Mucha preocupación causa el hecho de que en Honduras quien manda no sea ni el pueblo soberano, ni los que delegados por él ejercen funciones gubernamentales y prestan juramento de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”; esta clavado en el imaginario colectivo que los que ilegalmente controlan el poder real son los poderes “de hecho”, y no los de “de derecho”.
Pese a la vulgarización del término, es valido decir que la gente cree, con toda razón, que los poderes fácticos son los que mandan en el país e infiltrados en las entidades oficiales direccionan la nave del Estado. Al margen de las instituciones legales, en virtud de la capacidad de presión o autoridad que se poseen, y mediante arbitrarias practicas, contrarias al Estado de Derecho, ejercen una influencia avasalladora que les hace recibir de los gobernantes un trato preferencial, privilegiado y pletórico de canonjías.
El poder militar, el económico y el moral (religioso) han sido los poderes fácticos que la historia universal registra como más influyentes. Recientemente, el poder mediático y transnacional se han ganado a pulso un lugar en esta corta lista.
Honduras no es la excepción.
Para el caso, los militares en Honduras han tenido en los últimos sesenta años una influencia significativa; gobernaron el país durante prolongados periodos al margen de la Ley, mediante dictaduras que -si bien es cierto en algunos momentos fueron populares- colmaron la paciencia de los hondureños por sus actos corruptos y sus transgresiones a los derechos fundamentales del hombre. Inclusive, en la primera etapa de la nueva era democrática nacional, a partir de 1981, todavía se erigían como el verdadero poder en el país, tanto así que durante el gobierno de Roberto Suazo Córdova, el Jefe de las Fuerzas Armadas tenia mas poder que el propio Presidente de la República, y el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (COSUFFAA) mayor influencia del mismo Poder Legislativo. Todo esto cambio, y en tiempos del Presidente Carlos Roberto Reina (1994-1998) los militares se convirtieron en simples servidores públicos sometidos al poder legalmente constituido y representado en el titular del Poder Ejecutivo.
El empresariado nacional ha venido fortaleciendo su influencia en la medida su crecimiento económico se ha destacado como consecuencia de la inequidad y la inadecuada distribución de la riqueza en Honduras; los empresarios han obligado -mediante el soborno o las alianzas (sociedades) con los políticos de turno- a instaurar un sistema económico de corte mercantilista que genera prebendas, mercados cautivos, excepciones y exoneraciones de todo tipo, convirtiendo a los industriales y comerciantes del país en parásitos de la res pública y en receptores de trato privilegiado por parte del aparato estatal. El influjo del empresariado ha trascendido siglos: las transnacionales mineras y bananeras, fueron tan poderosas ayer, como hoy lo son los empresarios de las térmicas, las telecomunicaciones y del sistema financiero. Es tanta la preponderancia del poder empresarial, y son tan firmes sus alianzas con el poder público que muchos de ellos han violado la Ley a la vista y paciencia de la oficialidad, y con el consentimiento de la autoridad competente, verbigracia el contrabando y defraudación tributaria.
Asimismo, la influencia de la Iglesia Católica, y más recientemente muchas entidades religiosas de corte protestante, se han arrogado la cuota moral y ética del país, usurpando la posición de únicos referentes honorables del país, interviniendo de forma dramática en casi todas las decisiones trascendentales de la vida republicana. Pese al rechazo que recientemente hizo la Iglesia Católica de seguir participando de muchas decisiones que le competen al gobierno, no hay duda que el protagonismo de muchos curas y pastores sigue siendo avasallante y repugnante. Se llego a tal extremo en Honduras, que en tiempos del Presidente Carlos Flores Facusse (1998-2002), muchos decían que en el país teníamos un Presidente que mas parecía Cardenal, y un Cardenal que mas parecía Presidente de la República.
Como lo manifestamos anteriormente, además de estos tres poderes fácticos históricos, existe uno que crecientemente ha fortalecido su ascendencia en las cúpulas y en la base ciudadana. Este es el caso del denominado “cuarto poder”, forma en la cual se define al poder mediático, representando fundamentalmente por la prensa escrita, radial y televisiva. Los integrantes mas relevantes de este poder están representados en la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMCH), integrados por los empresarios Jorge Canahuati Larach (El Heraldo y La Prensa), la Familia Ferrari-Villeda (Televicentro y Emisoras Unidas), Carlos Roberto Flores Facusse (La Tribuna) y Jaime Rosenthal Oliva (Tiempo y Canal 11).
Y aquí se da un hecho particularmente especial, ya que muchos de los integrantes del poder mediático forman parte también del poder empresarial, e instrumentalizan muchos de estos medios con propósitos aviesos y con perversas intenciones que -en muchos casos- lindan con la extorsión a los funcionarios que no les satisfacen sus requerimientos.
Esto se profundiza mucho mas, cuando además de empresarios industriales o comerciales, y dueños de medios de comunicación, a la vez incursionan en el ámbito político partidista, y se convierten en una suerte de “pulpos” que manipulan las noticias y las decisiones político-gubernamentales con propósitos empresariales. El caso mas reciente y relevante es la denuncia pública que hicieron funcionarios del presente gobierno, en el sentido que el propietario de La Prensa y El Heraldo atacaba a la administración Zelaya Rosales porque esta no le daba el trato preferencial que anteriormente otros si brindaban al conceder jugosos contratos para el suministro de armas, material policial y militar, medicinas y otro equipo medico a través de empresas que pertenecen al mismo grupo empresarial del dueño des estos dos diarios.
En muchas ocasiones, estos “políticos” no necesariamente dan la cara en los despachos, sino que se ocultan tras bastidores, y con habilidad de titiriteros manipulan a la oficialidad desde lo que podrimos llamar las “cúpulas partidarias”, las que se convierten en verdaderos poderes fácticos, los cuales deciden, al margen de los cauces formales y se sirven de su autoridad informal o su capacidad de presión para influir políticamente en decisiones importantes en la vida nacional. Muchos Capos Liberales e integrantes del Lado Oscuro del Partido Nacional (y más de algún sandia o berengueno, según sea el caso) terminan eligiendo en El Hatillo o en la carretera al Batallón los integrantes a la Corte Suprema de Justicia, los titulares del Ministerio Público, los integrantes de los órganos contralores del Estado o los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y mandan sus resoluciones al Congreso Nacional para que allá únicamente les den su obligada aprobación.
Y es ahí donde estos poderes fácticos se traslapan y/o entreveran, en simbiosis, consolidando un red, una cofradía nefasta para los intereses de las grandes mayorías.
También mencionábamos que el poder transnacional es determinante en el país; pese a que tiene sus múltiples formas de presentación, por ejemplo como entidades de financiamiento internacional, organismos multilaterales o representación diplomática, es representando en Honduras esencialmente por la Embajada de los Estados Unidos de América (EUA), ya que esta representa al gobierno que tiene una determinante incidencia en la toma de decisiones de las otras, tal es el caso de el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Aquí hace varias décadas, y por algún tiempo, el gobierno estadounidense a través de su Embajador en Tegucigalpa “quitaba y ponía presidentes”; y pese a que hoy en día esto no es posible, si tiene una enorme influencia sobre muchos temas de carácter público en Honduras.
No intentaría asumir el papel del experto historiador Mario Argueta en la temática, sin embargo, bien puedo asegurar que la misión diplomática norteamericana ha tendió en el pasado reciente una enorme influencia en la gestión gubernamental hondureña dictando pautas e interviniendo en asuntos internos en procura de defender sus particulares intereses o el de sus ciudadanos. Tal es el caso del papel jugado por Honduras durante la Guerra Fría, tiempo en el cual se nos obligo, no solo a albergar a un ejercito irregular que combatía en contra del régimen sandinista sino que entreno y financio la implementación de trágicas acciones en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional ejecutada por el triste celebra Gustavo Álvarez Martínez. Ahora, fundamentalmente los intereses son económicos, y el caso de la telecomunicaciones evidencia este poder irregular del gobierno gringo, uno que muchas veces repugna menos que la sumisión y lacayunada actuación de algunos de nuestros gobernantes.
Pero hay un poder subterráneo que tiene una significativa influencia, y que muchos no osan señalar con claridad; este es el caso del poder del crimen organizado y el narcotráfico.
El poder ilícito de los criminales y narcotraficantes es enorme, muchos no lo quieren aceptar, pero están infiltrados en la empresa privada, en el parlamento y en el gobierno; muchos operadores de justicia tienen negocios con ellos, los defienden y les apañan sus fechorías. Hay regiones del país en la cual ellos son amos y señores de la zona, se han apoderado de grandes franjas territoriales en las cuales son sus dictados y no la Ley los que se respetan, y los habitantes de estos lugares desarrollan afectos y simpatías hacia quienes logran satisfacer muchas de las necesidades que un Estado ineficiente y débil no puede cubrir. Y otros, sin necesidad, especialmente en las grandes e intermedias ciudades, se vanaglorian de tener un amigo narco o uno que ande en “negocios sucios” para ver si el efecto derrame les salpica.
El crimen organizado opera desde las cárceles, a vista y paciencia de las autoridades penitenciarias; blanquea activos impulsando grandes proyectos de inversión en el sector comercial, turístico y financiero, y ninguna autoridad competente mete mano en el asunto.
Aquí los narcotraficantes financian campañas electorales y nadie se inmuta, se lanzan de diputados y a nadie inquieta, ejercen el poder por interpósita personas y nadie investiga. Todos se acomodan o están “cagados del miedo”.
Es un poder real, un poder que cohabita y cada vez mas influye sobre el voto de algunos diputados, funcionarios de gobierno que se hacen los indiferentes, y jueces y fiscales que les defienden en alianza con prominentes abogados que son el menos indicado ejemplo a seguir de muchos profesionales del derecho del ámbito nacional.
En octubre pasado, el diario El País de España informaba que “la mafia es la primera empresa de Italia, con una facturación anual de, al menos, 90.000 millones de euros, lo que representa el 7% del Producto Interior Bruto (PIB) del país transalpino”; me pregunto: ¿Cuál será la dimensión del tamaño de los negocios de los narcos y criminales en Honduras?
Vale la pena que cuando señalemos los poderes fácticos en Honduras, además de los empresarios nacionales, sacerdotes y pastores, dueños de medios de comunicación y el poder de la embajada estadounidense, también centramos nuestra atención en la actuación e injerencia y la infiltración de los narcotraficantes y delincuentes en las esferas de poder oficial.
Este poder subterráneo está dispuesto a usar todos sus medios, incluida la fuerza, para no perder sus privilegios ancestrales. Son delincuentes que están dispuestos a vilipendiar, desprestigiar y mentir respecto a cualquier funcionario gubernamental que se les atraviese en el camino. Incluido el mismísimo Presidente de la República.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario