Ver los datos duros a través del cristal de la política electoral, los intereses de grupo o la ideología, en nada y a nadie ayuda.
Ángel Verdugo
A medida que nos vamos acercando al 8 de septiembre, límite fijado por la ley para que el Ejecutivo haga llegar al Congreso el “Paquete Económico”, las declaraciones de algunos interesados en el contenido de algunas de las partes del mismo suben de tono para alcanzar, en unos casos, el insulto y la descalificación total.
A dichas descalificaciones e insultos —“En alguien debe caber la prudencia” solían decir los viejos de antes—, la Secretaría de Hacienda ha respondido con mesura, pero sobre todo, con argumentos sólidos y cifras y datos los cuales, a la fecha, nadie ha rebatido.
El más claro y reciente ejemplo de ello, es la conferencia de prensa y presentación del subsecretario Carlos Montaño sobre “La Evolución del Gasto Corriente” este martes.
Algunos de los interesados han respondido a lo difundido por Hacienda —más que con argumentos y datos sólidos—, con un espectáculo casi circense para consumo de las galerías donde lo que menos interesa es el nivel del gasto corriente; en aquél, lejos de buscar la verdad en los datos duros, sólo pretenden descalificar con cifras manipuladas las cuales —cuidado, se les podría revertir—, carecen del menor soporte.
Por desgracia, todo ahí ha quedado, pues no hay el menor intento de cotejar lo que se ofrece con la información oficial que como dijo el subsecretario Montaño: “… las cifras que estamos presentando aquí, son las cifras correctas…”
El más aguerrido de los declarantes —cuya verborrea, además de incontenible, es lamentable— podría, dado que es legislador,
solicitar al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados que realice un análisis completo del contenido de los documentos que ha dado a conocer Hacienda en materia de deuda de los estados y los niveles de gasto corriente.
El profesionalismo, seriedad y capacidad técnica del personal del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, haría que realizaren una revisión profesional que pondría datos y cifras en su exacta dimensión y, en su caso, haría las rectificaciones que fueren necesarias o ratificaría lo aportado por Hacienda.
Además de la utilidad evidente del trabajo anterior, obtendríamos otro beneficio: dejar de una vez por todas la discusión estéril acerca de los datos proporcionados por el Ejecutivo pues la imparcialidad del Centro está fuera de toda duda, para pasar al análisis responsable de los temas que importan despojado, por fin, de la demagogia electoral que tanto daño genera.
En el manejo de datos, debemos ser muy cuidadosos y actuar con un alto sentido de responsabilidad, particularmente en temas críticos como la deuda de los estados y los montos de recursos públicos que se destinan a éste o a aquel rubro. Ver los datos duros a través del cristal de la política electoral, los intereses de grupo o la ideología, en nada y a nadie ayuda.
Hoy, ante las diferencias entre Hacienda y los que critican sus datos, imaginemos qué pasaría si una entidad imparcial y calificada ratificare la exactitud y corrección de las cifras de aquélla acerca de la deuda de los estados y los niveles de gasto corriente; ¿cómo quedarían los críticos que buscaban, solamente, desacreditar?
¿Les habría pasado aquello de “se les volteó el chirrión por el palito”?
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