México debe mantenerse firme para sostener una base de empleo.
Julio Faesler
La atención nacional, centrada en una diversidad de tópicos como la suerte que nos espera de las turbulencias financieras internacionales o las interrogantes sobre la sucesión presidencial de 2012, encuentra hoy un nuevo asunto no menos importante: el fuerte debate en que se ha convertido el endeudamiento de los estados y su relación con la federación. Los tres asuntos están directamente relacionados.
Es claro que la recesión que está a punto de declararse en los países más industrializados y que ya se prevé con índices de crecimiento de poco más de 1%, repercutirá en nuestra economía por mucho que se encuentre ampliamente protegida contra los primeros embates de las volubles oleadas de inversión.
Nuestro país debe mantenerse firme para sostener una base de empleo y de poder de compra en el mercado interno. En otras palabras, tenemos que valernos por nosotros mismos y no seguir tan atenidos al mercado de EU para confirmar un ritmo en su producción, empleo y poder de compra que no interrumpa nuestro desarrollo socioeconómico.
Lo anterior plantea una de las pruebas más severas imaginables, especialmente si consideramos el grave peso que representa el atraso en el agro y lo incompleto y vulnerable de la industria, agravados ambos por una debilitante política de apertura indiscriminada de mercado que no hemos corregido desde que en los años ochenta se instauró. El escenario que enfrentamos es un formidable reto a la capacidad, la creatividad y determinación de los líderes públicos y privados del país.
Razón para hacer todo lo necesario para no desperdiciar las grandes ventajas de nuestra acreditada solidez financiera nacional, evitando cualquiera imprudencia o irregularidad en las finanzas estatales que la socavasen. Las consecuencias del manejo inaceptable de las deudas públicas de cualquier nivel no las perdonan las estructuras del sistema financiero internacional como lo estamos presenciando en algunos países europeos, en Estados Unidos y que merecidamente ya lo sufrió Coahuila.
Según informes proporcionados en junio de este año a la certificadora, la deuda pública a largo plazo de Coahuila era de siete mil 500 millones de pesos y de dos mil a corto plazo. Esto, empero, quedó desmentido esta semana. La enormidad de un abuso que se quiso registrar ante la Secretaria de Hacienda con decretos falseados, y que ya se ha denunciado, fue el aumento en 17 mil por ciento de una deuda estatal que en 2005 era de 197 millones de pesos y que ahora llega a 33 mil 867 millones, a 30 años, aprobada por un dócil Congreso local. Esta deuda equivale a 48 mil pesos para cada familia coahuilense. El castigo no se hizo esperar. Las certificadoras Fitch y Standard & Poor’s redujeron la calidad de la deuda de categoría de “mx A+!” a “mx BBB”.
El que la Federación acabe siendo garante solidario de los endeudamientos estatales explica la insistencia del PRI en que se reforme la Ley de Coordinación Fiscal a lo que el PAN se opone. Auspiciar endeudamientos estatales no respaldados por las percepciones federales invita a incumplimientos que repercuten en la firmeza del desarrollo general y en cada ciudadano.
La Secretaría de Hacienda ha anunciado un programa de respaldo de Banobras que cubra hasta 50% de las emisiones estatales que cumplan ciertos requisitos mínimos lo que les dará más fácil aceptación en los mercados. Así se introducirá un mínimo de orden en un campo que es crucial atender tanto por las circunstancias internacionales actuales y futuras como por la enorme trascendencia en los programas económicos del siguiente Presidente de la República.
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