17 agosto, 2011

¿México, en el camino de la degradación crediticia?


Enrique Campos Suárez

La calificación crediticia de México es baja dentro de los escalones del grado de inversión porque este país no ha tenido la capacidad política de sacar adelante cambios estructurales que le permitan algo más que mantener sus finanzas públicas sanas.


El debate sobre el papel de Standard and Poor’s (S&P) y la rebaja en la nota perfecta de la calificación crediticia de Estados Unidos ha puesto de relevancia el papel que tienen los tomadores de decisiones en las cuestiones económicas y de desarrollo.


Porque mientras Fitch Ratings deja intacta la “AAA” de la deuda estadounidense por considerar que los pilares que dan fortaleza a sus finanzas están inalterados, la polémica agencia calificadora que ahora es investigada por el gobierno de Washington considera que la actuación política sin duda influye.


Es posible que a estas alturas ya hayamos olvidado qué enojados andaban los políticos mexicanos en noviembre del 2009 cuando la calificadora Fitch Ratings bajó la nota mexicana de “BBB+” a simplemente “BBB” por la baja capacidad fiscal del gobierno.


Eran los tiempos de la gran recesión y quedaba claro que México era una economía fiscalmente dependiente del petróleo que, con el marco fiscal que tiene vigente, no tiene más que un escaso margen de maniobra ante contingencias.


Nadie debe vivir para agradar a las calificadoras, pero tiene que entenderse que son empresas lucrativas que simplemente son el mensajero de lo que a los mercados gusta y lo que no. Una buena calificación implica reputación y recursos. Una mala nota implica el castigo y el abandono de los dólares.


Lo que hoy se anticipa para México es ubicar al país en un riesgo de perder ese primer escalón en el grado de inversión. Porque lejos de estar tomando las decisiones prudentes para reformar las carencias fiscales, lo que parece buscarse es crear hoyos más grandes y más peligrosos que satisfagan las ambiciones políticas a cualquier costo.


Las amenazas del PRI a condicionar la Ley de Seguridad Nacional y hasta la retrasada nominación de los consejeros del IFE a que obtengan más recursos para gastarlos sin control es un paso más hacia ese camino de la degradación.


Ninguna de las tres firmas calificadoras más importantes pondrán atención a la falta de un marco legal que regule la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen, ni tampoco tendrán atención al incompleto árbitro electoral tan cerca de las elecciones federales.


Tampoco les importará si los políticos se insultan y si usan radio, tele o periódicos para hcerlo. Pero sí estarán atentos al resultado de la negociación del paquete económico para el próximo año.


El mejor escenario -a estas alturas en que no es posible pensar en cambios estructurales aunque urjan- es mantener un esquema de gasto ingreso que se parezca mucho al vigente.


Si en esa embriaguez que produce el año electoral los partidos políticos buscan alterar la estabilidad financiera para gastar con fines de lucro político, las calificadoras podrían resolver algo similar a lo que S&P hizo con Estados Unidos: la política estorba a la economía.


Y sobran las formas de hacerlo. Desde aumentar por mayoría irreflexiva de votos el monto destinado a los estados hasta disminuir los ingresos vía el regalo electoral de una baja de impuestos.


Lo que han demostrado en estos días los partidos políticos es que no les importan las consecuencias de sus actos. Y que están dispuestos a aumentar sus beneficios presupuestales cueste lo que cueste.


Un deterioro financiero de Estados Unidos, combinado con esa irresponsabilidad política en el Congreso, puede acabar por comprometer la estabilidad económica de México. Lo malo es que no lo creen.

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