Emilio J. González
El de la Constitución es un modelo más propio de la extinta Unión Soviética o del franquismo que de una democracia occidental.
La izquierda española se ha llenado de indignación debido a la reforma constitucional para establecer un límite al déficit público. La extrema izquierda se ha negado a votarla en el Congreso o ha votado en contra, mientras que el jefe del Grupo Parlamentario Socialista ha tenido que sacar el látigo para obligar a sus diputados a respaldar al Gobierno. Los críticos con la enmienda promovida por Zapatero dicen que se trata de una reforma ideológica, pero no dicen, en cambio, que la Constitución está plagada de ideología, de su ideología, y así nos va. Ciñámonos al terreno económico.
El artículo 1.1 reza que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho". Aquí empieza el problema porque al anteponer el término social al de democrático, en contra de todas las constituciones occidentales, la interpretación del artículo abre las puertas a una acción política mucho más amplia que puede desembocar en el socialismo real. Sin llegar a esos extremos, que también son posibles, lo que establece es la capacidad del Estado para intervenir en la economía (art. 38), de acuerdo con los principios del keynesianismo que tanto influyeron en la redacción de la Carta Magna y, encima, el artículo 132.1 obliga al Gobierno a contar con el asesoramiento de los sindicatos, los cuales, en este país, son organizaciones ideológicas que no representan a nadie excepto a ellos mismos. Este es un modelo más propio de la extinta Unión Soviética o del franquismo que de una democracia occidental.
Aunque la Constitución establece el derecho a la propiedad privada (art. 33.1) y a la libertad de empresa (art. 38), el artículo 33.3 permite la expropiación "por causa justificada de utilidad pública o interés social" y el artículo 128.2 faculta al Estado a intervenir empresas privadas "cuando así lo exigiere el interés general". Basta recordar la escandalosa expropiación de Rumasa para comprender que se entiende por "causa justificada", "interés social" o "interés general".
Además, el artículo 39 obliga al Estado a promover la protección social y el 40 a promover una distribución de la renta más justa, lo cual es socialismo en estado puro y se basa en la idea de que las desigualdades sociales derivan de la aplicación en el pasado de los principios liberales en la economía y, por tanto, hay que corregir esta situación.
Aún hay más, pero basta con esto como botón de muestra para demostrar que si la Constitución es algo, es una Constitución socialista y lo único que se hace con la enmienda para limitar el déficit es impedir que los políticos puedan seguir engañando a la sociedad y arrebatándole cuotas de libertad económica a través del déficit público. Otra cosa es que gasten más y para ello suban los impuestos y, después, los ciudadanos les sigan votando porque, en ese caso, sarna con gusto no pica.
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