Argentina: Derechos Humanos ¿Cuna y sepulcro del kirchnerismo? – por Nicolás Márquez
Tanto Videla, Alfonsín, Menem o Kirchner, cuando fueron Presidentes gozaron de popularidad mientras la economía aparentaba encaminarse. Pero ni bien esta osaba desdibujarse, la sociedad de inmediato alzaba la voz contra dichos mandatarios, no sólo por el deterioro económico sino por temas ajenos a lo estrictamente crematístico.
Respecto a la actual administración, ni los escándalos de corrupción, ni los fondos de Santa Cruz, ni las valijas de Chávez, ni las mentiras del INDEC ni ninguno de los tantos papelones vigentes, lograron quitarle al kirchnernismo el caudal electoral que todavía parece ostentar. Todas estas tropelías han sido sistemáticamente minimizadas por los apologistas del régimen, quienes alegaban que la “recuperación económica” y la “política de derechos humanos” del gobierno era más importante que estas eventuales “desprolijidades”.
En efecto, desde su inicio en el 2003, la columna vertebral del discurso kirchnerista consistió en subrayar los buenos números macroeconómicos (azarosamente favorables para toda Latinoamérica) y el insistente fetiche de los derechos humanos. Sin embargo, en los últimos dos meses quedó en evidencia públicamente la verdadera naturaleza de esto último, de lo cual nadie duda de que se trata de un vil chantaje ideológico que sirvió de excusa para llevar a cabo persecuciones a opositores y negociados inmobiliarios.
¿Podrá desplomarse el consenso kirchnerista ante el escandaloso descrédito que sufre una de las dos banderas centrales del régimen?. O como viene sucediendo en esta triste rutina que padece el país ¿ningún desvergonzado episodio, por bochornoso que fuere, se impone ante una primavera de consumo?.
Numerosos analistas políticos coinciden en que parte de la derrota sufrida por el kirchnerismo en la Capital Federal fue consecuencia de la olla destapada. ¿Podrá extenderse esta ola de indignación hacia el interior del país?.
Si bien es cierto que el votante argentino tiene un prisma economicista para medir su preferencia electoral, también es cierto que el pegajoso uso y abuso que el kirchnerismo hizo de una proclama presuntamente incuestionable, pudo haberse convertido en una bomba de tiempo que al parecer ha decidido explotar ahora, semanas previas de las elecciones presidenciales.
¿Será que los DDHH. pasarán a la historia como la cuna y sepulcro del kirchnerismo?
Colombia: ¿Quién miente? –
Colombia: ¿Quién miente? – por Plinio Apuleyo Mendoza
Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación
¿Se retractó? ¿O realmente nunca estuvo en Bogotá durante los sucesos del Palacio de Justicia, nunca conoció al coronel Plazas Vega ni firmó la declaración que sirvió de base para condenarlo a 30 años de prisión? Me refiero, por supuesto, a Édgar Villamizar Espinel y a estas recientes y explosivas revelaciones suyas que hizo, estas sí, con su real nombre, con su real firma y sus huellas ante el procurador Alejandro Ordóñez.
Alguien miente, titula la revista Semana refiriéndose a dos aseveraciones opuestas: lo que acaba de declarar Villamizar y lo que sostiene la fiscal Ángela María Buitrago. Según ella, Villamizar sí vino a Bogotá, sí la acompañó a la Escuela de Caballería y sí firmó la declaración acusando a Plazas. Ante afirmaciones tan dispares, no hay duda: alguien miente. ¿Quién? Con cierta ligereza, la revista Semana le asigna a Villamizar la mentira desde el momento en que presenta lo dicho por él ante el Procurador como una retractación, lo cual significaría que sí firmó la declaración que sirvió de base para la condena del coronel Plazas. ¿La examinaron?, me pregunto. Yo sí. Es un documento tan frágil como un hojaldre. No lleva el sello de la Fiscalía. Y algo muy extraño: Villamizar -si es cierto lo que dice la Fiscal- habría puesto su firma debajo de otro nombre, el de un inexistente Édgar Villarreal. A menos que se trate de un usurpador de identidad, ¿quién comete semejante error? ¿Quién firma un documento público con un nombre distinto al suyo? Además, la firma tampoco corresponde. Es un garabato redondo, mientras Villamizar -en su cédula y otros documentos- pone su nombre con toda claridad. Se trata, sin duda, de una falsa firma. Así lo confirmó el abogado grafólogo Luis Enrique de la Rosa Morales. Pero, además, el capitán Bernardo David Tobar, encargado de acompañar a la fiscal Buitrago durante su visita a la Escuela de Caballería, declaró que no había visto con ella al supuesto firmante de la declaración.
Ante tales evidencias, es a Villamizar y no a la fiscal Buitrago a quien se le debe creer. A menos que ella y quienes aparecen firmando la falsa declaración -el procurador Henri Bustos, el fiscal auxiliar José Darío Cediel y dos agentes del CTI- se hayan dejado engañar por un suplantador. La Justicia tendrá que investigarlo. Como sea, lo evidente es que lo dicho ahora por Villamizar tiene pruebas que la fiscal Buitrago y la jueza María Stella Jara no tomaron en cuenta. Dos militares, el sargento (r.) Gustavo Alfonso Velásquez y el coronel Ariel Valdés, entonces Comandante del Batallón Vargas, declararon bajo juramento que Villamizar estaba en Granada (Meta) durante los sucesos del Palacio de Justicia. Los seguía con ellos por televisión. Está demostrado también que, si bien hubo una antiorden o llamado de alerta, no se produjo desplazamiento alguno de militares de esa base a Bogotá, ni vuelos de Apiay a la capital los días 5, 6 y 7 de noviembre de 1985. Los helicópteros de entonces, los UH1H, solo tenían cupo para seis personas y no para 13, como decía la falsa declaración. De todo esto hay documentos y testimonios que lo demuestran.
¿Por qué los desdeñó la fiscal Buitrago? La más benévola de las explicaciones que yo me doy es la de que sus desvíos ideológicos la inducían a buscar a toda costa la condena de Plazas y aceptar como válida cualquier prueba contra él. O a fabricarla. De todos modos, como bien lo ha señalado en El Colombiano el abogado Jaime Granados, la justicia tendrá ahora que decidir si la mencionada fiscal fue víctima de un “embuchado” o si tuvo parte activa en esta suplantación. Por ahora, lo cierto es que la única prueba que sustentaba la condena del coronel Plazas se ha derrumbado estrepitosamente.
Venezuela: En secreto entregó Chávez a los cubanos la cedulación de 27 millones de venezolanos
Venezuela: En secreto entregó Chávez a los cubanos la cedulación de 27 millones de venezolanos – por Adriana Rivera
Albet, la empresa del Gobierno cubano que elabora la nueva identificación para Venezuela, tiene acceso libre a la base de datos de los ciudadanos, incluso a la expedición de los documentos. El contrato tiene cláusulas de confidencialidad que impiden a los técnicos nacionales conocer el proceso.
Una empresa cubana está en capacidad de manipular los millones de datos que el Gobierno de Venezuela le entregó para la elaboración de las nuevas cédulas electrónicas gracias a un convenio secreto que excluyó del proceso la participación de técnicos venezolanos, según documentos a los que tuvo acceso El Nacional .
De acuerdo con un ex asesor del MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA, que asegura que se vio forzado a pedir asilo en Estados Unidos por atreverse a criticar al convenio, el Gobierno cubano podrá incluir o borrar información de las bases de datos y hasta expedir documentos de identidad venezolanos a ciudadanos de otros países.
“Eso debía estar manejado en Venezuela, por venezolanos”, dice ANTHONY DAQUIN, ingeniero de computación venezolano, que hasta 2009 fue asesor del ministerio en materia de documentos electrónicos.
“Los cubanos manejan el software y marcan las directrices de seguridad, cómo se abre la caja criptográfica (mecanismo de cifrado de la información en el chip electrónico), cuántas veces, cuándo se destruye el chip”, explica el ex asesor.
Daquin advierte que para CUBA SERÁ AHORA MUY FÁCIL EMITIR CÉDULAS Y PASAPORTES VENEZOLANOS PARA SUS CIUDADANOS Y FUNCIONARIOS O INCLUSO PARA OTROS EXTRANJEROS.
Son pocos los que se atreven a cuestionar el acuerdo, agrega. “A todo el que ha estado cerca del contrato de la cédula electrónica, que lo ha objetado, lo han amenazado”.
La cédula electrónica incluirá en el chip el nombre y apellido, fecha de nacimiento, fecha de expiración, las huellas dactilares, el registro de información fiscal (datos sobre el pago de impuestos al Seniat), firma y foto.
También se ha hablado de incluir el tipo de sangre y la historia médica.
La empresa cubana favorecida con el contrato de más de 170 millones de dólares es ALBET INGENIERÍA Y SISTEMAS.
Ante sus limitaciones operativas y de material, la firma debió subcontratar a la multinacional GEMALTO, con sede en México. Representantes de ambas firmas se negaron a hablar con El Nacional.
Si el proceso de cedulación culmina, los venezolanos acudirán a votar en 2012 con un sistema de identidad que, en la práctica, está manejado y controlado por el Gobierno de Cuba.
“Aunque la contratista sea extranjera porque en el país no hay la tecnología para desarrollar los proyectos, por un tema de seguridad de los datos y hasta de nacionalismo, debe haber un grupo de personas del país que maneje los programas”, analiza Miguel Torrealba, profesor del departamento de Computación de la USB y experto en seguridad de la información.
“Hay que conocer la data y protegerla de los intereses que puedan surgir, aunque se trate de compañías de naciones amigas”, añade.
El servicio de identificación, que ahora está en manos extranjeras , históricamente ha sido vulnerable.
El año pasado, por ejemplo, detuvieron en Caracas a un grupo de colombianos que cobraba entre 5.000 y 10.000 bolívares por cada cédula falsificada.
La policía determinó que 2 funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime, eran cómplices.
En 2007, el narcotraficante Farid Faris denunció que el entonces director de la Onidex (actual Saime), Hugo Cabezas, le facilitó identificaciones venezolanas falsas. El año pasado, el organismo comenzó un plan anticorrupción por el que ya lleva cerca de 300 funcionarios detenidos.
DECISIÓN BINACIONAL
En Cuba se planificó el cambio de la cédula de identificación tradicional a una electrónica, un proyecto cuya ejecución lleva dos años de retraso.
Documentos a los que accedió El Nacional señalan que en la isla se realizó la licitación para determinar qué empresas proveerían las tarjetas de policarbonato para hacer las identificaciones; los cubanos tienen facultades para subcontratar los bienes y servicios a nombre de Venezuela; sus técnicos trabajan en los programas informáticos que regirán el proceso de identificación y tienen garantizado el acceso a la data.
El Ministerio de Interior, uno de los principales clientes de Albet, le encomendó a esta compañía el proceso de modernización del Saime.
La Agencia Bolivariana de Noticias reseñó que el proyecto para cambiar el sistema de identificación a uno electrónico formó parte de la VII Comisión Mixta Cuba-Venezuela, celebrada en 2007, que incluyó más de 350 planes.
Durante la gestión de JESSE CHACÓN como titular del despacho de Interior y Justicia se desarrolló la primera fase del proyecto de transformación y modernización del Saime, con el lanzamiento del pasaporte electrónico, cuya contratación y puesta en marcha se hizo a través de Albet.
La segunda fase, la de la cédula electrónica, también le fue adjudicada a la firma cubana. En marzo de 2008, con PEDRO CARREÑO a la cabeza, Albet y el ministerio suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios Tecnológicos Integrales para la Transformación y Modernización del Sistema de Identificación, Migración y Extranjería (Fase 2), por 172,2 millones de dólares. Se le encomendó a los cubanos desde el suministro de las cédulas hasta el software para manejarlas.
También se le asignó la emisión de documentos en sedes consulares y misiones de Venezuela en el exterior; el manejo de los puntos de control migratorio y la instalación de sistemas de seguridad en la TORRE ACO, la nueva sede del Saime en Las Mercedes, así como de sus otras oficinas en todo el país.
SECRETO
El convenio ha estado rodeado del más absoluto hermetismo. Sobre las 30 páginas de este acuerdo comercial pesan cláusulas de confidencialidad que se advierten desde el encabezado.
“NO MÁS DE 20 VENEZOLANOS tuvieron acceso a este contrato. A las reuniones siempre acudían cubanos y fue en La Habana donde se hizo la licitación para comprar la cédula electrónica”, señala Daquin.
Es la primera vez que conversa ¬desde un lugar en Estados Unidos¬ sobre la información a la que tuvo acceso.
“Sus correos y su teléfono deben estar intervenidos, al igual que los míos”, le dice a su interlocutora. Pide no revelar la ciudad en la que vive desde noviembre de 2009, cuando solicitó asilo político porque ¬asegura¬ fue amenazado debido a la información que manejaba sobre la intervención cubana en asuntos como la cedulación.
El contrato suscrito entre el ministerio y Albet autoriza el acceso a las instalaciones y sistemas del Saime, para los trabajos asociados a la implementación de la cédula electrónica.
► Una de las cláusulas establece: “LOS ORIGINALES DE LOS CÓDIGOS FUENTE (LOS QUE DESCRIBEN EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE Y PERMITEN INTRODUCIRLE CAMBIOS) DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DESARROLLADAS SERÁN CONSERVADAS POR LA PARTE CUBANA MIENTRAS PERMANEZCA VIGENTE EL PERÍODO DE SOPORTE TÉCNICO”.
LA PARTE VENEZOLANA NO PODRÁ ACCEDER A LOS CÓDIGOS FUENTE ” para realizarle modificaciones o ajustes a las aplicaciones informáticas desarrolladas, mientras esté vigente el contrato o el período de soporte técnico, excepto que la parte cubana manifieste de forma expresa su conformidad con esta acción”, aclara otra cláusula.
CARO Y TARDÍO
Además del secreto y las irregularidades en su adjudicación, el convenio ha resultado altamente costoso y ha estado plagado de demoras.
La transferencia tecnológica que Albet prevé tardará 10 años en completarse. “Otras empresas, como una china, la ofrecían en 3 años”, añade Daquin.
La cédula electrónica venezolana, además, es una de las más caras entre los países del continente que han adquirido la tecnología de identificación biométrica.
Ecuador decidió en 2010 emplear 93,5 millones de dólares para la modernización de su sistema de registro civil, identificación y cedulación.
En 2009, después de una licitación pública en la que fue favorecido un consorcio con participación nacional,
México otorgó el contrato para cedular a los casi 107 millones de mexicanos por 51 millones de dólares, menos de un tercio de lo que le costó a Venezuela, que tiene 28 millones de habitantes.
El acuerdo comercial entre el Gobierno y Albet, que tenía originalmente vigencia de un año, ha sido prorrogado consecutivamente.
A finales de 2009, el proyecto debía estar en marcha, pero las autoridades venezolanas han aplazado la fecha.
Dante Rivas, director general del Saime, la prometió para el primer trimestre de 2011, pero todavía no está en ejecución.
Empleados públicos advierten que dentro de las instituciones es difícil cuestionar el papel de los antillanos.
“CREEN QUE ESTÁS CONTRA ELLOS Y NO COMPRENDEN QUE EL HECHO DE QUE LOS CUBANOS SUBCONTRATEN LOS DESARROLLOS DE SOFTWARE HACE QUE AL FINAL VENEZUELA PAGUE MÁS POR LOS PROYECTOS”, dice un programador de Cantv que solicita no ser identificado.
“Estamos pagando doble por esos proyectos, para eso el Estado le paga directamente a Microsoft. Siempre tenemos al intermediario cubano.
Terminamos peor que antes, tenemos doble dependencia tecnológica”, señalan desde las oficinas públicas.
LICITACIÓN ANTILLANA
Albet no produce las láminas de policarbonato para hacer las cédulas ni el software para introducir la información en los chips y manejar el sistema, por lo que tuvo que subcontratar estos bienes y servicios.
Daquin muestra una comunicación que la empresa cubana envió, en 2008, a compañías transnacionales dedicadas a producir sistemas de identificación.
La firma las invitaba a participar en “la licitación para el suministro de 6 millones de cédulas electrónicas” del proyecto que el ministerio venezolano le asignó.
De acuerdo con el cronograma, el contrato debía firmarse en junio de ese año y el lote completo de cédulas debía ser entregado en marzo de 2009, en el puerto de La Guaira o en el aeropuerto de Maiquetía.
Los representantes de las empresas debían ir a Cuba para la revisión de la propuesta técnica y económica.
Al final de la misiva, Albet adjuntó un mapa del sector del municipio Playa, en Ciudad de La Habana, donde se encontraba la casa en la que se haría la reunión.
Clasificaron las empresas Iris Corporation Berhad, de Malasia; Hightech, de Venezuela, con representación de una firma china; Bundesdruckerei, de Alemania; Sagem, de Francia, y Gemalto, cuya casa matriz está en Holanda.
Bundesdruckerei y Sagem confirmaron a este diario su participación en la licitación de la cédula electrónica, pero no dieron detalles sobre dónde y cuándo se hizo.
En los registros venezolanos no aparece ningún llamado a licitación para esta contratación en los últimos cuatro años.
“La Onidex (actual Saime) estará saliendo al mercado internacional para buscar los mejores proveedores del servicio de impresión de documentos electrónicos, mediante el correspondiente proceso de licitación conjunta con Cuba”, declaró el 13 de febrero de 2008 a la Agencia Bolivariana de Noticias JOSÉ JAVIER MORALES, entonces director de Identificación y Extranjería.
GEMALTO, en su filial de México, salió favorecida y se convirtió en la proveedora de las tarjetas de policarbonato y el software.
La multinacional maneja 30% del mercado mundial de sistemas de identificación y, por ejemplo, elabora el pasaporte electrónico para Estados Unidos. En Venezuela, trabaja para la banca en su migración a tarjetas de débito y crédito con tecnología de chip.
Daquin trabajó para la rama de proyectos gubernamentales de Gemalto en América Latina.
Asegura que ésta fue la única empresa que aceptó las condiciones de los cubanos en la contratación. “La oferta de los chinos era mejor, pero ellos están acostumbrados a hacer negociaciones de Estado a Estado y no aceptaron la intermediación de Cuba”, asegura.
Representantes de la empresa china declinaron dar detalles sobre su participación.
“CLIENTE FINAL”
El contrato entre ALBET Y GEMALTO, por 40,5 millones de dólares, está fechado en La Habana, en agosto de 2008. En el documento se refieren al Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela como el “cliente final”, el que usará los bienes y servicios transados.
Lo suscribieron ANTONIO ROMILLO TARKE, director general de Albet, y dos representantes legales de la filial de Gemalto en México.
El objeto era suministrar 6 millones de tarjetas de policarbonato con chip;
■ desarrollar las aplicaciones informáticas relacionadas con la seguridad de los datos en las tarjetas;
■ diseñar e instalar un laboratorio para probar las tarjetas y el software, tanto en las instalaciones de la empresa cubana como en Venezuela;
■ capacitar y hacer la transferencia tecnológica tanto a Albet como al cliente final.
El contrato especifica que las aplicaciones informáticas desarrolladas para cumplir con este proyecto serán propiedad de Albet y Gemalto. “Debiendo dictar de común acuerdo los lineamientos bajo los cuales podrán ser utilizados por el cliente final”, aclaran.
Ex trabajadores del Saime, que piden no revelar sus nombres por temor a represalias, afirman que cada vez que VENEZUELA NECESITE AJUSTAR EL SOFTWARE O RENOVARLO TENDRÁ QUE RECURRIR A AMBAS EMPRESAS Y HACER DESEMBOLSOS NUEVAMENTE.
En el Saime, la revisión de este contrato entre Albet y Gemalto generó problemas. Los ex trabajadores de la institución señalan que, cuando presentaron sus observaciones sobre las desventajas de esta contratación, FUERON REMOVIDOS DE SUS PUESTOS.
“Se hizo una reunión con la gente de Albet y del Saime en la que se habló de la necesidad de que la infraestructura de clave pública (aplicaciones para asegurar la información en los chips de la cédula) se contratara con otras empresas que sí nos dieran acceso a los códigos fuente para que nosotros mismos, los venezolanos, pudiéramos saber qué hay en el chip y desarrollar programas para hacer cambios en él o almacenar nuevos datos. Pero a los cubanos no les gustó y nos botaron a todos”, relató uno de ellos.
En Aporrealos.com, la página de foros del portal oficialista Aporrea.org, en la que seguidores de Hugo Chávez vierten sus opiniones, quejas y denuncias, se habla de un incidente en el que se desmanteló, en el último trimestre de 2010, la Dirección de Tecnología de Información del Saime.
Unos advierten que los funcionarios SALIERON BAJO COACCIÓN POR SUS DENUNCIAS SOBRE LA INTERVENCIÓN CUBANA en el proyecto de la nueva cédula electrónica.
Otros señalan que el grupo fue destituido por supuestas prácticas corruptas.
El punto de cuenta número 139 (memorando interno), que circuló en el Saime en octubre de 2010, revela que se buscaron otras opciones para proveer los programas informáticos que controlarán la cédula electrónica.
En la comunicación, la Dirección de Tecnología de Información del organismo analiza las leyes que OBLIGAN A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS A UTILIZAR SOFTWARE LIBRE, ALGO QUE NO ESTABLECEN LOS CONTRATOS FIRMADOS CON ALBET.
Sugirieron contratar una empresa que les proveyera programas para los que no se requiera pagar licencias de uso, que les transfiriera la tecnología y LES DEJARA A LOS VENEZOLANOS EL CONTROL DE LOS CÓDIGOS FUENTE, que permiten ajustar el software para el manejo de la cédula. “Con un proyecto que cumpla esta normativa, (…) el Saime estará garantizando la operatividad soberana”, concluyeron.
Evaluaron ofertas de la Fundación Instituto de Ingeniería (ente público en el que cooperan el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad Simón Bolívar) y la empresa española REALSEC. Pese a lo expuesto en ese punto de cuenta, las contrataciones no se concretaron y Albet continúa ejecutando el proyecto.
“¿POR QUÉ LOS FUNCIONARIOS VENEZOLANOS NO TIENEN ACCESO A CIERTAS ÁREAS DE LA SEDE DEL SAIME Y SÓLO PUEDEN ENTRAR CUBANOS?”, SE PREGUNTA DAQUIN.
Ni el Saime ni el Ministerio de Interior y Justicia atendieron las solicitudes de entrevista para darle respuesta a esta interroganteEl Conference Board prevé "crecimiento lento" en EEUU
El Conference Board prevé "crecimiento lento" en EEUU hasta fin de año
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EEUU: indicadores económicos
El índice compuesto de indicadores económicos avanzados estadounidenses subió en junio un 0,3%, pero a pesar de ello permite prever un "crecimiento lento" hasta fin de año, indicó este jueves el instituto privado de coyuntura Conference Board.
El índice de indicadores adelantados de la economía de Estados Unidos subió en junio un 0,3%, después de un incremento del 0,8% en mayo.
El dato ha sido mejor de lo previsto por el mercado. Los analistas consultados por Bloomberg esperaban de media un alza del 0,2%. Este índice mide una serie de factores que van desde el desempleo hasta los permisos de construcción y adelanta las tendencias de la economía con hasta seis meses de anticipación.
El índice "señala un crecimiento lento de la actividad económica en los próximos meses", y "hasta fines del otoño", señala Conference Board en un comunicado.
Factores negativos
Según el instituto, factores negativos como los provocados por el sismo en Japón, que limitó la disponibilidad de componentes electrónicos y autopartes, así como devastadores tornados e inundaciones, afectaron la industria y la producción en el país.
"Otro viento en contra" para la reactivación económica sería que el Congreso y la administración del presidente Barack Obama no alcanzaran un acuerdo para elevar el límite de la deuda pública estadounidense.
El departamento del Tesoro advirtió que en ausencia de un acuerdo, el 2 de agosto el país se encontrará en cesación de pagos, lo que tendría consecuencias "catastróficas" para la economía.
Wall Street recupera terreno
Wall Street recupera terreno: el Dow Jones sube un 1,21 %
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Cotizaciones
Dow Jones: Mejores y peoresLos índices estadounidenses cerraron al alza este jueves. Así el índice Nasdaq 100 cerró con un alza de 16,44 puntos o un 0,72% a 2.404,24 puntos. El índice Dow Jones cerró con un alza de 153,11 puntos o un 1,21% a 12.725,02 puntos. El índice S&P 500 cerró con un alza de 17,97 puntos o un 1,35% a 1.343,81 puntos.
El rally continúa: el Ibex 35 sube un 2,93%
El rally continúa: el Ibex 35 sube un 2,93% y cierra la sesión en 10.017,6 puntos
El índice de referencia de la bolsa española cerró con una subida del 2,93%, hasta 10.017,6 puntos, tras oscilar entre un máximo de 10.073,5 y un mínimo de 9.650,5. Los inversores movieron 5.979 millones de euros en todo el parqué en una jornada marcada por la reunión de la Eurozona, que podría dar créditos preventivos a España e Italia.
Las filtraciones del borrador de conclusiones de la cumbre, con la flexibilización del fondo de rescate de manera que podrá ayudar a más países, han disparado a los mercados bursátiles mundiales y al euro, que sube más de un 1%.
El sector financiero fue el gran protagonista: Popular subió un 7,65%, Mapfre un 6,17%, BBVA un 5,54%, Sabadell un 4,67% y Santander un 4,42%.
Tan sólo Inditex, que perdió un 0,08%, y Grifols, que perdió un 0,33%, terminaron con descensos. (Un vistazo al Ibex 35, al Eco 10 y al resto del mercado)
La bolsa de Nueva York también se mueve con subidas en una jornada que esta marcada, una vez más, por los resultados empresariales, que han sido en líneas generales mejores de lo previsto o en línea con las estimaciones. Han rendido cuentas hoy al mercado Pepsi, Morgan Stanley, Philip Morris y AT&T, entre otras.
En el lado macroeconómico, las peticiones semanales de desempleo han sido peores de lo previsto, un mal dato que ha sido compensado en parte por la subida del índice de indicadores líderes y el índice manufacturero de la Fed de Philadelphia.
"Se abre de nuevo un intento de reconstrucción análogo al de hace tres semanas, traicionero, sobre los 2.700 (futuro EuroStoxx); nivel clave que el mercado ha dilatado hasta confirmar una formación de vuelta en cabeza y hombros (hch) que ahí va a seguir, perturbadora y vigente, mientras no se rompan los 2.900, aunque el mercado esté consiguiendo desplegar nuevamente una pauta de suelo en gráfico semanal, de tipo penetrante alcista", comentaba Carlos Doblado en Ecotrader.
Eso sí, "a la espera de que la sesión de mañana no sorprenda de nuevo a los alcistas, que necesitan también un cierre semanal por encima de los 2.725 puntos para confirmar tal patrón", añadía Doblado.
desaceleración mundial se fortalece
Análisis: signos de desaceleración mundial se fortalecen
"La gran caída en el PMI anticipado de la zona euro en julio entrega más indicios de que la crisis de deuda podría empezar a causar un gran impacto en la recuperación económica en la región", dijo Ben May de Capital Economics
Londres. El crecimiento del sector privado de la zona euro prácticamente se paralizó este mes, mientras que la actividad fabril de China se contrajo por primera vez en un año, según sondeos divulgados este jueves, profundizando las evidencias de una fuerte desaceleración de la economía global.
Los sondeos fueron publicados justo antes de que los líderes europeos se reunieran en una cumbre para afinar un segundo rescate a Grecia y aliviar los temores a una moratoria griega.
En una nueva señal de que el crecimiento económico se está ralentizando, el índice Markit de gerentes de compras (PMI, por su sigla en inglés) del sector manufacturero del bloque de 17 países prácticamente se detuvo en julio, al tiempo que el sector de servicios creció a su menor velocidad en 22 meses.
"La gran caída en el PMI anticipado de la zona euro en julio entrega más indicios de que la crisis de deuda podría empezar a causar un gran impacto en la recuperación económica en la región", dijo Ben May de Capital Economics.
La crisis de deuda, que hasta el minuto ha llevado a Grecia, Irlanda y Portugal a buscar rescates, no muestra indicios de perder impulso, elevando los temores en las últimas semanas de que Italia y España caigan en ella también.
Pero Francia y Alemania llegaron a una postura común sobre un segundo rescate a Grecia en la tarde del miércoles, antes de la cumbre del jueves en Bruselas, complementario al rescate por 110.000 millones de euros (US$156.000 millones) otorgado a Atenas en mayo del año pasado.
Se espera que el plan incluya nuevos préstamos de emergencia para Atenas de Gobiernos de la zona euro y el Fondo Monetario Internacional, además de un posible rango de nuevas medidas de austeridad que ya frenaron el crecimiento en toda la región.
El PMI del sector de servicios de la zona euro bajó a 51,4 desde 53,7 en junio, su peor nivel desde septiembre de 2009 y lejos de las previsiones de un sondeo de Reuters de 53,0. No obstante, el índice se ha mantenido por sobre los 50 puntos que dividen el crecimiento de la contracción por casi dos años.
El sector manufacturero registró una caída similar a 50,4 desde 52,0 en junio, la peor cifra desde septiembre del 2009, y frente a una previsión de 51,5.
"No hay duda de que la caída libre de los PMI en los últimos tres meses es una sorpresa negativa. Creemos que los factores externos siguen siendo predominantes, en particular la actual desaceleración del ciclo fabril global, como muestran los mayores indicios de debilidad en China esta mañana", indicó Marco Valli de UniCredit.
El sector fabril de China disminuyó por primera vez en un año durante julio y a su mayor ritmo desde marzo del 2009, con el endurecimiento monetario y la lenta demanda global pesando sobre la economía, según el PMI chino de HSBC.
Producción se desploma
La producción del sector manufacturero de la zona euro, que lideró gran parte de la recuperación del bloque, se encogió por primera vez en dos años, con el índice cayendo a 49,5 desde 52,5, su nivel más bajo desde julio del 2009.
Las fábricas también vieron una caída en los pedidos iniciales durante el segundo mes, con el índice cayendo a 47,6 desde 49,8, su lectura más baja desde junio del 2009.
"Tenemos órdenes en territorio de contracción, lo que te dice que la economía europea está perdiendo impulso en momentos el que la solución a la crisis dependerá mucho de una Alemania fuerte", dijo Peter Dixon de Commerzbank.
Una divulgación anterior desde Alemania, la mayor economía de Europa, mostró que su PMI compuesto sufrió la mayor caída mensual desde fines del 2008, desplomándose a 52,2 desde los 56,3 de junio.
En Francia, el índice compuesto cayó a un mínimo de 23 meses de 52,8 desde el 54,9 de junio.
Los sombríos índices apuntan a que el PMI compuesto de la zona euro, una medida mayor del sector privado que combina los datos de servicios y manufacturas, colapsó a 50,8 desde un 53,3, muy por debajo de las expectativas de un 52,6.
El índice compuesto suele ser utilizado como una guía para el crecimiento y Markit señaló que si los PMI seguían en los niveles actuales, no habría expansión económica en el tercer trimestre.
Economistas consultados por Reuters este mes pronosticaron un crecimiento del 0,4% en este trimestre para la zona euro.
El retorno de los hijos de Pinochet
Análisis & Opinión
El retorno de los hijos de Pinochet
Roberto Pizarro
Economista de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Investigador Grupo Nueva Economia, fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ministro de Planificación y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Chile).
La presión de la derecha conservadora se hizo sentir en el cambio de gabinete que realizó el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Debilitado por un rechazo de la opinión pública del 65%, el más alto en años de democracia, y también acosado por un movimiento cívico que exige cambios políticos y económicos, tuvo que ceder frente a las exigencias de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Así las cosas, se incorpora al gobierno como vocero, Andrés Chadwick; Pablo Longueira como Ministro de Economía, y Joaquín Lavín sale de Educación para asumir el Ministerio de Planificación.
Los tres nuevos ministros, el presidente de la UDI, Antonio Coloma, y el actual presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, junto al Ministro de la Presidencia, Cristián Larroulet, son hijos de Pinochet. Esos seis mosqueteros organizaron la reunión de Chacarillas en el año 1977, jóvenes de extrema derecha, que en medio de antorchas y cánticos patrióticos aplaudían al dictador, mientras la policía uniformada reprimía a obreros y pobladores y los aparatos de seguridad torturaban y asesinaban a opositores al régimen. Estos seis dirigentes juveniles en esa época, hoy convertidos en autoridades del país, escuchaban con admiración el discurso de Pinochet. Menos por el dictador. Más, por quien había preparado ese discurso, Jaime Guzmán, a la sazón asesor político del autócrata, y maestro de esos jóvenes de derecha.
Estos jinetes del Apocalipsis, católicos conservadores, del Opus Dei y de los Legionarios de Cristo, ingresan en esos años oscuros a la vida política para construir una democracia protegida y una economía para minorías. En esa tarea el papel de Guzmán es insoslayable.
El discurso de Pinochet en Chacarillas resumía la democracia de la siguiente manera. Autoritaria y protegida, para reemplazar el Estado liberal clásico, ingenuo e inerme. Integradora, porque debe robustecer el objetivo de la unidad de la gran familia chilena, que se ha pretendido disgregar impulsando una lucha de clases que no existe y no debe existir. Tecnificada, para reducir el margen de debate ideológico a sus justas proporciones, aprovechar el aporte de los más capaces, y dar estabilidad al sistema. Subsidiaria, porque consagra y respeta una real autonomía de las agrupaciones intermedias entre el hombre y el Estado, y valora una libertad económica que impide la asfixia de las personas por la férula de un Estado omnipotente.
Los jóvenes de Chacarillas, hijos de Pinochet, ahora se instalan en pleno en el gobierno de Piñera. Esto resulta inaceptable porque su responsabilidad en los crímenes de ese régimen y en la instalación del modelo económico y político que sufren los chilenos es ineludible.
Este fue el discurso que elaboró Jaime Guzmán y leyó Pinochet. Esos mismos conceptos luego quedarían consagrados en la Constitución de 1980. Constitución que actualmente rige en el país y que los gobiernos de la Concertación no tuvieron la vergüenza de modificar radicalmente. Una democracia restringida, ahogada por un régimen binominal que impide la participación de toda la ciudadanía. Una democracia tutelada por el poder económico, consagrado en el artículo 19 de la carta fundamental y que impide al Estado intervenir y regular la economía. Allí también se establecen las bases de un educación clasista y permisiva con el lucro.
Por eso resulta muy preocupante que Chadwick, Longueira y Lavín aparezcan en el centro del gobierno de Piñera, debilitando la posición de la derecha liberal, representada por Rodrigo Hinzpeter. La sociedad los rechazará y el gobierno de Piñera en vez de fortalecerse, se debilitará aún más.
Lavín en el Ministerio de Planificación recordará el Odeplan del gobierno de Pinochet. Laboratorio neoliberal dónde se inventó un código del trabajo que impide la organización sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga; oficina perversa, dónde se diseñó el sistema de AFP; centro de reuniones de jóvenes de la Universidad Católica, dónde se planificó la privatización de la educación para que los ricos reprodujeran su riqueza y los pobres su pobreza. Ese es el Chile que rechaza la sociedad civil y que inventó Lavín con sus amigos de Odeplan, convertido hoy en Mideplan.
Longueira, como Ministro de Economía, podrá desplegar todo su populismo, pero no podrá desafiar las bases de un sistema económico injusto que sus amigos economistas de la Universidad Católica inventaron. El mercado es el que decide y en esa lógica los pequeños empresarios y consumidores se ven golpeados cotidianamente. Y si se atreve a enfrentar esa lógica deberá terminar no sólo con la estafa de La Polar, sino con la usura de las tarjetas de crédito de todas las multitiendas. Y si enfrenta la lógica del mercado todopoderoso debería convertir el Banco Estado en un banco de fomento para los pequeños empresarios, con tasas de interés para los emprendedores que bajen de los dos dígitos. Lo dudo. El populismo no da para tanto.
Chadwick es primo del presidente, pero fue discípulo predilecto de Guzmán. En consecuencia, intentará probablemente comunicar con mayor inteligencia que la ex ministra Ena Von Baer, pero su corazón le estará pulsando permanentemente en defensa del sistema político para las élites que inventó su maestro Guzmán, y a favor de la economía para las desigualdades de los economistas de su Universidad Católica.
Soy de los que creen que la responsabilidad principal del golpe del 73 es de los civiles, de la derecha política y de algunos poderes fácticos que siempre han sacado las castañas con la mano del gato y que hoy día eluden su culpabilidad. El senador Novoa, subsecretario del Interior de la época, no puede haber sido ciego y sordo cuando se cometían los crímenes. El empresario Ricardo Claro estaba al lado de Pinochet cuando éste conversaba con Kissinger y fundamentaba la Operación Cóndor. Apenas elegido Allende, el dueño de El Mercurio salió de Chile y se autoexilió en las oficinas centrales de la Pepsi Cola en los Estados Unidos para trabajar en la conjura contra el presidente Allende. Y, ahora, resulta que todos estos civiles no sabían de asesinatos, exilios y torturas. La culpa recayó sólo en los militares.
Los militares utilizaron el monopolio de las armas que les habían entregado todos los chilenos para cumplir los objetivos que se propusieron un grupo de civiles y con ello tiñeron con sangre de compatriotas los estandartes de sus cuarteles. Los civiles de derecha y los empresarios fácticos hasta ahora se han lavado las manos.
Los jóvenes de Chacarillas, hijos de Pinochet, ahora se instalan en pleno en el gobierno de Piñera. Esto resulta inaceptable porque su responsabilidad en los crímenes de ese régimen y en la instalación del modelo económico y político que sufren los chilenos es ineludible.
Moody’s: inversionistas esperan conocer mensaje de Humala el 28 de julio
Moody’s: inversionistas esperan conocer mensaje de Humala el 28 de julio
“Los inversionistas que están en compás de espera para seguir invirtiendo en Perú van a esperar que se confirmen los lineamientos de las políticas públicas (...)", dijo Patrick Esteruelas, de la entidad financiera.
Lima, Andina. La agencia calificadora de riesgo crediticio Moody’s Investors Service señaló hoy que los inversionistas están a la espera de que en el mensaje a la nación que dará el presidente electo Ollanta Humala el 28 de Julio se difundan las políticas públicas que se adoptarán en los próximos años, para poder acelerar la ejecución de sus proyectos en Perú.
“Los inversionistas que están en compás de espera para seguir invirtiendo en Perú van a esperar que se confirmen los lineamientos de las políticas públicas de los próximos cinco años en el discurso de 28 de Julio”, declaró el vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, Patrick Esteruelas.
Asimismo, mencionó que algunos inversionistas esperarán a que se presente el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 para conocer si se incluirán otras políticas en materia económica.
Mencionó que a nivel internacional los inversionistas han reaccionando de manera positiva a la ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva (BCR), y eso se refleja en la recuperación de la demanda de los bonos soberanos peruanos.
“Los bonos peruanos se han recuperado notablemente desde la confirmación de Velarde en el BCR y estos títulos deben seguir siendo apuntalados por la confirmación y designación de Miguel Castilla como nuevo ministro de Economía y Finanzas”, dijo a la agencia Andina.
Asimismo, consideró que la designación de ambos funcionarios está ayudando a que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) recupere más rápido las pérdidas que se registraron luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta electoral.
Esteruelas también afirmó que los inversionistas esperan que el mensaje de 28 de Julio sea relativamente conciliador y moderado.
“Uno esperaría un discurso que enfatice la necesidad de seguir apuntando a una mejor distribución de riqueza del país y una continua reducción de los niveles de pobreza, los que a pesar de las grandes mejoras de los últimos cinco años, siguen siendo significativos”, sostuvo.
Además se espera que se ratifique el compromiso de mantener un modelo macroeconómico estable y sin sobresaltos, así como un compromiso por llegar a decisiones de políticas públicas que satisfagan tanto a los ciudadanos peruanos, que son los más necesitados, como a las necesidades de obtener garantías por parte de los inversionistas privados, precisó.
Keynes resucitó y habitó de nuevo entre nosotros
…y Keynes resucitó y habitó de nuevo entre nosotros (por poco tiempo, Deo Gratias) por Juan de Mercado
Durante las primeras fases de la crisis muchos Gobiernos, en respuesta a la intensa caída de la actividad económica que se produjo a finales de 2008 y durante la primera mitad de 2009, pusieron en marcha programas de estímulo fiscal con aumentos significativos del gasto público. En España, estos programas fueron especialmente cuantiosos y aumentaron el gasto público en casi 3,5 puntos porcentuales del PIB (ver un estudio con comparaciones internacionales a este respecto en el trabajo de Philip Lane y Agustin Benetrix que aparece aquí).
No obstante, esta resurrección de Keynes, aunque duró más de tres días, terminó pronto y a principios de 2010 los organismos internacionales y muchos Gobiernos se convirtieron a la austeridad fiscal. Con lamentos nostálgicos, algunos piensan que este cambio de orientación de la política fiscal ha sido prematuro, critican que se haya abandonado el objetivo del “empleo” por el de la “consolidación fiscal” y abogan por mantener e, incluso, ampliar los programas de estímulo fiscal puestos en funcionamiento en 2008-2009, señalando que los recortes fiscales no conseguirán estabilizar y reducir la deuda pública. No comprenden que es un error plantear la discusión sobre política macroeconómica alrededor de una dicotomía falsa (“empleo” frente a “consolidación fiscal”) y que, en las condiciones actuales, en muchos de estos países, no hay alternativa a la austeridad fiscal. Javier Andrés ya ha explicado por qué aquí. Pero no está de más repetirlo en un tono admonitorio, que Javier, por su natural carácter bondadoso, prefiere evitar.
La falsa ilusión de la austeridad fiscal
Paul Krugman es uno de los exponentes más cualificados de la posición contraria a la austeridad fiscal. Sostiene Paul que la austeridad fiscal es contractiva porque subidas de impuestos y reducciones del gasto público producen una mayor disminución de la demanda agregada, ya que familias y empresas también reducen su consumo e inversión ante el aumento de la tasa de desempleo y, en consecuencia, la tasa de crecimiento del PIB se reduce y la tasa de endeudamiento público (la ratio deuda pública/PIB) no disminuye sino que aumenta. Así, con los recortes de gasto y subidas de impuestos no se consigue el objetivo perseguido de mejorar la posición fiscal de estas economías.
Su argumento tiene un cierto respaldo empírico. Un estudio reciente del departamento de investigación del FMI (capítulo 3 aquí) muestra que los efectos de un ajuste fiscal en el corto plazo (unos cinco años, digamos) dependen de muchos condicionantes, tales como el nivel de endeudamiento, la orientación de la política monetaria, la situación de la economía internacional y las expectativas de crecimiento futuro. Solo en circunstancias muy excepcionales, cuando el ajuste fiscal se combina con reformas estructurales que recuperen la confianza del sector privado y las expectativas de crecimiento, la situación económica internacional es boyante, no hay restricciones de crédito y la política monetaria ayuda con bajadas del tipo de interés y depreciaciones del tipo de cambio, cabe esperar que un ajuste fiscal tenga efectos expansivos.
En la situación actual, en nuestro país, los “mitigadores monetarios del dolor” no están disponibles, lo que significa que para aminorar los efectos contractivos del ajuste fiscal hay que complementar dicho ajuste con medidas a favor del crecimiento de la productividad. Es por ello, por lo que, como se ha insistido muchas veces en este blog, las reformas estructurales adquieren una importancia aún más capital, sobre todo cuando algunas de dichas reformas se justifican también por razones de equidad.
La infantil confianza en los estímulos públicos
El mundo es complejo, ni lineal, ni simétrico. Ni más es mejor, ni lo contrario tiene efectos opuestos. Aún cuando la austeridad fiscal fuera contractiva, no tiene por qué ocurrir que los estímulos fiscales puedan, siempre, impulsar una recuperación económica.
En primer lugar, tras un impulso fiscal, para que consumidores y empresas pudieran aumentar su consumo e inversión, respectivamente, sería necesario que su situación patrimonial estuviera saneada y que hubiera más crédito a tipos de interés más bajos, lo que no ocurrirá en el horizonte inmediato, ni siquiera con una profunda reestructuración del sistema financiero. En segundo lugar, para que un aumento del gasto público no se perciba como un lastre aún mayor en términos de impuestos futuros, familias y empresas deberían anticipar un crecimiento económico más elevado y menos incierto. Finalmente, para que buena parte de dichos estímulos no se conviertan en aumentos de las importaciones y en un mayor déficit exterior, sería necesario que los estímulos fiscales fueran coordinados internacionalmente (como bien aprendieron los socialistas franceses en 1982), que no hubiera problemas de competitividad y que los tipos de cambio y de interés coadyuvarán, con una depreciación, en el primer caso, y una reducción, en el segundo.
En definitiva, pocos países están en condiciones actualmente de seguir esta estrategia, y entre ellos no están muchos países europeos, ni siquiera Estados Unidos, próximo a alcanzar su techo de endeudamiento público y bloqueado por un Presidente que propone recortes ridículos de gastos (video explicativo aquí) y un poder legislativo que no acepta subidas de impuestos, que allí son una necesidad urgente.
Cuando Churchill se quejaba de que Keynes destacaba entre los economistas porque parecía tener más de una opinión sobre cuestiones económicas concretas, éste se justificaba diciendo que cuando cambiaban los datos, él cambiaba de opinión. Si alguien tiene línea directa con el más allá, podría averiguar si Keynes ha vuelto a cambiar de opinión sobre la magnitud de los multiplicadores fiscales, a la vista de la situación actual de las economías avanzadas. Mientras tanto, si alguien se encuentra con su profeta más renombrado en la Tierra, Paul Krugman, no debería perder la ocasión de tratar de que explicara cómo es posible basar la recuperación económica en aumentos del gasto público, cuando hablamos de países que están metidos hasta el cuello en una crisis de deuda soberana, con tasas de endeudamiento público superiores al 60% del PIB, con familias y empresas también excesivamente endeudadas, con tipos de interés al alza, con la deuda denominada en moneda extranjera (o lo que es lo mismo, sin control de la política monetaria), con problemas de competitividad, e inmersos en un proceso galopante de envejecimiento de la población, que implicará aumentos del gasto en el futuro y una disminución de la población entre la que repartir la carga de la deuda. (Yo lo he intentado con otros economistas keynesianos que citan a Krugman y suscriben punto por punto sus argumentos, pero, o bien eluden la pregunta, repitiendo ad nauseam que la austeridad fiscal es contractiva, o bien son incapaces de articular una respuesta coherente. Si alguien consigue una, por favor, que la comunique).
La política fiscal que necesitamos
Olivier Blanchard y Carlo Cottarelli han propuesto un decálogo de política fiscal para ser aplicado en el proceso de ajuste de las cuentas públicas de los países avanzados. En las condiciones actuales en España, estos diez mandamientos se reducen a dos: “Evitarás aumentos de la tasa de endeudamiento público por encima de todas las cosas y revisarás tu sistema impositivo y tus programas de gasto público para aumentar su eficiencia”. En España, esto pasa por subir, otra vez, el IVA y otros impuestos especiales (alcohol, tabaco, carburantes), reducir la progresividad de la imposición sobre las rentas del trabajo, elevar la presión fiscal sobre las rentas del capital y de actividades profesionales y empresariales, e introducir mecanismos de elegibilidad y de copago en programas de gasto público, de manera que este se dirija mayor medida hacia aquellos que más lo necesitan y, así, aumente su capacidad redistributiva.
Pero esta entrada ya es demasiado larga y habrá que dejar esta última admonición para la próxima estación del Via Crucis.
Una llamada a la acción
Una llamada a la acción: Los líderes de la UE deben actuar para salvar el euro y evitar una recesión
La crisis de la Eurozona está llegando a un momento clave. Esta entrada es una carta abierta a los líderes europeos implorándoles que tomen acciones decisivas esta semana. Ulteriores retrasos podrían suponer el fin de la Eurozona tal y como la conocemos.
La crisis de la deuda ha alcanzado el núcleo de la Eurozona.
- España e Italia están actualmente inmersas en una seria crisis de credibilidad.
- La solvencia de más de un tercio de la Eurozona está siendo cuestionada.
Por primera vez, la propia supervivencia del euro está en juego.
Los líderes de la UE que se van a reunir en Bruselas este jueves se enfrentan a una responsabilidad histórica. Es esencial que se alcance un acuerdo sobre un plan que evite una intensificación de la crisis.
Como economistas involucrados activamente en el debate de política económica, hemos ofrecido una serie de sugerencias. La idea central de estas propuestas es que la ampliación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF) es esencial; debe ser capaz de lograr que los bancos sean suficientemente fuertes para resistir un impago de Grecia. También se debe permitir al EFSF operar en los mercados secundarios de deuda y otorgarle flexibilidad operativa e independencia. Hay muchos detalles técnicos y muchas variantes de estas propuestas. Lo importante es reconocer que los líderes se están quedando sin margen de tiempo. Decidir que no deciden podría significar el fin de la Eurozona tal y como la conocemos.
Angelo Baglioni, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milán
Richard Baldwin, Graduate Institute, Ginebra y CEPR
Samuel Bentolila, CEMFI y CEPR
Tito Boeri, Bocconi University y CEPR
Paul De Grauwe, University of Leuven y CEPR
Juan Dolado, Universidad Carlos III de Madrid y CEPR
Luis Garicano, London School of Economics y CEPR
Francesco Giavazzi, Bocconi University y CEPR
Daniel Gros, Centre for European Policy Studies, Bruselas
Jean Pisani-Ferry, BRUEGEL y Université Paris-Dauphine
Richard Portes, London Business School y CEPR
Guido Tabellini, Bocconi University y CEPR
Beatrice Weder di Mauro, University of Mainz y CEPR
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