¿Qué le hicimos a nuestra fuerza pública?

Luis González de Alba

1. Ya no entiendo: un grupo criminal establece que una ciudad o porción de ciudad es su coto privado de cacería; lo declara, literalmente, “por sus pistolas”: impone tarifas de protección al estanquillo y al gran negocio.


Para que no le pase nada, el estanquillo debe entregar 500 pesos semanales porque “no vaya a ser que su negocito se le queme, con su pago le garantizo que no ocurrirá, es un seguro…”. El casino tiene cuota de 130 mil semanales.


El grupo criminal C cuida que ni el D ni el E se metan en lo que considera territorio ganado: el trasiego de droga hacia EU, su venta al menudeo, el secuestro, la extorsión, el robo, la venta de seguridad y el cobro por derecho de paso lo monopoliza un grupo. Si otro invade su territorio hay guerra y aparecen descabezados los de la competencia.


2. Un día no paga alguno de los “protegidos” porque no tiene o no quiere y confía en la ley. Por eso le queman el casino, ¿y nos dicen que es culpa de la autoridad por combatir esos grupos? Con pagar la protección contra incendio se hubiera evitado que cumplieran sus amenazas.


Casi no se puede creer, pero eso se está afirmando en comentarios impresos y en redes sociales: la culpa es de quien persigue a los criminales porque, si no lo hiciera (y los extorsionados pagaran sus cuotas) estaríamos en paz.


Salvo que parte del territorio nacional sería ajeno al Estado.


3. Y aún más: desde el Centro Cultural José Luis Borgues, el ex presidente Fox llama “al gobierno federal a convenir una tregua entre los grupos de delincuencia organizada”. El gran Bocotas olvida que si una autoridad lograra sentar juntos al Chapo y a sus competidores (que se están matando y descabezando por las plazas, pero atenderían el llamado presidencial a reunirse…) estaría obligada, por ley, a aprehenderlos. De no hacerlo, estaría también cometiendo varios delitos graves.


4. Todos los días alguien clama por “un cambio de estrategia”, pero no he leído otra propuesta concreta que la presentada por Jorge Carpizo y la UNAM, que no es fácil ni de leer para el que propone la tregua.


En el capítulo 5, Manos a la obra, la Conferencia Interamericana sobre Seguridad y Justicia propone, en efecto, un pacto, pero es “para reorientar nuestras instituciones de seguridad y justicia en democracia”, no entre la autoridad y los criminales.


Con los hijos de puta no se pacta. El problema es que las propuestas vienen en 36 puntos y comienzan en la página 35… imposible que Bocotas lea tanto.


Dos puntos clave de la propuesta: 25: Despenalizar aquellas conductas que no atentan en forma importante contra la sociedad (…). 26: Transformar los ministerios públicos en verdaderos órganos constitucionales autónomos, eficaces y ágiles, (…) creación de una verdadera carrera ministerial, autonomía presupuestal y autonomía técnica de los fiscales, para combatir la corrupción, la impunidad y alejar a esta importante función de cualquier consideración política.


5. Un ejemplo de la incapacidad de nuestros policías lo vimos en días pasados: No es una anécdota más: que dos machines con voz de mujer y chaleco vaquero insulten con boca de padrote, golpeen, abofeteen y zarandeen a un policía en Polanco, DF, sin que éste las detenga, espose y presente a un juzgado es que nuestros policías no sirven para nada. No son capaces ni de defenderse a sí mismos, menos a nosotros. Los paraliza el temor a perder su trabajo.


Eso lleva a otra pregunta: ¿qué les hemos hecho, como sociedad, a nuestras fuerzas públicas que tienen pánico de actuar cuando deben? La delegada de Tláhuac que dejó quemar vivos a dos policías sigue impune.


Los que en Atenco ataron y rociaron de gasolina a dos funcionarios que llegaron a negociar, siguen impunes porque, finalmente, no les acercaron un cerillo…


El SME, Antorcha, decenas de grupos saben que pueden tomar vialidades, bloquear avenidas, golpear a quien los mire feo o se atreva a sonar su claxon al toparse con calles cerradas. No les pasará nada.


No son las acciones del presidente Calderón, sino la falta de acción por decenios, lo que nos tiene envueltos en violencia.


No sabemos de límites: nuestros gobiernos mataban manifestantes pacíficos, ahora no deshacen bloqueos ni responden ante dos arpías que insultan con clasismo feroz y emplean el honesto adjetivo asalariado como ofensa. Asalariado es el Presidente de la República. Las putas no.


De cómo los ricos lo vuelven a ser después de la Revolución, Olga (Planeta, 2010).