Operación Rápido y Furioso: El escándalo continúa

Mike Brownfield

Una investigación acerca de tráfico de armas del gobierno de Estados Unidos que salió horriblemente mal y resultó en la muerte de un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, unas 2,000 armas de fuego en manos criminales y el despido de un oficial de la policía con 24 años de experiencia. Esta es la historia de la Operación Rápido y Furioso y ayer se desveló su capítulo más reciente cuando dos oficiales de alto rango asociados con la operación tuvieron que dejar sus puestos y un tercero dimitió.

La historia comienza en otoño de 2009, cuando la sucursal en Phoenix, Arizona, de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) empezó a vender armas a compradores de poca monta con la esperanza de poder rastrearlas y llegar así a grandes traficantes de armas en la frontera suroeste y en México. Sus intentos fracasaron, el número de armas no localizadas a finales de julio rondan las 1,500 y unos dos tercios de esas armas acabaron en México, según testimonio ante el Congreso.

De forma trágica, la fracasada operación ha tenido serias consecuencias. En la noche del 15 de diciembre de 2010, dispararon y mataron al agente de la patrulla fronteriza Brian Terry durante un intento por capturar a varios bandidos que tenían como objetivo a inmigrantes ilegales en Arizona, cerca de la frontera. Cuando la policía llegó a la escena, descubrieron que dos de los rifles de asalto de los homicidas estaban entre los vendidos como parte de Rápido y Furioso. Además, también se ha relacionado 57 armas del caso Rápido y Furioso con otros 11 delitos violentos en Estados Unidos.

En diciembre de 2010, el agente de la ATF Vince Cefalu habló acerca de la operación antes de que aparecieron las primeras noticias sobre la historia en febrero. FoxNews.com informa de que Cefalu dijo en esas fechas: “Dicho simplemente, dejamos a sabiendas que cientos de armas y decenas de criminales identificados cruzaran la frontera”. Otros agentes más tarde dieron un paso al frente, se han mantenido audiencias en el Congreso y el presidente Barack Obama calificó la operación como “un grave error”. Sin embargo se obligó a Cefalu a renunciar.

Ayer se produjeron más cambios de personal relacionados con Rápido y Furioso cuando el Departamento de Justicia (DOJ) anunció que Kenneth Melson, director en funciones de la ATF, que dirigió la operación, va a ser reemplazado y transferido a la Oficina de Política Legal donde trabajará como asesor principal en ciencias forenses. Lachlan Markay, de Heritage, informa de que “Melson fue a contracorriente de sus superiores del Departamento de Justicia en el mes de julio al revelar detalles sobre esta operación a los investigadores del Congreso en una audiencia a puertas cerradas con el congresista Darrell Issa (R-CA) y el senador Charles Grassley (R-IA) que han estado investigando la operación desde sus respectivos cargos.”.

También en martes, el fiscal de Estados Unidos para Arizona, Dennis Burke, anunció su dimisión. The Hill informa de que “Burke supervisó varios aspectos de Rápido y Furioso, asesorando a los agentes implicados”. Y el Arizona Republic informa que el principal procurador que dirigía los casos relacionados con Rápido y Furioso en la oficina de Burke fue también reasignado a otras tareas el martes. Issa, que ha dirigido la investigación del Congreso sobre el caso, dijo que incluso tras las noticias de ayer, continuará buscando respuestas:

Aunque el temerario desprecio por la seguridad que tuvo lugar en la Operación Rápido y Furioso indudablemente amerita cambios dentro del Departamento de Justicia, el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno continuará su investigación para asegurarse de que la culpa no recaiga solamente en unas cuantas personas por un asunto que involucró [gente a] niveles mucho más altos en el Departamento de Justicia.

Mientras tanto, la Casa Blanca ha dicho poco sobre Rápido y Furioso. En junio, el presidente Obama dijo en una conferencia de prensa: “Mi procurador general ha dejado claro que él no habría ordenado introducir armas en México. . . Esa no sería una actuación correcta por parte de la ATF”. Después, desvió las siguientes preguntas citando una “investigación en curso”. Y el vocero Jay Carney dijo previamente que el presidente “no sabía de esta operación ni la autorizó”. Pero como señala Rory Cooper, de Heritage: “Si ese es el caso, ¿cómo podían no saber él y el procurador general de la república Eric Holder sobre una operación en la que todos los demás en el Departamento de Justicia parecían estar activamente implicados, incluyendo al subprocurador de Justicia de Estados Unidos, al procurador federal para Arizona y al máximo responsable de la ATF?”

Y si la Casa Blanca ha estado silente, también lo han estado los medios de comunicación. Van 57 días desde que la prensa preguntó a la Casa Blanca sobre el tema, cuando Jake Tapper, de ABC, preguntó repetidamente al vocero de prensa Jay Carney sobre este asunto, preguntando por qué el público sabe tan poco sobre la historia, qué está haciendo la administración para llegar al fondo del asunto, si el director interino de la ATF iría al Capitolio a testificar sobre ello, si hay algo de lo que la Casa Blanca esté preocupada y si el presidente estaba disgustado acerca del caso. La respuesta de Carney: Remitió a Tapper al Departamento de Justicia y comentó “creo que Ud. podrá asumir que el presidente se toma esto muy en serio”.

El presidente debería tomárselo en serio. Y también debería hacerlo el pueblo americano. La ATF vendió armas a criminales en México, se ha perdido una vida y se han cometido delitos con armas traficadas por el gobierno federal. Y sin embargo, escandalosamente, quedan preguntas para la administración que se llamaba a sí misma “la más transparente en la historia”. Es hora de que haya más respuestas.