Descifrando al nuevo presidente del Perú

por Mary Anastasia O'Grady

Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.

En una entrevista realizada la semana pasada en Nueva York, el presidente de Perú, Ollanta Humala, enfatizó su postura de que la Constitución peruana de 1993 fue redactada durante "la dictadura" del ex presidente Alberto Fujimori. A raíz de eso le pregunté si es partidario de una reforma.

Es una pregunta que interesa a peruanos e inversionistas extranjeros por igual debido a los antecedentes de Humala. En una época era aficionado del caudillo venezolano Hugo Chávez, quien usó una asamblea constituyente y una reforma constitucional para consolidar su poder y permanecer en el cargo durante los últimos 12 años. El presidente de Bolivia, Evo Morales, y el de Ecuador, Rafael Correa, han copiado el modelo venezolano y aplastado el pluralismo democrático en sus países.

En reiteradas ocasiones, Humala ha dado señales de querer distanciarse de Chávez. Por ello, esperaba un desmentido tajante como respuesta a mi pregunta, que se podía contestar con un "sí" o un "no". La respuesta, en cambio, fue confusa.

Primero vino un soliloquio que parecía guardar poca relación con el asunto: "Creo que Perú necesita un cambio. Estoy acostumbrado a trabajar. Lo he hecho toda mi vida. También he estado en el ejército, acostumbrado a trabajar en lo que he encontrado. Voy a trabajar en cualquier asunto que enfrente". Luego habló de sus discursos centrados en aumentar la "inclusión social" y explicar por qué cree que las mineras que generan altas ganancias tienen que hacer un mayor aporte a las arcas públicas.

Tras ello, agregó: "Con las constituciones de 1993 y 1979, ya hicimos eso mediante una estrategia de diálogo, sin necesidad de desechar el marco legal. El pueblo me eligió para que cumpla lo que propuse en la campaña, no para entrar en discusiones ideológicas o temas que al cabo no resuelven sus problemas diarios. Lo primero que estoy haciendo es resolver los problemas de mi pueblo".

Interpretar tales respuestas a preguntas clave se ha vuelto la afición más popular en Lima, lo cual es comprensible. Si Humala en verdad ha moderado sus opiniones anteriormente extremas sobre la propiedad y el control estatal de la economía y dejado de lado las ambiciones que puede haber tenido de copiar a Chávez, es probable que la paulatina modernización y el crecimiento acelerado de Perú puedan continuar. ¿Pero qué pasaría si el militar retirado, quien encabezó un fallido golpe de Estado, simplemente ha suavizado su discurso para ganar la muy reñida segunda vuelta electoral contra Keiko Fujimori? En ese caso, el progreso está en riesgo.

Vestido con un traje azul oscuro, una inmaculada camisa blanca y una corbata carmesí, el presidente prolijamente afeitado y peinado articuló sin dificultad el punto de vista de que la estabilidad macroeconómica, por medio de políticas "sensatas y prudentes", es una prioridad de su gobierno. En estas condiciones, dijo, podrá consagrar significativos recursos para su meta más amplia de "inclusión social".

Le señalé que la inclusión social, que parece estar vinculada a la preferencia de Humala por lo que él llama "la economía social del mercado", puede sonar a una política encaminada a producir igualdad económica. Él lo negó.

La "inclusión social", aseveró, consiste en "transformar el Estado" de manera que los servicios que debería proveer lleguen a comunidades que tradicionalmente han sido ignoradas por el gobierno central. "Hoy (el Estado) está concebido para servir al 30% de la población", indicó. "No hay inclusión social para el 70% restante", y por ello "no tienen la oportunidad de desarrollarse".

Son metas elogiables en un país donde los servicios públicos para los pobres han sido inexistentes durante mucho tiempo. No obstante, la fe de Humala en la voluntad política como antídoto para la deficiencia del gobierno parece ingenua en el mejor de los casos. La experiencia enseña, por ejemplo, que la educación administrada centralmente por el gobierno casi siempre es defectuosa. Más aun, algunos servicios públicos en Perú, como caminos y puentes, son el trabajo de gobiernos regionales. Aumentar su transparencia requiere de reformas políticas.

Tampoco hay que perder de vista la visión de Humala sobre las empresas estatales. "No construiré una economía estatista", me dijo. "Pero lo que crea empleos es trabajo", y no importa si la empresa es pública o privada. Más aun, insistió, "sin importar si un negocio es privado o público, siempre hay corrupción".

La fe de Humala en el Estado peruano es inquietante y el pésimo historial de gestión del Estado peruano es sólo una de las razones. De todos modos, estas ideas difícilmente son radicales. Algunos, incluso, sospechan que sus consultores brasileños lo han convencido de que el ex presidente brasileño, Lula da Silva, hizo lo correcto cuando permitió que el mercado funcionara al tiempo que manifestaba lealtad a la vieja agenda socialista del izquierdista Partido de los Trabajadores. Las designaciones de Humala en el banco central y en el instituto de defensa de la competencia y protección de la propiedad intelectual, ambos con firmes credenciales de mercado, apuntalan esta teoría.

Aun así, los peruanos todavía están conjeturando para qué lado es probable que vire el presidente. Responder a estas preocupaciones en forma directa ayudaría mucho a afianzar su credibilidad y aumentar la confianza nacional. Muchos se preguntan por qué vacila en hacerlo.