La ONG afirma que al menos 88 activistas han muerto en las cárceles del régimen
TIZIANA TROTTA - Madrid -
La ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ha acusado al régimen del presidente sirio, Bachar el Asad, de llevar a cabo una "persecución sistemática y a amplia escala" contra los opositores detenidos durante las protestas antigubernamentales. Según un informe publicado por la organización, Damasco es responsable de la muerte al menos de 88 activistas bajo custodia policial, la mayoría de los cuales fueron objeto de tortura. Eva Suárez, directora adjunta de AI en España, destaca que "la tortura no es nueva en Siria, pero ahora se está llevando a cabo una ofensiva generalizada de represión que demuestra un desprecio total de El Asad hacia la población civil".
Entre las víctimas, hay al menos 10 menores
El informe de AI señala que miles de personas han sido detenidas desde el comienzo de las protestas, en marzo, mientras participaban en manifestaciones pacifistas o funerales. En más de la mitad de los casos, el organismo documenta las torturas y asegura que entre los fallecidos hay al menos 10 menores. Las víctimas, todos varones y entre las que se encuentran niños de 13 años, en algunos casos fueron mutiladas (antes o después de la muerte) "para sembrar el terror en las familias que recogían el cadáver", según la ONG.
Las circunstancias de las detenciones suelen ser poco claras, incluso se han registrado casos de activistas apresados mientras se encontraban ingresados en hospitales. Algunas víctimas murieron por disparos en la cabeza, lo que sugiere que "han sido objeto de una ejecución extrajudicial".
Los métodos de tortura utilizados para obtener supuestas confesiones son variados. Además de provocar heridas, cortes y quemaduras, los hombres del régimen utilizan a menudo el electrochoque, aplicado incluso a las zonas genitales. Numerosos testimonios sostienen que los detenidos podían ser colgados de las manos o los tobillos durante horas. Otro método muy utilizado es la silla alemana (una silla metálica con partes móviles a la que se ata la víctima) o el dulab (meter a la víctima dentro de un neumático y golpearla).
Impunidad.
La mayoría de las violaciones de derechos humanos se llevan a cabo con total impunidad. Damasco ha abierto una investigación solo sobre dos casos de muerte de detenidos, pero AI sostiene que no se trata de un trabajo imparcial y exhaustivo, y exige que los abusos del régimen sean juzgados por el Tribunal Penal Internacional.
Uno de los dos casos investigados es el de Hamza Ali al Khatib, un joven de 13 años procedente de Deraa, la ciudad del sur donde arrancaron las manifestaciones. El menor desapareció durante una manifestación pacífica el pasado abril. Cuando sus padres fueron avisados para reconocer el cuerpo, se encontraron con que el cadáver presentaba evidentes signos de violencia en la cara, la cabeza y el cuello. Sus genitales habían sido mutilados. El juez Samer Abbas, encargado del proceso, declaró que la causa de la muerte eran "unos disparos" y que "no existían pruebas evidentes de torturas sobre su cuerpo".
Bilal Jalahej es un médico sirio que trabaja en Arabia Saudí. Jalahej pasó 55 días en una cárcel de Damasco por haber prestado atención médica en una manifestación en Duma (al norte de la capital). "Me acusaron de ser miembro de Al Qaeda y de traer desde el extranjero armas y dinero para financiar las protestas", ha afirmado en conversación telefónica con este diario. "Si vuelvo a pisar suelo sirio, las fuerzas de seguridad me detendrán".
Durante su estancia en la cárcel, Jalahej compartió una celda de dos metros por tres con otras 15 personas. "Sufrimos terroríficas torturas: golpes, quemaduras con agua hirviendo, electrochoques... Salí con dos costillas rotas y cubierto de moratones", ha añadido.
Nuevas sanciones internacionales.
El subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, David Cohen, ha anunciado la imposición de nuevas sanciones al régimen sirio. Washington ha prohibido a sus ciudadanos hacer negocios con el ministro de Asuntos Exteriores, Walid al Mualem, y otros altos cargos, a los que también se bloquea cualquier activo que pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense. Las revueltas en Siria ya han causado más de 2.200 víctimas, según la ONU.
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