La muerte del presidente de la Cervecería Cuauhtémoc y líder empresarial del llamado grupo Monterrey había sido una acción consentida por Luis Echeverría
Jorge Fernández Menéndez
La violencia está en demasiadas ocasiones ligada, muy directamente, a la política. Pero también se esconde tras disfraces de todo tipo. Saber, sobre todo cuando se vive o se percibe un clima de violencia, quién ordenó o ejecutó un crimen político suele ser un ejercicio vano. Pero a veces los responsables dejan huellas que permiten saber qué fue lo ocurrido, quiénes resultaron ser los responsables, por acción u omisión, y cómo se desarrollaron los acontecimientos.
Hoy, cuando Nuevo León vive un clima de violencia como no lo había conocido en su historia contemporánea, cuando las muertes y la política se entrecruzan con tanta naturalidad, cuando una parte de la clase empresarial ha perdido o abandonado los valores e ideales que permitieron a esa entidad destacar como ninguna otra en el ámbito empresarial en el pasado inmediato, se debe recordar el asesinato de Eugenio Garza Sada, ocurrido hace exactamente 38 años.
Para estas fechas, en 2006, cuando aún vivíamos las convulsiones de la elección presidencial, publicamos el libro Nadie supo nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada. Años atrás, revisando la documentación de la Dirección Federal de Seguridad que había sido trasladada al Archivo General de la Nación en el antiguo Palacio de Lecumberri, había encontrado los documentos que permitían confirmar que la muerte del presidente de la Cervecería Cuauhtémoc y líder empresarial del llamado grupo Monterrey, había sido una acción consentida, conocida previamente y realizada con el visto bueno del gobierno en turno, que encabezaba Luis Echeverría.
En el documento de la DFS, desclasificado y marcado con el expediente 11-219-972, en el legajo dos, hojas 46 y 47, se puede leer un detallado informe enviado por el entonces representante de la DFS en Nuevo León, Ricardo Condelle Gómez, titulado “planes de secuestro de los industriales Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera”. El documento está fechado el 22 de febrero de 1972, un año y medio antes de los hechos.
Allí se puede leer cómo Manuel Saldaña Quiñónez (alias Leonel) “que fue reclutado, dice el documento, como profesional de la guerrilla por Héctor Escamilla Lira (alias Víctor) en septiembre de 1971, Leonel, dice el documento, era informante de la DFS. Fue trasladado de Monterrey a una casa operativa del Distrito Federal, y describe con pelos y señales lo que ocurría en la “casa número 18, apartamento 5 de Casas Grandes, colonia Narvarte” donde vivían y se reunían los dirigentes de la organización que con el paso del tiempo se transformó en la Liga 23 de Septiembre. En el documento se relata el contenido de las reuniones de esa organización y se dice que “aproximadamente el 4 de diciembre (de 1971) efectuaron una junta donde (…) propusieron efectuar el secuestro de una persona que pagara inmediatamente un rescate de varios millones de pesos para comprar más armas y una radiodifusora para la trasmisión clandestina de mensajes revolucionarios…” Se designó a Héctor Escamilla Lira como responsable de la operación. También a un grupo de entre diez y 12 personas para efectuar el operativo. Todos están identificados en ése y en documentos posteriores. En uno de ellos, de febrero del 72, se dice que “el 8 de diciembre del 71, Leonel regresó a Monterrey y supo por boca de Víctor (Escamilla Lira) que los señores Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera serían las personas que el grupo trataría de secuestrar”.
Escamilla Lira fue detenido en Culiacán. En su declaración ratificó y amplió todos sus detalles el informe confidencial que había recibido la DFS. Dice que se volvió a encontrar con Leonel antes del secuestro y que éste había admitido que había sido detenido y “se había visto obligado denunciar al exponente (o sea Escamilla) como uno de los participantes” en el comando y que “obtuvo su libertad mediante el compromiso de continuar proporcionando información a la policía”. Escamilla era vigilado, dicen los documentos, por la DFS, pero no fue detenido. En Monterrey, según su testimonio, Escamilla se alojó en la casa de Jesús Piedra Ibarra, el hijo de Rosario Ibarra de Piedra, quien posteriormente sería desaparecido. Escamilla confiesa que él tenía la responsabilidad de vigilar los movimientos de Garza Sada y de organizar el secuestro. Que él mismo decidió el lugar y la fecha del operativo, pero que unos días antes del mismo fue enviado a Tampico porque la célula en la que participaba consideraba “que ya había sido descubierto por la policía”. En Tampico, en cuanto llegó a la ciudad, fueron detenidos su esposa y otro miembro de la Liga 23. Aunque la célula encargada del secuestro no modificó ni la fecha ni la hora ni el lugar del operativo, nadie fue detenido.
La historia es mucho más amplia, pero confirma que en el intento de secuestro y asesinato había habido participación y tolerancia del gobierno de Luis Echeverría e incluso que conocía previamente al detalle lo que ocurriría. No hizo nada. Han pasado 38 años y el caso sigue impune.
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