Van por jefe de Los Zetas; buscan a otros siete por atentado
El gobierno estatal señala que son doce las personas que participaron en el ataque contra el Casino Royale de Monterrey
Raúl Flores Martínez
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MONTERREY, 31 de agosto.— Las pesquisas que realiza la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León en torno al cártel de Los Zetas y los sicarios que están involucrados en el incendio y homicidio de las 52 personas del Casino Royale ha rendido frutos al tener los nombres y perfiles de los involucrados, entre los cuales destaca el jefe de plaza de este organización criminal, quien está catalogado como el autor intelectual del multihomicidio.
Hasta el momento se ha podido determinar que los sicarios de Los Zetas, además de dedicarse a la extorsión de grandes y pequeños negocios, también realizan narcomenudeo, secuestro, homicidio, robo de auto y cobro de piso.
Esta información fue proporcionada al propio gobernador del estado, Rodrigo Medina, quien aseguró que son doce los participantes en el atentado, entre los que se encuentra el autor intelectual.
“Identificamos a más personas directamente involucradas en el diseño y ejecución del homicidio colectivo del jueves pasado del Casino Royale. Todas nuestras capacidades, nuestro concierto con las autoridades federales están desplegadas para lograr su captura”, dijo.
La información fue confirmada por el jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, quien aseguró en conferencia de prensa conjunta con el gobernador Medina que se iniciarán los operativos conjuntos para la detención de los integrantes de Los Zetas.
“Tenemos identificada la estructura criminal que está operando en el estado por parte de Los Zetas, los mandos regionales y estatales que están operando aquí, próximamente con el despliegue que tenemos aquí vamos a empezar a tener operaciones y resultados de lo que se está generando”.
Entre los datos que se tienen dentro de la Agencia Estatal de Investigación sobre el grupo delictivo de Los Zetas, está el perfil de los sicarios que son reclutados en colonias populares como la Independencia, Juárez, La Campana, entre otras.
La edad de la fuerza armada de la organización criminal oscila entre los 17 y 26 años, en su mayoría hombres; sin embargo en los últimos meses se ha detectado el incremento de la participación de las mujeres que son utilizadas como halcones; así no levantan sospecha.
Las armas que traen en camionetas o vehículos robados son rifles AK-47 conocidos como cuerno de chivo, por lo menos cinco cartuchos con 30 balas cada uno, pistolas escuadras —calibre .9mm, .380 ó .40— también con cinco cargadores y tres granadas de mano.
Así operan las bandas regias
De acuerdo con “Sánchez”, elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones que solicitó se guardara la identidad por seguridad, la transportación de las células de Los Zetas en la ciudad de Monterrey se realiza en camionetas de lujo de reciente modelo o en su defecto en autos compactos, siempre acompañados de sus niñas (cuernos de chivo).
En la ciudad, el papel de la mujer dentro de la “maña” (término que se utiliza para el crimen organizado) juega un papel fundamental. “Aquí las morras están buenonas y eso lo utilizan para envolver a los compañeros que no le entramos a esas cosas, te envuelven, te invitan una copa, salir o tener sexo y una vez en la calle o en su casa son levantados y ejecutados”
En Monterrey, los taxistas no son utilizados como halcones. “Eso ya pasó de moda. Ellos son los primeros que ubican las autoridades, todos saben que en otros estados son los efectivos, aquí no sirven los celulares o radios de frecuencia; aquí son los nextel la manera de comunicarse entre ellos mismos”, aseguró Sánchez.
Con la detención de narcomenudistas o integrantes de Los Zetas en distintos municipios se ha tratado de llevar una lista sobre las claves y sobrenombres con los cuales se comunican.
A los marinos les llaman popeyes, los del agua y a sus camionetas les dicen las rapiditas o las grises. A los del Ejército, los verdes, huachos, rudos o los tapa-plana; ahora a los elementos de la Policía Federal los han llamado los azules o los artistas, por eso de que salen mucho en la televisión.
Dentro de la radiografía delincuencia del estado se ha logrado establecer un mapa que se compone por áreas críticas; es decir la zona metropolitana de Monterrey que estaba controlada por Los Zetas: San Pedro Garza García y Guadalupe (al sur), Apodaca (oriente) y San Nicolás de los Garza y General Escobedo (norte), mientras que el poniente y partes del centro de la capital regia las compartían con otros cárteles como el del Golfo y el de Sinaloa. En Guadalupe y Apodaca ocurre el mayor número de enfrentamientos, ejecuciones y levantones.
También se ha establecido que en la periferia de Monterrey está surgiendo una nueva organización criminal denominada Los Zetillas, compuesta por jóvenes de 12 a 20 años que tienen un familiar ya sea hermano o primo dentro de Los Zetas; estos jóvenes se encargan de robar vehículos, distribuir droga y en ocasiones son protagonistas de batallas en la Macroplaza.
Dueño escapó del país
Raúl Rocha Cantú, dueño del Casino Royale, se marchó del país, pese a que autoridades estatales y federales le giraron órdenes de presentación, por lo que ya se pidió apoyo internacional para ubicarlo.
El procurador de Justicia estatal, Adrián de la Garza Santos, y el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, José Cuitláhuac Salinas Martínez, confirmaron lo anterior durante la conferencia de prensa en la que fueron presentados cinco de los detenidos por el acto criminal.
De la Garza Santos, sin expresar el nombre del empresario, subrayó que “desde los primeros momentos del hecho se giraron órdenes de presentación, tanto locales como del fuero federal”.
En los procedimientos, mencionó, se ha interrogado a familiares y allegados “de quien aparece como dueño” de la empresa CYMSA Corporation y/o Entertainment Enterprises of México, operadora del Casino Royale.
Los asesinos desechables
Es políticamente incorrecto afirmar, ante una tragedia de esta magnitud, que los grupos criminales se han debilitado. Pero es verdad.
Jorge Fernández Menéndez
Fueron presentados cinco de los participantes en el incendio del Casino Royale en Monterrey. Son, como alguna vez les dijo uno de los líderes de Los Zetas en Monterrey a unas personas que tenía secuestradas y luego liberaron, sicarios, figuras desechables, ladrones de poca monta que han ido escalando en forma demasiado rápida la pirámide social del crimen y han pasado en unas pocas semanas de ladrones de autopartes a sicarios sin escrúpulos.
El caso más notorio de los cinco detenidos es el de Julio Berrones, que apenas en julio del año anterior había sido apresado cuando huía, armado, de la policía, en un automóvil que acababa de robar. Fue detenido, presentado ante el Ministerio Público, llevado ante el juez, y le dieron cinco años de condena. A las pocas semanas estaba en libertad porque el sistema de preliberaciones había considerado que un hombre que estaba armado, que huía de la policía y había robado un carro (aunque usted no lo crea, se roban 80 carros diarios en Monterrey), como era un primodelincuente, o sea, que no había sido condenado por un delito anterior, no era peligroso y podía regresar a las calles. Así fue y este hombre es hoy uno de los responsables de haber provocado la muerte de más de medio centenar de personas inocentes, la mayoría amas de casa que estaban jugando bingo en el Casino Royale.
Es políticamente incorrecto afirmar, ante una tragedia de esta magnitud, que los grupos criminales se han debilitado. Pero es verdad: en todos los cárteles, el nivel operativo, la capa de mandos altos y medios que realmente operaban el negocio e incluso los grupos de sicarios, que los jefes de esas organizaciones formaron durante años, se han ido desmoronando con los ajustes de cuentas y las detenciones. En algunos casos los jefes han caído y los personajes de segundo o tercer niveles se han hecho con el control de los cárteles, como ocurrió con muchos, por ejemplo, Los Zetas, La Familia o el grupo de La Barbie. En todos, la norma ha sido la incorporación, lo más masiva posible, de jóvenes pandilleros, de simples miembros de la delincuencia común que de repente se han convertido en sicarios u operadores del crimen organizado.
Pero como las estructuras también han sido golpeadas y las reglas de antaño se han perdido, se requieren recursos extra y éstos salen de la extorsión, el robo, el secuestro, el narcomenudeo. Sin embargo, entonces se requiere controlar territorios para esos negocios y son muchos los involucrados y todos se conocen porque provienen del hampa común, de las pandillas, de las colonias marginales. Y para controlar ese territorio se imponen las ejecuciones y los ajustes de cuentas, mas también las extorsiones, el terror contra la gente. Si en el pasado hubo jefes y operadores que comprendían que eso arruinaba el negocio, hoy ello se ignora porque lo que se impone es una simple ley, un objetivo de sobrevivencia.
Esos son los asesinos del Casino Royale, pero también los de San Fernando, los de Guerrero, Michoacán, Ciudad Juárez, Tamaulipas, Veracruz, Morelia, quienes están sembrando violencia y desolación en buena parte de la República. Son unos pobres diablos sin escrúpulos, con un fusil (o un bidón de gasolina) en las manos.
¿Por qué entonces no se detiene la violencia? Porque las policías locales no combaten a la delincuencia, ni a la organizada ni a la desorganizada. Porque como se han fundido los dos ámbitos delincuenciales, las policías (en algunos casos cooptadas y corrompidas, en otros, temerosas) simplemente han renunciado a cumplir con su papel. Y demasiadas veces, las autoridades locales los solapan de una u otra forma. Por eso era tan importante tener un mando y un modelo único en las policías. Y, si eso no era posible, la salida, aunque no la más deseable, de 32 mandos estatales, era un paso intermedio viable. Pero, pese a acuerdos y compromisos, no se ha hecho ni una cosa ni otra: se ha terminado buscando modelos híbridos que en casos muy específicos pueden dar algunos resultados, pero nada más.
Hoy tenemos, además de las Fuerzas Armadas, a un cuerpo policial de alto nivel en la Policía Federal, que puede combatir a las cúpulas de los cárteles y a sus principales capas operativas intermedias, pero que no puede trabajar cotidianamente contra el hampa común que se ha asociado con los grupos criminales en muchas ciudades y colonias de todo el país. Eso lo deben hacer las fuerzas locales y, al no hacerlo, ese proceso de creación de sicarios desechables se alimenta de la impunidad.
Eso es lo que está ocurriendo en la mayor parte del país. El mando único en los 32 estados de la República y el nuevo modelo policial no son la panacea, pero sin ellos será imposible avanzar seriamente. La oposición de un grupo de alcaldes del PAN, del PRI y del PRD a esta medida no puede ser la excusa para tanta parálisis.
Casinos: el cochinero
Nadie sabe bien a bien cuántos operan en México, quiénes son los verdaderos dueños y pocos conocen cuáles son legales y cumplen con las normas
Ricardo Alemán
Para mala fortuna de la clase política, la tragedia del casino en Monterrey ocurrió en tiempos políticos. Aquellos donde todo lo que hagan, hayan hecho o dicho los aspirantes presidenciables, puede ser utilizado en su contra.
Y es que el cochinero y la inmoralidad que prevalecen en un negocio calculado conservadoramente en cinco mil millones de pesos anuales —las utilidades de la adicción al juego—, es rica fuente de misiles para destruir a tal o cual candidato o partido.
Y el caso emblema es el de Santiago Creel, aventajado precandidato presidencial del PAN, quien luego del “jueves negro” en Monterrey debió esquivar potentes obuses que amenazaban con mandar a pique sus aspiraciones presidenciables. ¿La razón? Casi nada, que en la segunda mitad del gobierno de Fox, el entonces secretario de Gobernación autorizó la mayor cantidad de permisos para casas de juego y apuestas.
Pero es tal el cochinero que prevalece en torno a los casinos, que nadie sabe bien a bien cuántos operan en México, quiénes son los verdaderos dueños y pocos saben cuáles casinos son legales y cumplen con las normas de seguridad; pagan de manera correcta sus impuestos, cumplen con protección civil y no son lavaderos de dinero.
Existen algunos cálculos de que en México existen 26 empresas que operan 386 casinos, pero lo cierto es que otras cifras hablan de más de 800 casinos y que más de 80% de los instalados operan —¡adivinó usted!— con amparos de jueces corruptos. Entre los dueños de los más importantes casinos aparecen familiares de Carlos Hank González y Ramón Aguirre Velázquez, pero también parientes del líder nacional del PAN, Gustavo Madero. Y no faltan los que han involucrado, sin pruebas, a políticos cercanos a Santiago Creel, entre otros.
Pero no todo es opacidad. Resulta que anoche, en su edición digital y televisiva, el diario electrónico Zona Franca —que dirige el periodista Arnoldo Cuéllar, en Guanajuato— dio a conocer una joya que involucra en el negocio de las apuestas al senador del PAN Luis Alberto Villarreal, al alcalde de León, también azul, Ricardo Sheffield, y al senador del PRD Silvano Aureoles Conejo, entre otros políticos de la derecha y la izquierda mexicanas.
Con documentos irrebatibles se comprobó que en noviembre de 2008 se firmó un Contrato de Participación entre las empresas Jaguar Entertainment, representada por Talía del Carmen Vázquez Alatorre, y Grupo Win México, representado por Ricardo Villarreal. La sociedad fue creada para la instalación de un casino en la más lujosa zona de León, en Guanajuato.
El asunto no tendría nada de particular si no fuera porque Ricardo Villarreal es hermano del senador Luis Alberto Villareal y porque Talía del Carmen Vázquez Alatorre es ex diputada local del PRD y ex candidata suplente al Senado, por Michoacán. Pero, además, Talía es hermana de Selene Vázquez Alatorre, quien a su vez es senadora suplente del senador del PRD Silvano Aureoles. A su vez, Selene Vázquez Alatorre mantiene un estrecho vínculo con el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, y con la ex mandataria de Zacatecas, Amalia García.
Esa relación de negocios y amistad tampoco tendría nada de particular si no fuera porque existe un documento notarial de la sociedad empresarial, en donde el hermano del senador del PAN y la hermana de la suplente del senador del PRD reconocen que:
1. La concesión que otorga la Secretaría de Gobernación para instalar un casino cuesta dos y medio millones de dólares. Con ese documento se instalan los locales que se le antojen al propietario.
2. La instalación de un casino tipo cuesta 16 millones de pesos, además de tres millones de pesos destinados “a la obtención del acuerdo político municipal para operar…” ¿Y qué es el acuerdo político municipal”? Elemental, lo que todos conocemos como la mordida.
Bueno, pues resulta que, en la actual gestión del alcalde panista de León, Ricardo Sheffield, se instaló en la más exclusiva colonia de León, Guanajuato, el Grand Casino, cuyos socios son, como ya se dijo, la parentela y amigos políticos de los senadores del PAN Luis Alberto Villarreal García y Silvano Aureoles. Pero no es todo, resulta que un socio fundamental del Grand Casino se llama Pablo Moreno Aiza. ¿Y eso qué? Sí, que es el mejor amigo del alcalde Ricardo Sheffield.
Tampoco es todo. El Grand Casino empezó a operar en enero pasado, casualmente luego de que la generosidad del alcalde Sheffield decretó un nuevo reglamento de juegos. Reglamento que, claro, sólo cumple Grand Casino. ¿Qué tal con el cochinero y la transa?
El narco desata ola de incendios a quienes no pagan extorsiones; calcinan dos negocios
Este tipo de hechos se registraron, en lo que va del año, en al menos nueve estados. Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Coahuila, entre otros, reportan actos de intimidación y violencia contra empresarios por parte de la delincuencia organizada
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El ataque contra el Casino Royale de Monterrey —en el que murieron 52 personas, el pasado jueves— no es el más reciente.
Tan sólo ayer, dos negocios fueron calcinados en el estado de Chihuahua.
El Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez calcula que, en esa ciudad, 90% de los negocios son extorsionados.
En los meses más recientes, además, se han documentado ataques similares en Durango, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Morelos, Guerrero y Coahuila.
Incendian negocios: cobran derecho de piso
El crimen organizado tiene asolados a pequeños y medianos empresarios en distintas entidades del país, debido a que cada vez con mayor frecuencia se perpetran ataques contra negocios. Estas agresiones están relacionadas con el pago de cuotas, según reportan las autoridades locales en sus investigaciones.
El reciente incendio provocado en Monterrey en el Casino Royale, que dejó 52 personas muertas, no es un caso aislado, ayer en Chihuahua se cometieron dos nuevos atentados incendiarios contra negocios, cuando comandos prendieron fuego a un restaurante en la capital del estado y otros negocios de la central de abasto fueron igualmente atacados en Ciudad Juárez.
En el ataque, el restaurante de la ciudad de Chihuahua fue incendiado por hombres armados aparentemente porque el propietario se rehusó a seguir pagando la cuota de protección.
Los propietarios del establecimiento temen que otros actos incendiarios se cometan en contra de sus negocios, ya que tienen una serie de restaurantes bajo el mismo nombre.
Ciudad Juárez fue la primera urbe en México donde los grupos criminales inauguraron una serie de atentados incendiarios contra los negocios y comercios que se han negado a pagar la cuota de protección desde hace cuatro años.
Este tipo de ataques contra negocios por no pagar una cuota de protección a grupos criminales ha sido práctica común en Chihuahua, principalmente en Ciudad Juárez, sin que las autoridades hayan podido reducir este tipo de delito.
Recientemente el presidente de la Coparmex en Chihuahua, Ignacio Manjarrez, aseguró que las extorsiones no han disminuido y que los comerciantes y empresarios se encuentran desprotegidos ante este tipo de delito.
Calculó que son cientos de negocios que han tenido que cerrar al no poder enfrentar a los delincuentes y no existir aún la confianza en las autoridades, por lo que otro número similar de empresarios siguen pagando la cuota de piso.
En Tamaulipas, representantes de los sectores empresariales de la entidad de la zona norte, centro y sur, que pidieron el anonimato, reconocen que nadie se salva, desde los comercios de comidas, autopartes, bares, cantinas, centros nocturnos y restaurantes. En mayor o menor medida, deben cubrir el pago.
En Monterrey, escenario del peor ataque contra civiles, entre 30 y 40% del total de los comercios del centro histórico han cerrado por las acciones del crimen organizado, que obliga a los dueños de los negocios a pagar semanalmente entre 20 y 30% del total de sus ventas, revelaron a Excélsior comerciantes y empresarios el pasado 6 de julio.
En un año se calcula que se han perdido alrededor de cinco mil empleos. La vida nocturna está prácticamente cancelada y sólo abren algunos negocios.
En algunos estados, como Coahuila, esta actividad criminal se ha incrementado los últimos dos años. Destacan los ataques a centros de entretenimiento.
En algunos casos, los criminales han matado hasta 17 personas y dejado heridas a otras 18, como el caso de la matanza de julio de 2010, ataque ocurrido en la quinta Italia Inn, en Torreón.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) la institución sólo ha tomado conocimiento de este tipo de hechos delictivos, ya que corresponde a las autoridades locales investigar los ataques y encontrar a los culpables.
Los estados en los que se han registrado ataques a negocios son Durango, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Morelos, Guerrero, Coahuila y Veracruz.
Calculan que 90% paga las extorsiones en Juárez
Grupos empresariales en Chihuahua han solicitado amnistía en pago de impuestos por la impunidad con la que actúa la delincuencia
El Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez asegura que desde principios de 2007 decenas de grupos de extorsionadores empezaron a cobrar cuotas de protección a todo tipo de negocios y a quemar aquellos cuyos propietarios se negaban a pagar.
“Más de 90 por ciento del comercio organizado y ambulante de Ciudad Juárez paga esta especie de impuestos por derecho de piso a la delincuencia, que van de 200 a dos mil dólares o más, dependiendo del giro, so pena de secuestrar a sus dueños o familiares, quemar los establecimientos, o de plano, matarlos impunemente”, declaró este año Miguel Galindo, presidente del Consejo de Administración de la Central de Abasto de Ciudad Juárez.
Ante ello, los líderes de estos comerciantes exigieron a las autoridades federales y estatales una total amnistía fiscal, mientras se restablecen las condiciones generales en materia de seguridad pública.
Como resultado de la impunidad en que han actuado los delicneuntes, prácticamente todo el centro de diversión nocturna de Ciudad Juárez se encuentra cerrado, y muchos negocios, cerca de 50, muestran los estragos causados por los incendios provocados.
En esta guerra del crimen contra el comercio establecido, se pueden apreciar cientos de negocios como restaurantes, funerarias, establecimientos ambulantes, viviendas, vehículos, camiones y hasta iglesias, que han sido atacados con bombas incendiarias luego de que sus propietarios se negaran a seguir pagando la cuota.
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