Estado de derecho, el genuino desafío de México

Paralaje

Liébano Sáenz

Tenemos un sistema hacendario disfuncional; los niveles de elusión y evasión se han vuelto insostenibles de cara a una economía informal, cuya proporción distorsiona la funcionalidad de los mercados y la competencia, además de propiciar la ilegalidad y, en ciertas áreas, el crimen organizado. Es urgente un cambio profundo que no admita concesiones para nadie.

Ilustración: Jorge Moch

A más de una década de la alternancia en la Presidencia y 13 años de gobiernos divididos, el país no ha superado problemas ancestrales como la desigualdad derivada de un crecimiento económico precario y de instituciones públicas débiles. No es un problema de la democracia, sino de los hombres en el poder y, más que eso, de los arreglos políticos que engendran gobiernos débiles e ineficaces. Las elecciones nunca habían sido más democráticas y, sin embargo, la calidad de las autoridades no ha mostrado mejoría.

La necesidad de un estado de derecho que se traduzca en un Estado eficaz trasciende la postura de un partido; es premisa fundamental para que el país supere los problemas de ayer, de hoy y de siempre. México no ha marchado al mismo paso que naciones que hace medio siglo se ubicaban en una posición equivalente o inferior a la nuestra. Se ha perdido tiempo y se ha avanzando en círculo.

La elección de 2012 plantea la oportunidad de lograr una Presidencia fuerte enmarcada en la gobernabilidad democrática. Esto significa prever, desde ahora, las condiciones para un nuevo pacto social que se extienda más allá de la política convencional y que nos aparte de dos peligrosos riesgos: la polarización y el oportunismo electoral que invalida la imparcialidad a la que están obligadas las autoridades. Natural y propio de la democracia es el debate; igual que la confrontación de ideas y proyectos que acompaña la disputa por el poder. Ambos deben ser alentados siempre y cuando no vulneren el terreno propio de la civilidad política y de la legalidad.

El compromiso por la legalidad, en todos los órdenes y niveles de gobierno y sociedad, debe ser el tema fundamental del acuerdo nacional. Una Presidencia fuerte es condición esencial para que este pacto sea una realidad, para que funcione y sea premisa de un Estado eficaz. Legalidad y democracia van de la mano, de la misma forma que lo hacen la Constitución y el anhelo nacional de justicia social. Efectivamente, le duela a quien le duela, el proyecto nacional está en la Carta Magna; el reto radica en la capacidad del Estado mexicano para materializarlo. Legalidad implica más y mejor educación. Legalidad es justicia laboral. Legalidad supone sanción al abuso y la venalidad. Legalidad se traduce en justicia confiable. Legalidad significa igualdad. Legalidad es el rostro de un país libre y soberano. Legalidad es estado de derecho.

El asunto medular no tiene que ver con el “qué” tanto como con el “cómo”. Debilitar la Presidencia es el peor de los errores y es una estrategia que otorga carta abierta para continuar con un modelo de gobierno fundado en el chantaje y la complicidad; precisamente los factores que han inmovilizado al país, los que han cerrado la puerta al cambio y han desacreditado instituciones de la democracia como los partidos y el Congreso.

Lograr un estado de derecho es lograr un Estado eficaz e implica decisiones difíciles. La superación de la crisis fiscal que ahora nos afecta será, quizá, la más complicada de ellas. Tenemos un sistema hacendario disfuncional, los niveles de elusión y evasión se han vuelto insostenibles de cara a una economía informal cuya proporción distorsiona la funcionalidad de los mercados y la competencia, además de propiciar la ilegalidad y, en ciertas áreas, el crimen organizado. Es urgente un cambio profundo que no admita concesiones para nadie, por importante que sea.

El combate a la inseguridad exigirá un esfuerzo fiscal considerablemente mayor al que ahora se realiza. Simplemente, un nuevo modelo policial requiere una inversión pública superior a la prevista. Casi medio millón de policías deben ser reclutados o adiestrados, remunerados en forma proporcional a la magnitud de su responsabilidad y riesgo profesional, y provistos de servicios sociales para ellos y para sus familias; condiciones que dignifiquen su oficio y que otorguen seguridad a quien sirve al país en condiciones de mayor incertidumbre y dificultad.

Las elecciones de 2012 habrán de transcurrir en circunstancias distintas y, en cierto sentido, más adversas. Recogeremos el fruto de un marco legal que, pese a algunas virtudes, acusa profundas deficiencias además del deterioro del prestigio de la autoridad electoral central aunque, por fortuna, dicha jurisdicción está salvaguardada merced a la fortaleza y la solidez del Tribunal Electoral.

Los partidos deben avanzar en los senderos democráticos a la hora de seleccionar a sus candidatos presidenciales. Es la fórmula más sana e inteligente para dirimir la competencia interna por el poder. El acuerdo cupular que despoja de capacidad decisoria a la base de los partidos, da pie a la complicidad y al chantaje, y además desdibuja las propuestas alternativas que deben sustentar los proyectos en competencia. La democracia interna debe ser la opción esencial del PAN, del PRI y del PRD para elegir a sus candidatos. Mientras más amplia sea la base de electores, mayor será la legitimidad del candidato, más convincente la propuesta y más firme la vinculación del partido con su base social.

El riesgo mayor para el proceso electoral radica en la interferencia del crimen organizado, no sólo en los territorios donde tiene presencia, sino en el frente del financiamiento de las campañas. Éste no es un tema menor, pues no hay instrumentos públicos para contenerlo o para evitarlo. La fiscalización de las autoridades es prácticamente inexistente para este efecto. Son los partidos y sus instrumentos de auditoría y supervisión (muy deficientes, por cierto), apoyados por las instituciones del Estado, los que pueden coadyuvar a alejar la amenaza que se cierne sobre las campañas. El dinero que reciben los partidos debe trasladarse a las campañas y no debe perderse en la burocracia o esfumarse en gastos superfluos, con mayor razón ahora que el costo de acceder a la radio y la tv ha sido trasladado a la sociedad. Desde la perspectiva de candidatos y dirigentes, las prerrogativas siempre serán insuficientes, pero no debe perderse de vista que México es el país que más gasta en elecciones.

La próxima disputa política por el poder público debe transitar por los procesos democráticos y no debe opacar su sentido esencial; particularmente, no debe desvanecer las oportunidades que plantea la renovación de poderes públicos ni la necesidad de hacer valer el interés general por encima del particular.