La Casa Blanca gobierna por decreto otra vez

Mike Brownfield

Después de la desastrosa debacle de Wall Street y del discurso a la nación del presidente Barack Obama ayer, surgió una noticia casi inadvertida desde la administración Obama: Por decreto del Ejecutivo, la Casa Blanca está, una vez más, saltándose al Congreso con objeto de impulsar el programa político del presidente.

Es una historia que hemos oído antes. Donde el presidente Obama no puede legislar, utiliza la capacidad de actuar del Ejecutivo para dar cumplimiento a su programa. En el pasado, ha aplicado esa táctica en el rescate de los fabricantes de autos, las regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental y Obamacare. Ahora está utilizando esa forma de proceder para rehacer la Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB) —la más importante ley de educación no universitaria— concediendo a los estados dispensas (bajo condición) a las onerosas prescripciones de NCLB a cambio de que adopten un conjunto de prioridades de unas todavía por determinar políticas educativas del Ejecutivo. La noticia apareció en un anuncio del Departamento de Educación:

Con el nuevo año escolar en ciernes y todavía sin proyecto de ley para reformar la ley educativa federal conocida como Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás, la administración Obama proveerá un proceso para que los estados encuentren alivio de ciertas cláusulas importantes de la ley, supuesto que estén dispuestos a adoptar la reforma educativa.

El Departamento de Educación toma esta acción unilateral para evitarles a los colegios las consecuencias no deseadas de NCLB. Esta ley exige que todos los estudiantes sean competentes en inglés y matemáticas para 2014, un objetivo deseable pero no realista que está aplicando fuerte presión federal a las escuelas. Como resultado, los lideres escolares estatales y locales se han centrado en el cumplimiento de la letra de las normas de Washington, no en las necesidades de los niños a su cuidado. La experta de Heritage Lindsey Burke nos explica que “las dispensas son un mal precedente que ni alivia a los estados en el largo plazo ni resuelve el problema subyacente de la rendición de cuentas que sería más efectiva si estuviese controlada por los padres, no por los burócratas”. Burke dice:

Sortear al Congreso concediendo a los estados dispensas bajo condición exacerbará el historial de décadas de fracasos de Washington para mejorar los resultados educativos. De hecho, el “modelo” del NCLB de la administración es la ley NCLB potenciada y magnificada — inflando fuera de medida el papel federal en la educación mediante un llamado a la equidad de recursos entre las escuelas y mediante estándares y exámenes iguales en toda la nación.

Uno podría pensar que si hay un problema con NCLB, entonces el presidente le pediría al Congreso que cambiase la ley. Pero el proceso legislativo de esta ley de 600 páginas no se ha movido lo suficientemente rápido para su gusto, así que la administración ha recurrido a las dispensas rápidas para completar el cambio ese en el que cree. El senador Tom Harkin (D-IA) salió en defensa de la Casa Blanca, culpando a los republicanos de la Cámara de retrasar el proceso legislativo y dijo que está justificado que el presidente actúe por su cuenta:

Este Congreso confronta problemas reales para alcanzar acuerdos bipartitos en las dos cámaras para cualquier cosa. Dadas las mal aconsejadas y partidistas propuestas de ley que la mayoría de la Cámara decidió presentar, comprendo la decisión del Secretario Duncan de proceder con un conjunto de medidas de dispensa para dar algún respiro temporal mientras el Congreso acaba su trabajo.

Harkin no es el único en la izquierda que lamenta la lentitud del proceso legislativo. En This Week on Sunday, de la cadena ABC, la comentarista Cokie Roberts lamentó amargamente el hecho de que la separación de poderes del sistema político de América crease las circunstancias que llevaron a la decisión de Standard & Poor’s de degradar la calificación crediticia de Estados Unidos: “[E]l problema que tenemos aquí es la Constitución de Estados Unidos, que en realidad no exige de la gente que se una desde sus diferentes perspectivas, tanto si es un gobierno dividido como si no. Tenemos ramas divididas del gobierno bajo cualquier circunstancia”.

La Casa Blanca es bien consciente del “problema” de la separación de poderes. En una conferencia de prensa ayer, se preguntó repetidamente al vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, dónde estaba el “sentimiento de urgencia” del presidente Barack Obama a la luz de la decisión de Standard & Poor’s de rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos y si el presidente debería llamar al Congreso a que entre en sesión para atender el problema. ¿Su respuesta? “La realidad en que vivimos es —como fijaron los fundadores— un gobierno que tiene diferentes ramas con diferentes poderes y necesitamos trabajar juntos para conseguir que se haga lo importante que está pendiente y continuaremos haciendo eso”.

Aunque Carney dice que la Casa Blanca intentará “trabajar juntos para conseguir que se haga lo importante”, los hechos de la administración esta semana en el asunto educativo no reflejan ese sentimiento. De hecho, chocan frontalmente con las propuestas pendientes en el Congreso para restaurar el control estatal y local sobre la educación y empezar a reducir el papel de la federación en lo educativo. Burke explica que el Comité de Educación y la Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes ha terminado un importante trabajo sobre las principales propuestas para devolver a los estados el control sobre la educación y dar el poder a aquellos más cercanos a los estudiantes. Pero dar el control al pueblo no es el objetivo de la administración Obama. En vez de eso, quiere extender los tentáculos de Washington hasta las escuelas locales.

El gobierno federal ha fracasado totalmente en mejorar los resultados educativos de América y ahora la administración Obama ha agarrado el timón del gobierno y nos lleva más hacia un camino sin salida. Las dispensas con condiciones para la NCLB no son la respuesta. Al revés, el Congreso debería permitir a los estados la opción de salirse completamente de NCLB mediante propuestas que sean aprobadas por el Congreso. Entretanto, puede que la Casa Blanca quiera tomar una lección de gobernanza constitucional.