Guatemala elige este domingo nuevo presidente, vicepresidente, alcaldes, diputados y representantes en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Sin embargo, no se trata sólo se votar quién ocupará los principales cargos de elección popular. El país decidirá cómo enfrentarse al que sin duda será uno de los principales desafíos para el próximo mandatario: la inseguridad.
Los dos clic candidatos con mayores posibilidades de ganar, según los sondeos, son el ex general Otto Pérez Molina y el abogado Manuel Baldizón, dos aspirantes que han hecho del combate a la delincuencia uno de los ejes de su campaña.
Si ninguno de los candidatos supera el 50% de los sufragios, los dos más votados se verán las caras el próximo 6 de noviembre en una segunda vuelta.
País amenazado
En cualquier caso, el sucesor de Álvaro Colom dirigirá un país amenazado por la penetración de las organizaciones de crimen organizado mexicanas como los Zetas, los grupos locales, el asalto a conductores de autobuses y la extorsión.
Y aunque las actuales autoridades aseguran que ha habido avances significativos en el combate al crimen (incautaciones por valor de US$10.000 a las bandas delincuenciales, reducción en el número de homicidios en un 9%, desarticulación de algunos grupos), Guatemala todavía padece 52 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las cifras más altas del mundo.
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El 66% considera la inseguridad como su principal preocupación, dicen las encuestas.
Esa es además la sensación que perdura en este pueblo centroamericano. El 66% considera la inseguridad como su principal preocupación, según encuestas hechas por medios locales.
Hechos como la matanza de 27 campesinos en mayo en el departamento de El Petén, frontera con México ahora declarado en estado de sitio, alarmaron a los guatemaltecos.
Temen que la violencia de carteles mexicanos cruce a Guatemala, un país que según analistas dispone de menos recursos económicos que sus vecinos y carece de instituciones lo suficientemente robustas como para declarar una guerra frontal al crimen como la emprendida por el presidente mexicano, Felipe Calderón.
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"En el imaginario social se vislumbra la necesidad de fortalecer la administración de Justicia y consolidar el Estado de Derecho. Los guatemaltecos demandamos que exista un orden, un orden democrático", explica a BBC Mundo Geidy de Mata, directora de la escuela de Ciencias Políticas de la Universidad San Carlos, de Ciudad de Guatemala.
"Hay grandes retos para consolidar sistemas de inteligencia e implementar programas de prevención del delito. Si la mayoría de la población no tiene acceso a educación, salud o fuentes de trabajo, la pobreza genera un cultivo para el crimen", señala.
¿Un general presidente?
Otto Pérez Molina (Partido Patriota) dice ser el hombre que traerá ese orden. Aparece en cabeza en todas las encuestas desde antes de que comenzara la campaña electoral.
Su lema de "Mano dura, cabeza y corazón" es la tarjeta de visita de este general retirado, combatiente durante el conflicto armado y firmante de los acuerdos de paz de 1996.
Otto Pérez Molina, "el general".
En entrevista con BBC Mundo, Pérez Molina sostiene que para combatir al crimen organizado recurrirá al ejército, pero también al fortalecimiento de las unidades de inteligencia civil y la colaboración de Estados Unidos y otros países de la región.
En cierto modo, una estrategia muy similar a la empleada en México. Pero "el general", como le llaman sus seguidores, se muestra confiado de que en Guatemala no se verán los niveles de violencia registrados al norte de la frontera.
El candidato de Petén
La otra opción que ha ido ganando fuerza en las últimas semanas es la del legislador Manuel Baldizón (de la formación LÍDER), un candidato que procede precisamente de El Petén, una extensa región selvática del norte, hogar de un célebre cementerio de "narco-avionetas" y un departamento considerado como el centro de operaciones de los carteles mexicanos y algunas célebres familias de criminales locales.
Su medida más controvertida en materia de seguridad es la de someter a consulta popular la aplicación de la pena de muerte para los delitos más graves.
Manuel Baldizón quiere debatir la pena de muerte.
"Pretendemos que la población decida, no estamos en la radicalización ni estamos obsesionados con su aplicación. Mientras (no se decide) existe un limbo en el que los condenados están pasando una pensión que no tendrían en la calle y cometiendo fechorías desde el centro penal", le dice a BBC Mundo.
En su estrategia contra el crimen plantea además la creación de una Guardia Nacional Civil y la tipificación de nuevos delitos.
Eduardo Suger (CREO), el tercero en la carrera presidencial, sostiene que la única vía para combatir al narco es el ejército.
Incluso apoyará que militares dirijan a la policía en operativos contra la delincuencia común si los guatemaltecos le convierten en presidente este domingo.
"Explotado electoralmente"
El problema de la inseguridad no es nuevo.
Después de los acuerdos de paz a mediados de los 90, la violencia propia de una guerra civil dio paso a la generada por pandillas, mafias y carteles del narcotráfico.
Pero en esta ocasión, los planes para frenar la delincuencia han desplazado de la agenda otros temas vitales para el país, como la lucha contra la pobreza (especialmente la malnutrición infantil), la construcción de obra pública o el empleo.
"La seguridad se ha convertido en un problema objetivo, pero explotado electoralmente por algunos candidatos", sostiene Edmundo Urrutia, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Ciudad de Guatemala.
"Probablemente nos presentan un problema más severo de lo que es realmente. Por eso se habla de ser duros contra los que delinquen, de pena de muerte para disuadir al crimen, y ofertas en esa línea en todos los candidatos", dice.
Los otros temas
Los destrozos provocados por desastres naturales como la tormenta Ágatha en 2010 pusieron de manifiesto la urgencia de nuevas obras de infraestructura: puentes, carreteras y planes de emergencia ante sismos, huracanes, etc.
El 40% de los niños menores de 5 años tiene problemas de malnutrición, reconocen las autoridades. La dificultad para acceder a alimentos se acentúa en zonas rurales. Los candidatos prometen continuar con la Bolsa Solidaria, una ayuda del Estado para proveer alimentos a las familias de bajos recursos.
Continuar, aumentar y auditar este tipo de programas, como Mi Familia Progresa, es precisamente otra de las promesas de los candidatos. Entre las propuestas está la de legislar para instaurar la obligatoriedad de dichas ayudas.
¿Cómo costear el combate al narcotráfico, los programas sociales o las infraestructuras? Ninguno de los tres candidatos principales habla de un aumento en los impuestos. Pero los analistas coinciden en que el próximo presidente tendrá que reformar uno de los sistemas fiscales menos recaudatorios del continente.
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