLE

LIMA, 2 junio 2011 (AFP)Tiene a sus espaldas un levantamiento militar y ha expresado admiración por el presidente venezolano Hugo Chávez, temas que el candidato peruano Ollanta Humala quiere dejar atrás con una nueva imagen de hombre moderado que ha convencido a muchos pero de la que desconfían sus opositores.

Cuando apareció en 2006 por primera vez como candidato -constituyéndose en un gran fenómeno de aceptación popular- Humala se caracterizaba por un estilo autoritario y confrontacional.

De ese perfil ahora queda poco o casi nada: el excomandante del Ejército, de 48 años, se ha desplazado hacia el centro del espectro político, señalando su admiración por el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, tal como hace 5 años lo hizo por Chávez, de quien ha tomado distancia.

‘¿Será Humala el Chávez peruano o será el Lula andino?’, se preguntan sus detractores.

Ese nuevo estilo pragmático le permite llegar a la segunda vuelta de la presidencial, que disputará este domingo frente a la congresista Keiko Fujimori, con una opción que nunca tuvo en 2006, cuando fue derrotado sin atenuantes por el hoy presidente Alan García, considerado entonces “el mal menor”.

Su manejo poco profesional de esa campaña hizo que al último y decisivo debate televisado frente a García llegara 15 minutos tarde por estar comiendo en un restaurante cercano. García habló entonces solo durante un cuarto de hora frente a una audiencia desconcertada y el asiento vacío de su contendor.

Ahora es él quién es visto por muchos sectores como el mal menor. Es el caso de varios intelectuales, en particular el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien lo denostó por años pero ahora quiere sacar del camino a Keiko, hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado por una matanza ocurrida durante su gobierno.

En el país con mayor crecimiento del PIB en América Latina en la última década, los economistas lo ven como un diablo que quiere echar para atrás todos los avances.

Por eso Humala ha tenido que jurar, incluso poniendo la mano sobre una Biblia, que mantendrá el modelo y que un cambio de Constitución que propone -y que pone los pelos de punta a vastos sectores- sólo lo haría si hay consenso.

Foto: AFP PHOTO/CRIS BOURONCLE

“El Perú ha cambiado y yo también”, sostiene. “Estamos dispuestos a hacer muchas concesiones por la unidad del Perú”, dijo al ganar la primera vuelta en abril, con un tercio de los votos.

Con una base electoral concentrada en el sur andino, de mayoría indígena y donde no llega la nueva prosperidad, Humala participó como militar en el combate contra Sendero Luminoso en los 90 y fue acusado de haber violado derechos humanos. La justicia investigó sin encontrar pruebas.

En 2000 se sublevó junto a su hermano Antauro contra el gobierno de Fujimori, ya debilitado por acusaciones de corrupción. Resultaron ambos apresados, pero luego de que Fujimori se fugara del país fueron amnistiados.

“El levantamiento no tenía ningún cálculo político, era simplemente defender el orden constitucional”, afirma.

Más adelante Humala dio un apoyo a la distancia a una asonada que protagonizó su hermano Antauro el 1 de enero de 2005 al tomar por asalto una comisaría en la localidad de Andahuaylas (sudeste), que acabó con la muerte de cuatro policías, para exigir la renuncia del presidente Alejandro Toledo.

Paradojas de la política: Toledo lo apoya ahora en esta segunda vuelta.

Actualmente está distanciado de Antauro, quien cumple 25 años de cárcel por la acción de Andahuaylas. También está alejado de otro hermano, Ulises, quien sostuvo hace poco que Ollanta es “un chavista disfrazado”.

Humala, nacido en Lima el 27 de junio de 1962, pertenece a una familia provinciana que profesa el nacionalismo y rinde culto al imperio inca. Por eso sus padres lo bautizaron Ollanta, nombre de un general inca.

Fiel a la tradición familiar, él y su esposa, Nadine Heredia, pusieron a sus hijas nombres quechuas: Illari (de 8 años) y Naira (6), que en el idioma de los incas significan “dulce amanecer” y “mirada profunda”. Un varón nacido en plena campaña electoral hace tres meses se llama Samin, “el que trae dicha y prosperidad”.

Su padre, Isaac Humala, fundó el ultranacionalista Partido Etnocaceri

Otan sigue atacando Trípoli

Otan sigue atacando Trípoli mientras rebeldes preparan avance

HERRAMIENTAS
Foto: AFP PHOTO/SAEED KHAN

Trípoli, 2 jun (dpa) - La Otan volvió a atacar objetivos en Trípoli durante las primeras horas del jueves, un día después de que la alianza atlántica prolongara su misión contra el régimen de Muamar al Gadafi, mientras los rebeldes se preparan para realizar nuevos avances.

“Numerosas explosiones se escucharon en el espacio de una hora y los aviones sobrevolaron continuamente la capital”, dijo el grupo opositor 17 de Febrero. Los testigos “perdieron la cuenta” de las detonaciones, sin que se conozcan detalles del daño causado.

Mientras, la televisión estatal libia informó de dos grandes explosiones en un edificio judicial en Bengasi, el feudo de los rebeldes, en el este del pais.

El Consejo Nacional de Transición libio, con sede en esa ciudad, dijo esperar que los combates finalicen en cuestión de días, mientras los rebeldes se preparan para avanzar sobre Trípoli, que sigue en manos de Gadafi.

“Los revolucionarios se arman pacientemente y los próximos días traerán nuevos éxitos”, dijo el líder del Consejo, Mustafa Abdul Jalil en una entrevista con Al Arabiya. Además, los rebeldes anunciaron nuevas conquistas en la región de Yabal Nafusa.

Abdul Jalil llamó a los funcionarios de Gadafi a que deserten y se unan a los opositores. Si no, se arriesgan a morir, señaló. “Quien sigue colaborando con Gadafi debe saber que asumiremos las garantías de su seguridad y bienestar si lo abandonan ahora. Quien se quede, se convertirá en un objetivo de ataque legítimo”.

Además, un grupo de seguridad organizado por los rebeldes arrestó en Bengasi a tres personas sospechosas de estar implicadas en un atentado con bomba en la noche del miércoles a las afueras del hotel Tibesti, utilizado por periodistas, diplomáticos extranjeros y funcionarios de la autoridad transitoria, informó la web Brnieq. No hubo heridos en el ataque atribuido a las fuerzas leales a Gadafi.

“Este acto de terrorismo muestra una vez más la naturaleza irresponsable y criminal del régimen de Gadafi”, dijo Abdul Jalil en un comunicado

Vientos de cambio en la educación superior

Vientos de cambio en la educación superior en el mundo: ¿Hacia donde nos llevan?

No muchos países a nivel mundial están llevando a cabo reformas significativas en su sistema de educación superior. Es bien sabido que impulsar cambios radicales en la educación superior es una propuesta riesgosa que no todos los gobiernos están dispuestos a considerar debido a sus altas implicaciones políticas. ¿Hay algunas lecciones que se pueden aprender de aquellos países que han optado por impulsar tales reformas? ¿El tipo de cambios que se están llevando a cabo en algunos países es un indicador de futuras reformas o de nuevas tendencias en la educación superior a nivel global?. Analicemos uno de esos casos relativamente inusuales: Colombia.

Colombia es uno de los países más importantes en el Continente Americano, lamentablemente estereotipado por los medios de comunicación y la cultura popular sólo como un país productor de droga y de buen café. Sin embargo, Colombia es mucho más que eso. Con una vibrante economía en rápido crecimiento, Colombia es un país con vastos recursos naturales, moderna infraestructura urbana e increíbles bellezas naturales, que cuenta con una superficie de casi el doble del tamaño de Texas en la que habitan más de 44 millones de personas, sólo superado en el Continente en términos poblacionales por los Estados Unidos, Brasil y México. En años recientes la economía colombiana ha mejorado significativamente por lo que ahora este país se ubica dentro de las siete más grandes economías del Continente Americano. Su estratégica ubicación geográfica hacen de Colombia un puente natural de enlace y comercio entre América del Norte y Sudamérica. Sin embargo, al igual que otras economías emergentes, Colombia enfrenta importantes retos en sus intentos por modernizar su economía y su sociedad y en su legítimo deseo de convertirse en un país más prominente en la economía global del conocimiento. Esta no es una tarea fácil considerando la inestabilidad política y política imperante en el contexto internacional. Colombia se encuentra en una encrucijada cuesta arriba, si consideramos –por citar ejemplos concretos- que su economía se ubica como la número 29 a nivel mundial pero su Producto Interno Bruto per cápita equivale a solamente el 20 por ciento del existente en los Estados Unidos. Por otra parte, en tanto que la de por sí alta tasa general de desempleo en Colombia es del 12 por ciento, en el caso de los jóvenes de 17 a 27 años de edad ésta se ubica en un preocupante 21.7 por ciento.

Si son serias las aspiraciones de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, Colombia debe impulsar al interior una transformación tal que le convierta en una economía de alto valor agregado, basada en el conocimiento, lo cual requerirá necesariamente contar con más personas que tengan estudios universitarios que, a su vez, sean relevantes para un contexto global competitivo. El factor demográfico se encuentra de su lado si consideramos que cerca del 30 por ciento de los colombianos tienen menos de 15 años de edad. De hecho, el número de egresados de bachillerato o preparatoria aumentó en un 50 por ciento entre el año 2002 y el 2010, esperándose que esta cifra crezca un 28 por ciento adicional para el 2014, fecha en la que se estima que cerca de 800,000 jóvenes colombianos se gradúen del nivel educativo previo a los estudios universitarios. Para responder a una demanda esperada tan grande, Colombia cuenta con una infraestructura universitaria más bien incipiente compuesta por solamente 286 instituciones de educación superior que en la actualidad lograr atienden a solamente 1.6 millones de estudiantes. Aun cuando un 37 por ciento de colombianos en edad de estudiar se encuentran inscritos en alguna institución de educación superior, la deserción es alta y la tasa de egreso es baja. El gobierno colombiano quiere que en solamente 3 años más –para el 2014- se pueda llegar a una tasa de cobertura del 50 por ciento. ¿Es en realidad una meta realista?.

El problema al responder a la demanda creciente de acceso no está solo en lo referente al número y tamaño de las instituciones de educación superior, sino también en la prevalencia de importantes deficiencias en lo referente a calidad y relevancia de la oferta académica de éstas. Por citar algunos indicadores, a 12 años de haberse establecido un sistema nacional de acreditación de instituciones y programas académicos, solamente un 13 por ciento de los programas de licenciatura y sólo 21 instituciones de educación superior han obtenido tal acreditación. Otro indicador preocupante es que a nivel nacional solamente un 13.5 del profesorado equivalente a tiempo completo cuenta con estudios de doctorado.

Por supuesto que todos estos aspectos de la problemática educativa son bien conocidos en Colombia. De hecho, parece haber un amplio consenso en amplios sectores de la sociedad colombiana respecto a la necesidad de reformar el sistema de educación superior. La pregunta clave es ¿cómo lograrlo?.

Uno de los pilares de la estrategia para el desarrollo nacional que ha propuesto el gobierno de Colombia encabezado por Juan Manuel Santos –con apenas 10 meses en el poder y aun gozando altos niveles de popularidad- es precisamente el relacionado con la reforma de la ley de educación superior (conocida como la Ley 30) vigente desde 1992. La reforma propuesta –ciertamente ambiciosa, radical y no exenta de escepticismo y críticos- intenta mejorar la calidad integral del sistema, diversificarlo y hacerlo más flexible. Para lograrlo, el proyecto gubernamental plantea, entre otras medidas, modificar el sistema nacional de acreditación, precisar los alcances y tipos de grados académicos que se pueden ofrecer por las diversas instituciones de educación superior, ampliar el sistema de créditos educativos para los estudiantes e implementar un currículum académico basado en competencias, entre otras medidas.

Sin embargo, el debate en torno a la reforma propuesta se ha centrado en el planteamiento hecho por el gobierno para permitir que el sector privado –tanto nacional como extranjero- pueda invertir en la educación superior. Aunque en el sistema actual solamente pueden operar en Colombia las instituciones de educación superior públicas y las privadas sin fines de lucro, es bien sabido que un buen número de universidades privadas en realidad son instituciones con fines lucrativos. Lo que el gobierno desea es que esta visible realidad se haga más explicitica y que se regule debidamente para que con ello se permita que inversionistas privados se interesen en participar en la provisión de servicios de educación superior, como sucede ya en Brasil y los Estados Unidos y, en cierto sentido, en Chile y México. Como lo explica Javier Botero, Viceministro de Educación Superior, la ley propuesta agregaría a las actuales instituciones de educación superior públicas y privadas no lucrativas, una nueva categoría que agruparía a las denominadas como “instituciones mixtas”. El razonamiento utilizado por el gobierno señala que se necesitan importantes fuentes de recursos financieros para apoyar la esperada expansión y el mejoramiento del sistema de educación superior y que, en ese sentido, la posibilidad de permitir la operación de instituciones de naturaleza corporativa servirá como incentivo para que inversionistas privados ingresen al sector de educación superior.

Un ángulo interesante del debate es que en lugar de efectuar negociaciones a puerta cerrada entre grupos de interés, el gobierno ha estado llevando a cabo una amplia consulta nacional mediante la realización de una serie de foros regionales, seminarios técnicos y discusiones en línea. De hecho, aunque el partido gobernante tiene una amplia mayoría legislativa tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes que le permitiría aprobar las reformas a la ley sin mayor complicación, el gobierno ha optado por inducir una discusión nacional sobre el tema. De hecho, al parecer, como producto de tal consulta, se han reconocido limitantes no previstas originalmente que han llevado a que la propuesta original esté siendo modificada. En el marco de esta consulta, la semana pasada estuve participando en un foro convocado por el gobierno colombiano para discutir desde un punto de vista internacional los puntos a favor y en contra de la reforma propuesta. Ciertamente fue un diálogo muy interesante, animado e informativo.

Como era de esperarse, la propuesta de apertura de la educación superior a la inversión privada no está exenta de controversia. Los que se oponen a la idea de permitir la existencia formal de la educación superior con fines de lucro consideran que ello será en detrimento de la responsabilidad de financiamiento de la educación superior pública por parte del gobierno y que provocará una caída en la calidad general de la educación superior. También señalan que el sector lucrativo solamente estará interesado en la oferta de programas académicos de bajo costo y que, en el largo plazo, el sector privado solamente estará interesado en participar con fines especulativos. En contraste, quienes están a favor de la idea argumentan que la apertura a proveedores privados permitirá que el gobierno pueda dedicar más recursos a la educación pública, que estableciendo adecuadas regulaciones es posible tener un adecuado aseguramiento de la calidad de la oferta académica de las instituciones privadas lucrativas y que, al final de cuentas, su presencia va a provocar que el sistema de educación superior en su conjunto se haga más competitivo.

Otros no están tan preocupados como uno pudiera imaginarse. Como lo expresó Carlos Angulo, Rector de la prestigiosa Universidad de los Andes, más que expresar reservas por la existencia de universidades “con fines de lucro”, debería haber preocupación por la existencia de universidades “con fines de pérdida”. Señala además que las universidades de índole lucrativo pueden coexistir con el resto del sistema de educación superior siempre y cuando haya regulaciones adecuadas y justas. En contraste –advierte el Rector Angulo- el país debe buscar vías para mejorar la tasa de retención y la relevancia de la educación superior.

¿Quién tiene razón y quién está equivocado?. En realidad, nadie lo sabe en este momento. La propuesta para formalizar la reforma de la educación superior del país será discutida este verano por el Congreso de la República de Colombia. Lo que resulte de ello aún está por conocerse, pero indudablemente éste es un interesante proceso que es digno de seguir de cerca. Lo que no cabe duda es que, independientemente de lo que suceda, el sólo hecho de que los colombianos estén inmersos en encauzar una reforma de su sistema de educación superior, ya de suyo es un logro muy importante.

Al final de cuentas las lecciones que se aprendan en Colombia merecerán seguramente el interés de otros países en el mundo.

No hay comentarios.: