El expresidente puede ser condenado a 20 años de cárcel
JOSÉ ELÍAS | Guatemala
"¡Hasta que se le acabó la suerte. Ya era hora!". Esta frase, pronunciada con alivio por una joven universitaria, contrasta con las lágrimas de una decena de incondicionales que llegaron ayer hasta la sede del Constitucional de Guatemala para mostrar su apoyo al hombre que gobernó muy alegremente este país centroamericano entre 2000 y 2004. Los jueces acababan de anunciar que Alfonso Portillo podía ser extraditado a Estados Unidos, país que lo reclama por "conspiración para el lavado de dinero", un delito que puede costarle hasta 20 años de cárcel.
En conferencia de prensa, el presidente del Tribunal Constitucional, Alejandro Maldonado Aguirre, señaló que la decisión fue tomada por unanimidad. En consecuencia, agregó, "queda libre la vía para que Portillo sea puesto a disposición de los tribunales norteamericanos". Los magistrados incluyeron una cláusula en la que piden que se garantice a Portillo un trato digno, el debido proceso y, de ser hallado culpable, que pueda cumplir su condena en Guatemala.
La sentencia, ya inapelable, pone fin a una batalla jurídica iniciada el 26 de enero de 2010, cuando Portillo fue capturado en el Caribe guatemalteco, justo cuando se disponía a huir hacia Belice para escapar de una orden internacional de captura dictada por un tribunal de Nueva York. Según esta, el exgobernante había utilizado bancos estadounidenses para lavar 70 millones de dólares del erario guatemalteco que malversó durante su gestión.
La captura de Portillo fue posible gracias a la acción decidida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entonces bajo la dirección del magistrado español Carlos Castresana. En aquella ocasión, una fuente de la Comisión dijo a este periódico que las continuas llamadas por móvil que Portillo hizo a sus cómplices en la huida para que le surtieran de licor, facilitaron la localización del prófugo.
Huir de la justicia forma parte del perfil del exgobernante. A principios de la década de los setenta, en una noche de borrachera, mató a dos estudiantes de la Universidad de Chilpancingo, en el Estado mexicano de Guerrero, donde Portillo había buscado asilo. Huyó entonces a la capital mexicana. El delito prescribió sin que Portillo fuera procesado.
Tras entregar el poder a su sucesor, Óscar Berger, huyó a México el 18 de febrero de 2004 para evitar ser enjuiciado por múltiples actos de corrupción. Hay documentados cerca de 15 casos de desfalco, que suman seis millardos de quetzales (unos 500 millones de euros) en un país donde el 80% de sus 12,5 millones de habitantes vive por debajo de la línea de la pobreza. Fue extraditado en 2008 y logró su libertad pocas horas después de llegar al país, tras el pago de una fianza de un millón de quetzales (unos 84.000 euros).
En mayo, y merced a un grupo de abogados expertos en retorcer la ley, Portillo y sus ministros de Defensa, Eduardo Arévalo Lacs, y de Hacienda, Manuel Maza Castellanos, fueron absueltos del delito de robo de 10 millones de euros al Ministerio de la Defensa. Seis militares de alto rango, entre ellos el general Enrique Ríos, hijo de Ríos Montt, están implicados en el caso. El fraude, según los peritos de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, superaba los 43,2 millones de euros, pero no se le pudieron imputar porque cuando se solicitó su extradición de México solo se acreditó parte del desfalco. Tanto la Fiscalía como la CICIG apelaron este fallo, y la extradición de Portillo ha tenido que esperar al pronunciamiento definitivo de la justicia guatemalteca.
Tras conocerse la noticia, la Embajada de Estados Unidos hizo circular un comunicado en el que manifiesta su complacencia por el fallo. "La decisión [del Constitucional] envía un importante mensaje: nadie está por encima de la ley", enfatiza.
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