EE.UU.: Reducir el gasto es beneficioso

por Jeffrey A. Miron

Jeffrey A. Miron es director de estudios de pregrado de la Universidad de Harvard y es un Académico Titular del Cato Institute. Su blog es http://jeffreymiron.blogspot.com/.

La pregunta crucial a la cual se enfrenta EE.UU. es si el camino actual del gasto federal es vital para nuestro bienestar económico. Si lo es, entonces EE.UU. se enfrenta a un futuro económico nefasto. Este camino implica una explosión de la deuda nacional y la tributación necesaria para controlar la deuda que paralizaría el crecimiento económico. EE.UU., por lo tanto, parecería no tener buenas opciones de políticas públicas.

No obstante, la visión correcta de todo el gasto es distinta; EE.UU. puede reducirlo con efectos negativos mínimos. Muchos recortes, de hecho, mejoran el desempeño económico y por lo tanto tienen sentido con o sin la proyección fiscal en cuestión. Aquí hay algunos ejemplos:

Los subsidios agrícolas alientan a los agricultores a cultivar menos, elevando el costo de los alimentos para todos. Cancelar este gasto ahorra entre $15.000 y $20.000 millones al año.

El gasto federal en transporte está destinado en gran parte a proyectos mal concebidos como el “Big Dig” en Boston o los rieles de alta velocidad en Florida. Estas transferencias de fondos a empresas de construcción y sindicatos cuestan mucho más que el posible beneficio de dichos proyectos, de manera que eliminarlos mejora el presupuesto y libera recursos para usos más productivos. Se podría reducir al menos $30.000 millones en el gasto federal en transporte.

El presupuesto de ayuda extranjera también está listo para experimentar recortes. El componente humanitario tiene objetivos nobles, pero rara vez beneficia a los destinatarios, acabando en las arcas de un intermediario o funcionario público corrupto. El componente militar está en gran medida constituido de transferencias para dictadores del Tercer Mundo, como el ex presidente egipcio, Hosni Mubarak. Recortar entre $20.000 y $30.000 millones de este rubro debería ser fácil.

La prohibición de drogas es un pésimo negocio para los contribuyentes: poco hace para reducir la drogadicción mientras que fomenta el crimen, la corrupción y las insurrecciones en el extranjero. La legalización ahorraría al gobierno federal entre $15.000 millones y $20.000 millones al año y, además, permitiría el cobro de impuestos sobre las drogas legalizadas.

Un sinnúmero de otros programas —pequeños por sí solos, pero considerables cuando se suma su costo— son irrelevantes para nuestro bienestar económico. El financiamiento del Fondo Nacional para las Artes y las Humanidades y la Corporación para la Transmisión de Radio y Televisión Pública es pequeño en comparación con el respaldo privado. De manera que las artes, las humanidades y el programa Plaza Sésamo todos prosperarían sin el dinero del Estado. Los proyectos y partidas presupuestarias para favorecer intereses especiales —por ejemplo, el Museo de Teteras en Sparta, Carolina del Norte— carecen incluso de una justificación ligeramente sensata. Cancelar este tipo de proyectos nos ahorraría decenas de miles de millones.

Por lo tanto, el escepticismo de costo-beneficio sugiere recortar sustancialmente el gasto —fácilmente $200.000 millones al año— sin importar cuál sea la condición del presupuesto. Y los beneficios provistos por el Estado proveen una oportunidad todavía mayor para realizar recortes que mejoren la productividad.

El seguro social pretende rescatar de la pobreza a los ciudadanos de tercera edad, un objetivo compartido por gran parte de los estadounidenses. Pero el seguro social va más allá de esta compasión cuando gran parte de los receptores de este beneficio son de clase media. De manera que millones de personas que todavía son productivas eligen jubilarse gracias a un subsidio financiado por el contribuyente.

Los que diseñan las políticas pueden reducir esta distorsión introduciendo gradualmente una edad mayor de jubilación, en consonancia con el aumento en la expectativa de vida de 63 años (cuando el congreso creó la seguridad social) a más de 78 años ahora. Aquellos ciudadanos mayores de edad que no puedan trabajar podrían calificar para recibir el seguro por discapacidad. El gasto disminuiría en alrededor de cientos de miles de millones al año, conforme se vaya implementando completamente esta medida.

Medicare, como el seguro social, es tanto excesivo como dañino. Los subsidios generosos resultan en que los consumidores no paguen el costo completo de su atención médica, por lo que consumen demasiado. Esto conduce a precios inflados e incentivos distorsionados, incluyendo exámenes, cirugías y medicaciones innecesarias.

Como sucede con el seguro social, la política pública puede reducir estas distorsiones al introducir gradualmente una edad mayor para calificar para recibir estos subsidios. Además, la política puede mejorar el balance de costos y beneficios al expandir los co-pagos y los deducibles. La mayoría de los beneficiarios pueden costear estos gastos adicionales, mientras que los ancianos más pobres recibirían Medicaid. Estos cambios podrían ahorrarnos miles de millones al año, todo mientras que se genera un sector de atención médica más eficiente.

El presupuesto de defensa es una fuente adicional de recortes de gasto que serían beneficiosos. Los sistemas de armas mal concebidos y las innecesarias bases militares alrededor del mundo desvían considerables recursos de usos privados. Además, liderar tres guerras sin ningún aparente beneficio para nuestra seguridad nacional solamente exacerba la hostilidad en contra de EE.UU. Los ahorros derivados de una defensa nacional mejor enfocada podrían llegar a los $300.000 millones al año.

Recortar $1 billón del gasto anual del gobierno federal no sólo es posible, sino que es crucial porque este gasto perjudica la economía. Y los recortes de gasto generan un beneficio extra por el lado de la productividad: permiten que haya tasas tributarias más bajas, las cuales mejoran los incentivos económicos para el trabajo, los ahorros y las inversiones.

EE.UU. se enfrenta a un colapso fiscal porque el Estado se involucra en actividades que no constituyen funciones necesarias o útiles del gobierno. La única manera de terminar con nuestro problema fiscal es que el Estado deje de estar involucrado en estas actividades. La buena noticia es que hacerlo pagará por partida doble: un mejor desempeño económico y un fin a nuestra pesadilla fiscal.