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El último horror acaecido el 25 de agosto ha sacudido a México. En un asalto desvergonzado y sin sentido, al parecer parte de un plan de extorsión, los miembros de la organización criminal Los Zetas prendieron fuego con bombas incendiarias a un casino en Monterrey, México. En el resultante infierno, murieron 52 mexicanos, principalmente mujeres de clase media y sin conexión con el narcotráfico.
El presidente mexicano Felipe Calderón denunció el atentado del casino como un “acto abominable de terrorismo y barbarie” sin precedentes. El mandatario hizo un firme llamamiento a Estados Unidos y la administración Obama para que hagan algo sobre el consumo de drogas y el flujo de armas hacia el sur de México.
El 26 de agosto, la Casa Blanca emitió un mensaje de condena y condolencia, alabando al pueblo mexicano y a su gobierno por su “valiente lucha para desbaratar violentas organizaciones criminales transnacionales” y se comprometió a “seguir adelante con nuestra cooperación sin precedentes para hacer frente a estas organizaciones criminales”.
Sin embargo, el tono de su convicción y determinación suena menos convincente a la luz del anuncio del 30 de agosto del Departamento de Justicia acerca de una reorganización en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) a raíz del escándalo de la Operación Rápido y Furioso.
El Departamento de Justicia anunció que se estaba cambiando al director interino de la ATF, Kenneth E. Melson, a una posición como asesor y que aceptaba la dimisión del procurador general de Arizona Dennis Burke.
Está claro que la administración Obama desea evitar el escrutinio del Congreso, del pueblo americano y mexicano por su mal concebida y nefasta estrategia de vender armas a mortíferas organizaciones criminales para después seguirles la pista – sin informar a oficiales en la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México o al gobierno mexicano. La administración quiere minimizar el hecho de que armas de esta operación fuesen encontradas en la escena del crimen del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, asesinado en diciembre de 2010. O que armas hayan aparecido en diversos crímenes en México. O que la ATF ha perdido la pista de 1,400 armas.
Lamentablemente, la gestión del Departamento de Justicia respecto a las investigaciones en curso sobre la Operación Rápido y Furioso está llena de detalles para lavarse las manos de su responsabilidad, de echarle la culpa a otros, de control de daños y evasivas burocráticas, todo demasiado común en la administración Obama.
Observaba el congresista Darrell Issa (R-CA), que ha sido fundamental en la conducción de la investigación del Congreso: “Sabemos que [la administración] está burlando el sistema y pensamos que ya es hora que pare con ello”.
En pocas palabras, Issa está exigiendo el tipo de cooperación que la Casa Blanca prometió al gobierno de México a raíz de la horrible tragedia del casino de Monterrey.
Mientras que representantes políticos y cargos públicos de carrera en Estados Unidos [y también en México] se preocupan por su reputación y sus empleos, hace falta que se den cuenta de que a ambos lados de la frontera, hay una continua lucha –mejor dicho, una guerra— contra sofisticadas y mortíferas organizaciones criminales. Con frecuencia hay vidas en juego y los que se llevan la peor parte de los riesgos exigen buen juicio y rendición de cuentas, no maniobras burocráticas o encubrimiento cuando los funcionarios del gobierno meten la pata.
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