Allí quedan, para la historia de la vergüenza nacional, Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib, quienes dejaron libre a Sergio Barraza, asesino confeso de Rubí Marisol Frayre, cuya madre, Marisela Escobedo, fue ejecutada por exigir justicia.
Martín Moreno
Al crimen organizado, la violencia, el desempleo y una clase política indiferente ante los reclamos ciudadanos —sigue atorada por el PRI la reforma política en la Cámara de Diputados— habrá que sumarle otra calamidad: la actuación de jueces que, sin mucho disimulo, se han convertido en un detonante de la impunidad.
No en balde le han advertido a los altos mandos de la PGR: cualquier asunto importante se los vamos a tirar.
¿Por qué este desafío abierto y riesgoso a la procuración de justicia en el país? ¿Estamos ante una rebelión en contra de la administración panista y, al mismo tiempo, en una suerte de desencanto para favorecer al PRI y facilitarle su regreso a la Presidencia?
O, seguramente, los jueces le cobran factura al presidente Calderón por lo que dijo en el Castillo de Chapultepec en los diálogos con Sicilia: “Sé que hay jueces que están en la nómina y cuánto reciben. Han recibido dinero o dialogado con criminales…” Los impartidores de (in)justicia no se la perdonan a Calderón.
Y allí están sus represalias, abono para la impunidad:
El michoacanazo, donde alcaldes, funcionarios y un juez estaban hasta el cuello en sus vínculos con el narcotráfico y, por decisión del juez Efraín Cázares López, algunos salieron libres. Ninguno está en prisión.
Jorge Hank Rhon, liberado por la jueza Blanca Evelia Parra, quien ignoró el arsenal que dentro de la casa tenía el priista. La jueza ni vio ni consideró las armas. La PGR no ha soltado este caso.
Greg Sánchez, exonerado por el magistrado José Ávalos Cota en cuanto a presuntos vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, el tráfico de indocumentados no fue considerado de manera relevante.
Julio César Godoy, amparado por la jueza Martha Elena Barrios Solís. Está libre.
O es dolo. O es corrupción. O es incompetencia.
Allí quedan, para la historia de la vergüenza nacional, los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib, quienes dejaron libre a Sergio Barraza, asesino confeso de Rubí Marisol Frayre, cuya madre, Marisela Escobedo, fue ejecutada por exigir justicia contra Barraza. Y agregar la negligencia criminal del gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien nada ha hecho por resolver el caso. Duarte, priista, es vergüenza aparte.
¿Cómo olvidar al juez Héctor Palomares, el héroe de la película Presunto culpable, quien, en un proceso atiborrado de acusaciones falsas, amenazas y cinismo, condenó a Juan Antonio Zúñiga por un crimen que no cometió?
Y la nueva: la jueza Taissia Cruz deja libre a Néstor Moreno, quien fue director de Operaciones de la CFE y está acusado de presunto enriquecimiento ilícito.
Cierto: en no pocas ocasiones, el MP ha integrado de manera insuficiente o errónea las averiguaciones previas. El acusador y la PGR tienen parte de la culpa. Pero los jueces que actúan de mala fe, aunque se les presente un proceso impecable, si quieren, lo echarán abajo.
“Este país tiene un grave problema: el Poder Judicial”, comentan en privado, no sólo en la PGR, sino también es consenso entre expertos y ciudadanos que conocen a fondo la actuación de los jueces.
Son ellos, los jueces, intocables, arropados por una quimera llamada Consejo de la Judicatura Federal. Sordo ante las acusaciones contra malos jueces. Ciego ante sus arbitrariedades. Mudo ante sus excesos.
Y mucho cuidado con su amenaza de tirarle al gobierno casos de “peces gordos”. Es grave.
Algo deberán hacer el Presidente y la procuradora Marisela Morales porque, en medio, está la impunidad contra ciudadanos y la benevolencia en favor de criminales.
ARCHIVOS CONFIDENCIALES
* DE PERIODISTAS. En Veracruz, nada se sabe del asesino del periodista Milo Vera, del diario Notiver, y de su esposa e hijo. Tampoco se avanza en el caso de Yolanda Ordaz, del mismo medio. El gobierno de Javier Duarte se ha olvidado de estos casos y pretende enterrarlos. Se cumplen también cuatro días de la muerte de Marcela Yarce y Rocío González Trápaga, en la Ciudad de México, cuyos casos llegaron ya a la Unión Europea, que exigió identificar, arrestar y juzgar a los culpables. Desde el año 2000 han sido asesinados 74 periodistas mexicanos. Jamás Calderón, gobernadores o legisladores han ofrecido un minuto de silencio por los colegas ejecutados. En el caso de Yarce y de González Trápaga, la PGJDF está obligada a resolverlos y ojalá que no recurra al sello de la casa: la fabricación de culpables.
* EL SÍNDROME DE LA GALLINA. Alejandro Rojas, secretario de Turismo del DF, desafió y aceptó, en un chat realizado el 27 de agosto, asistir el domingo pasado a mi noticiero en Reporte 98.5 FM (2 a 4 de la tarde) para, según él, demostrar con cifras que el DF es una ciudad segura. No cumplió. Imposible sostener lo insostenible.
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