Aun cuando la rápida marcha de los rebeldes libios en Trípoli representa un nuevo hito en la Primavera Árabe, que ya completa siete meses, el complejo proceso de devolver activos presuntamente robados por los depuestos líderes de la región apenas ha comenzado.
Los nuevos regímenes de Túnez y Egipto —que están bajo intensa presión del público árabe para que departan justicia— están lidiando con una gama de dificultades legales vinculadas con recuperar millones congelados en Suiza, el Reino Unido y otros países europeos. En Suiza, el proceso de recuperar dinero de casos de corrupción que involucran a políticos extranjeros es tan complicado que funcionarios suizos ahora están ayudando a países árabes a entenderlo.
"Hay un deseo de resultados rápidos", dice Amir Shaikh, asesor legal del Banco Africano de Desarrollo, que está ayudando al gobierno tunecino a recuperar activos vinculados con el derrocado líder Zine El Abidine Ben Ali. "La paciencia será un gran reto en esto".
En Egipto, el ex presidente Hosni Mubarak y sus dos hijos están en juicio por corrupción y complicidad en la muerte de manifestantes. En Túnez, Ben Ali, quien ya ha sido condenado en tres juicios distintos por malversación de fondos, corrupción y otros delitos, aún encara decenas de otros cargos. Los tres Mubarak y Ben Ali han rechazado los cargos.
En Libia, el proceso de devolver decenas de miles de millones de dólares supuestamente pertenecen al régimen del Coronel. Moammar Gadhafi seguirá una vía distinta a la de los activos egipcios y tunecinos. El dinero libio fue congelado debido a sanciones políticas ordenadas por las Naciones Unidas en respuesta a los ataques de Gadhafi contra su propio pueblo. Como resultado, la ONU puede autorizar la liberación de fondos congelados con una nueva resolución, aun cuando esa medida debe conseguir la aprobación de miembros como China y Rusia, que han criticado los ataques de la OTAN contra las fuerzas de Gadhafi.
Unos US$37.000 millones en activos libios están actualmente congelados por Estados Unidos. EE.UU. presentó el miércoles una resolución ante la ONU para autorizar la transferencia de unos US$1.500 millones de este dinero a Libia para necesidades humanitarias. Buena parte de ese monto sería administrado por los rebeldes pero parte también por organizaciones no gubernamentales, dijo un funcionario estadounidense. Como los activos actualmente están congelados bajo una resolución de la ONU, EE.UU. dijo que necesitaba autorización del organismo antes de liberar el dinero.
La Unión Europea ha sancionado a compañías estatales y al propio Gadhafi y su familia. Si levanta las sanciones a las compañías estatales, los bancos automáticamente estarían obligados a liberar tales activos. Sin embargo, Gadhafi y su familia probablemente seguirán sujetos a las medidas. Sin embargo, solamente si un futuro régimen libio logra demostrar que estos activos son el resultado indebido de actos de corrupción éstos serían confiscados y entregados a Trípoli.
En cambio, países como Suiza congelaron activos tunecinos y egipcios por la sospecha de que el dinero se había obtenido mediante actos de corrupción por parte de los líderes de tales países. Por ello, los fiscales tunecinos y egipcios tienen que proveer pruebas de corrupción, lo cual puede tomar meses o años, antes de que los activos puedan devolverse.
Túnez hasta ahora ha identificado al menos 12 países donde Ben Ali y sus allegados tienen dinero, lo cual podría sumar miles de millones de dólares, dice Shaikh, del Banco Africano de Desarrollo. Sin embargo, ni Egipto ni Túnez hasta ahora han logrado conectar el dinero depositado, por ejemplo, en Suiza, con delitos presuntamente cometidos por ex líderes de dichos países, dice un funcionario suizo. Las autoridades egipcias dicen no saber dónde están todos los activos de Mubarak o cuánto suman.
Aun así, Suiza, ansiosa por librarse de su imagen de refugio para dinero de cleptócratas, está adoptando medidas extraordinarias para guiar a los nuevos regímenes árabes por el proceso de recuperación de activos. Ordenó un congelamiento de todos los activos perteneciente al régimen de Ben Ali cinco días después de su destitución, y luego emitió un congelamiento similar apenas 90 minutos después de la renuncia de Mubarak.
Valentin Zellweger, jefe de derecho internacional del ministerio de asuntos exteriores de Suiza, es el principal funcionario del país encargado de ayudar a Túnez y Egipto a recuperar el dinero. Zellweger, diplomático de carrera, gestionó dos asuntos que se convirtieron en casos de estudio de la dificultad de devolver activos robados. Uno implicaba activos depositados por el depuesto presidente haitiano Jean-Claude Duvalier. El otro era por dinero depositado por Mobutu Sese Seko, ex presidente de Zaire, ahora conocida como República Democrática del Congo, quien murió en 1997.
En el caso de Mobutu, la negativa de Congo a emprender acciones legales contra el líder significó que Suiza debió devolver 7,5 millones de francos suizos (US$9,5 millones) a sus herederos en 2009. De manera similar, como Haití no presentó cargos contra Duvalier, Suiza encaraba la posibilidad de devolver US$5 millones, congelados en 1984, al dictador depuesto. En cambio, Zellweger encabezó la aprobación de una nueva ley el año pasado que permite la devolución de activos por Suiza aun cuando el país que ha sido víctima no coopera. El despacho de Zellweger recientemente comenzó el trámite para devolver el dinero de Duvalier a Haití.
Cuando el despacho de Zellweger recibió de las autoridades egipcias una solicitud formal de ayuda para la devolución de 410 millones de francos congelados en bancos suizos en marzo, buscó encausar los casos desde el comienzo por la senda correcta.
En una reunión, los suizos explicaron a fiscales y funcionarios del ministerio de justicia de Egipto lo que Berna necesitaba para abrir un caso formal de corrupción que pudiera llevar a la devolución de los activos. Advirtieron que cualquier paso en falso podría abrir la puerta a apelaciones por parte de parientes o allegados de Mubarak.
El proceso es complejo. Las autoridades egipcias están procesando a algunos funcionarios por un delito llamado enriquecimiento ilícito, que no existe en Suiza. Por ello, los suizos han sugerido maneras en que las pruebas reunidas en tales casos podrían ayudar en Suiza para un proceso legal por fraude. "Demostraron su predisposición para ayudarnos por todos los medios necesarios", dice Assem el Gohary, viceministro de justicia, quien encabeza el proceso de recuperación de activos de Egipto.
Zellweger describió las tácticas legales que las autoridades usaron en antiguos casos de recuperación de activos, en particular el retorno de US$700 millones pertenecientes al ex líder nigeriano Sani Abacha. Zellweger luego ofreció la ayuda técnica de un juez suizo con mucha experiencia en casos de corrupción extranjeros.
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