Después de conocer esta bien meditada y razonada propuesta contenida en el plan del ex rector, no se debe perder de vista que Felipe Calderón anunció su estrategia para combatir al crimen organizado tan solo diez días después de haber tomado posesión como Presidente de la República.
Francisco Martín MorenoMéxico había resentido un vacío generacional porque nuestros maestros, los que nos forjaron en las aulas, no participaban en los debates ni estaban presentes en la agenda nacional ni alegaban ni protestaban ni aducían ni sugerían ni reclamaban. Esta vez la situación ha cambiado puesto que dos de nuestros más queridos maestros, el doctor José Narro y el doctor Jorge Carpizo, presentaron un plan de 36 puntos que daría un giro radical, un verdadero golpe de timón en materia de seguridad nacional. En el contexto de esta explosiva y no menos veleidosa crisis huracanada financiera que convulsiona y depreda los mercados internacionales, resulta imposible dejar de rescatar aunque sea un breve comentario en este reducido espacio, para subrayar e insistir en la procedencia de incluir las reformas propuestas en el seno de la UNAM en la estrategia actual para erradicar el daño ocasionado por la catastrófica ingerencia de la delincuencia organizada.
La trayectoria política de Jorge Carpizo como ex rector de la UNAM, fundador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Procurador General de la República y secretario de Gobernación, avalan las 36 propuestas y garantizan un debate serio y sólido, un viraje en el tema de seguridad nacional. Se trata de dar un giro inmediato en las estrategias de seguridad centrándolas en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad, la reducción del número de muertes y de lesionados, la preservación de la integridad de las personas y la defensa de los derechos humanos. Carpizo propone generar consensos políticos y sociales para dar un giro inmediato a la estrategia actual, celebrar un pacto social para reorientar a las instituciones de seguridad y justicia para hacer frente al crimen, orientar a los jóvenes en las acciones preventivas para el tratamiento de adicciones, coerción social, desarrollo humano y certeza ciudadana; ejecutar un programa nacional de fortalecimiento institucional que haga operativos de rendición de cuentas, que sume controles internos y externos; transformar a los órganos fiscalizadores y concederle autonomía jurídica y política a la Auditoría Superior de la Federación; llevar a su máxima expresión la persecución del delito de lavado de dinero en sinergia con cuerpos de inteligencia civil; convertir los ministerios públicos en auténticos órganos constitucionales autónomos, eficaces y ágiles. Y, entre otros objetivos más, dejar de ver la prisión como la opción más adecuada para solucionar el conflicto social generado por delitos violentos, dimensionándolo como el último de los recursos.
Después de conocer esta bien meditada y razonada propuesta contenida en el plan de Jorge Carpizo, no se debe perder de vista que Felipe Calderón anunció su estrategia para combatir al crimen organizado tan solo diez días después de haber tomado posesión como Presidente de la República. Resulta evidente que no tuvo el tiempo necesario para meditar su opción ni para recabar un consenso político y también, claro está, social. La precipitación de Calderón debe entenderse entonces como un objetivo para hacerse de popularidad si no se pierde de vista la difícil coyuntura en que se encontraba cuando finalmente accedió al poder en aquel complejo primero de diciembre de 2006. Si Salinas había encarcelado a La Quina y decapitado al hasta hoy venal y podrido sindicato de petroleros y, por otro lado, Zedillo había recluido en prisión a Raúl Salinas de Gortari, entonces ¿por qué él iba a prescindir de dar un golpe espectacular metiendo al ejército en las calles en lugar de averiguar las finanzas de la señora Fox y de sus hijos, entre otros tantos casos más de no menor espectacularidad. Militarizar la lucha en contra del crimen organizado ha arrojado ya más de 50 mil muertos en este sexenio sin que se tenga a la mano una correcta evaluación de los avances del programa presidencial. Antes de ordenar el ingreso del Ejército en las calles de México hubiera sido necesario un programa como el que sugirió Carpizo en la UNAM en el que participaron 88 expertos nacionales e internacionales, especializados en la materia.
Los índices de criminalidad reflejan, en la actualidad, un inaceptable incremento si no se pierde de vista que en 2007 se conocieron 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, siendo que en 2010 pasamos a 22 por cada 100 mil habitantes. Carpizo no propone la retirada inmediata del Ejército de las calles, pero sí sugiere hacerlo tan pronto como sea posible poniendo énfasis en la prevención del delito y en la persecución de éste sin violar los derechos humanos. Es evidente que las cárceles mexicanas son escuelas para delincuentes. En su seno se fabrican criminales que cuando son liberados continúan dañando a la sociedad sobre la base de que las tareas de persecución, por lo general no tienen éxito. En este sentido es obvio que Carpizo sugiera la autonomía del Ministerio Público así como una transformación radical del Poder Judicial.
Calderón todavía no se ha pronunciado en torno a la sugerencia de nuestros maestros Narro y Carpizo. Es la hora de hacerlo y de aceptar esta talentosa, sensata y bien meditada propuesta que debemos impulsar todos los mexicanos para cambiar el rostro de México.
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