El candidato opositor venezolano Leopoldo López. | ELMUNDO.es
- Él mismo informó del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
- 'Lo logramos, se hizo justicia. Estoy habilitado', dijo el líder opositor
- Una ley de inhabilitación le impidió optar por la Alcaldía de Caracas en 2008
- Fue acusado de corrupción, pero él califica las denuncias como calumnias
- El Gobierno está obligado a obedecer a la CIDH, pero no siempre lo ha hecho
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El líder opositor venezolano Leopoldo López informó este viernes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se pronunció a su favor en una demanda que interpuso contra el Estado de Venezuela por su inhabilitación para ejercer cualquier cargo de elección popular.
"Lo logramos, se hizo justicia. Estoy habilitado. Un triunfo de todos los que hemos luchado por los derechos y la justicia. Ganó Venezuela", escribió López, coordinador nacional del partido Voluntad Popular, en su cuenta de Twitter, sin revelar detalles del fallo.
El caso del opositor venezolano cerró, el pasado 1 de septiembre, el 92º período ordinario de sesiones que la CorteIDH celebró en Colombia, aunque una fuente del organismo dijo que el fallo será anunciado en Costa Rica, sede del tribunal, después de notificar a las partes.
Los magistrados estudiaron a puerta cerrada "la alegada responsabilidad internacional por inhabilitar por vía administrativa a Leopoldo López Mendoza respecto del ejercicio de la función pública en presunta contravención de los estándares convencionales, así como la alegada violación de diversas garantías judiciales".
Decisión arbitraria
La decisión de inhabilitar a López fue tomada por la Contraloría venezolana en agosto de 2008 por dos casos de presunto mal uso de los recursos durante su gestión como alcalde: uno en 1996 en la petrolera estatal PDVSA, y otro en la Alcaldía de Chacao, en 2004.
El pasado 28 de mayo, López dejó claras sus intenciones de aspirar a la Presidencia venezolana, al dar a conocer su programa de Gobierno, al que denominó 'La mejor Venezuela', pese a estar inhabilitado políticamente.
Las comicios presidenciales en Venezuela se celebrarán el 7 de octubre de 2012, según anunció el pasado martes el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La oposición ha acordado la celebración de unas elecciones primarias previstas para el 12 de febrero de 2012, en las que se espera que concurran, entre otros, los gobernadores de Miranda (centro), Henrique Capriles, y Zulia (oeste), Pablo Pérez, así como la precandidata María Corina Machado.
El vencedor en ese proceso se enfrentará en las urnas al presidente Hugo Chávez, quien busca su tercera reelección para el período 2013-2019.
Otros fallos contra el Gobierno
La CorteIDH también ordenó a Venezuela "dejar sin efecto las resoluciones (...) emitidas por el Contralor General de la República, mediante las cuales se declaró la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas del señor López Mendoza por un período de 3 y 6 años".
La Corte también encontró culpable al Estado venezolano por violar los derechos de López a la protección judicial y a la defensa en los procedimientos administrativos que derivaron en la imposición de las sanciones de inhabilitación.
Por otra parte, aclaró que el Estado no violó derechos como igualdad ante la ley, presunción de inocencia y garantía de un plazo razonable en la resolución de recursos contencioso administrativos interpuestos por el líder opositor.
La Corte también ordenó a Venezuela, como garantía de no repetición, modificar el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que se refiere al plazo para determinar una sanción.
La audiencia oral de esta demanda se realizó en la CorteIDH, con sede en Costa Rica, el pasado 1 de marzo, y en esa ocasión López afirmó ante los jueces que la inhabilitación política es "una herramienta de ataque" del Gobierno de Hugo Chávez contra la oposición.
El caso cerró, el pasado 1 de septiembre, el 92 período ordinario de sesiones que la CorteIDH celebró en Colombia, cuando los jueces deliberaron para redactar la sentencia.
Las resoluciones de la CorteIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA) son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo hemisférico.
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