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El viernes por la tarde, un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 11° Circuito de Estados Unidos en Atlanta dictaminó que el mandato individual en la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA), más comúnmente conocida como Obamacare, es inconstitucional. El cuidadosamente redactado y profundo conjunto de opiniones (más de 300 páginas) puede ser un poco abrumador para los legos, pero son un placer para aquellos de nosotros que piensan que las palabras de la Constitución en realidad significan algo más allá de lo que un activista del Congreso, presidente y juez complaciente quieran que signifiquen.
La decisión es importante por varias razones.
En primer lugar, pone fin al cuento chino de que la justicia en Obamacare es un asunto partidista, en el que los jueces nombrados por republicanos juzgan de una manera mientras que los nombrados por los demócratas juzgan de otra. La decisión de hoy fue co-escrita por el juez Frank Hull, un nominado de Bill Clinton, tanto para la Corte de Distrito y como para su puesto actual en la Corte de Apelaciones.
La segunda es que esta decisión prácticamente garantiza que la Corte Suprema escuche el caso. Las partes demandantes en otro caso de la Corte del 6º Circuito ya han solicitado a la Corte Suprema que atienda su petición en una disposición idéntica a la que se acaba de dictaminar. Aunque la Corte Suprema solo ve unos 80 casos por año, cualquiera de estos tres factores haría que la alta corte escuchara el caso: Que un total de 28 estados están cuestionando la constitucionalidad de una ley federal (26 solo en esta causa), que hay una división entre circuitos judiciales federales sobre un asunto importante de la ley federal, y que cualquier corte de un circuito federal anule cualquier ley federal (aún menos importante que esta). Ahora que se dan las tres condiciones al mismo tiempo, la Corte Suprema difícilmente se negará a escuchar el caso.
La tercera es que es mucho más probable que con el fallo de hoy que la Corte Suprema escuche el caso en su próximo período de sesiones que comienza el 3 de octubre y probablemente pueda alcanzar una decisión para finales de junio de 2012. Aunque la administración Obama tiene la opción de pedir al 11º Circuito al completo que vuelva a escuchar su caso en pleno, eso es algo muy poco probable por una variedad de razones, incluyendo que los 26 estados y la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) que ganaron el caso hoy originalmente pidieron que su caso fuera escuchado por el 11º Circuito en pleno debido a que el tiempo era de vital importancia. La administración Obama se opuso a esa solicitud la primavera pasada. Es muy poco probable que la corte de circuito esté de acuerdo con un nuevo retraso dado este historial, incluyendo los reproches del juez de distrito de la Florida Roger Vinson a la administración Obama por sus tácticas dilatorias cuando el caso estaba en la corte de distrito.
En resumen, la administración Obama ha perdido su batalla de retrasar hasta después de las elecciones de 2012 la revisión del mandato individual. Hasta ahora, había al menos una posibilidad de que la Corte Suprema no viera el caso hasta después de su próximo período de sesiones, pero ahora, con la división entre el 11º Circuito y el 6º Circuito, la Corte Suprema no tiene más remedio que escuchar el caso y decidir la suerte del mandato de compra obligatoria. Después de más de un año de tácticas dilatorias, a la administración Obama no le quedan más opciones que llegar lentamente a la fase final del desafío constitucional del mandato. Calculamos que este caso se expondrá a finales de marzo o en abril de 2012. La Corte Suprema emitirá su decisión al final de su período de sesiones en junio, en plena temporada para la nominación presidencial.
La opinión del 11º Circuito es también un cuidadosamente concebido y sólidamente argumentado dictamen que aborda apropiada y centradamente el asunto ante la corte, no hay gestos ampulosos ni discusiones irrelevantes de política en la opinión del 6º Circuito. Más que un mero juicio, se trata de una afirmación convincente y elegante de nuestra estructura constitucional, que incluso puede influir en el ala progresista de la Corte Suprema con su inquietud por la libertad y la responsabilidad política.
Un significado más de esta decisión es que proporciona una hoja de ruta para la Corte Suprema sobre la manera de dejar sin efecto la disposición del mandato individual y aún salvar parte de la ley Obamacare. Creemos que parte de la opinión de la corte (sobre la nulidad parcial) es un error y que Obamacare al completo debe derogarse como cuestión legal. Sin embargo, hay que admitir que el tema de la nulidad parcial es ciertamente muy reñido y que los magistrados de la Corte Suprema están mejor capacitados para decidir su suerte que una corte de menor rango. Esta nueva opinión ofrece a la Corte Suprema otra opción bien argumentada. También les pone las cosas aún más difíciles a aquellos que quieren confundir a la opinión pública con la idea de que los jueces que votaron a favor de derogar la ley eran una especie de ideólogos antigobierno.
Por último, la opinión de la mayoría es no solo más completa y rigurosa, sino que su conclusión es clara y precisa:
[E]l alcance expansivo del mandato individual es impresionante. Regula a los que no han entrado para nada en el mercado de la atención médica. Regula los que han entrado en el mercado de la atención médica pero que no han entrado en el mercado de seguros (y que no tienen intención de hacerlo). Es sobreincluyente cuando regula: Mezcla a los que actualmente usan atención médica con los que no lo harán hasta dentro de muchos años. La posición del gobierno equivale al argumento de que el simple hecho de que una persona exista afecta sustancialmente el comercio interestatal y, por lo tanto, el Congreso puede regular a la gente en cada momento de su vida. Esta teoría no concede limitación de principios en los que confinar el poder enumerado del Congreso.
La afirmación de poder del gobierno federal bajo la Cláusula de Comercio para expedir un mandato económico a los americanos de que adquieran un seguro de una empresa privada por toda la duración de sus vidas no tiene precedentes, carece de límites reconocibles y pone en peligro nuestra estructura federalista.
Bravo. En respuesta a la famosa pregunta de Ben Franklin: Todavía tenemos una república y todavía hay grandes esperanzas de que los amantes de la libertad seamos capaces de defender nuestra república con su noble y maravillosa Constitución.
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