Los derechos y la democracia

Por Manuel Hinds

El Diario de Hoy

Uno de los peligros más grandes que acechan a una democracia se plantea cuando la sociedad entera se siente inclinada a violar los derechos de una persona o un grupo que a todos les cae mal. Si estos derechos se violan, el imperio del derecho colapsa y las condiciones para el establecimiento de una tiranía se establecen. Por eso es que es crucialmente importante que el poder de las mayorías, expresado en la Asamblea Nacional, sea limitado por una serie de derechos fundamentales que no puedan violarse aunque todos voten para que se violen.

La fortaleza del imperio de la ley y de la democracia misma no se ponen a prueba en casos en los que se enfrentan personas odiosas contra principios fundamentales, sino cuando las personas odiosas tienen el derecho de su lado.

En su reciente visita a El Salvador, la jueza de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos Sonia Sotomayor, ilustró este problema con un caso que involucró las prácticas de la Iglesia Bautista de Westboro de Topeka, Kansas.

Los miembros de esta congregación creen que Dios odia y castiga a Estados Unidos por su tolerancia de la homosexualidad, particularmente en las fuerzas armadas. Igualmente odia a los curas católicos, proclamando que la Iglesia Católica es el grupo de pedófilos más grande, más rico y mejor organizado en la historia de la humanidad. Creen que el ataque del 11 de septiembre de 2001 fue un castigo muy merecido de Dios, y que está bueno que maten a los soldados estadounidenses.

Esto lo expresan en los funerales de soldados. Los rótulos que cargan dicen cosas como "Gracias a Dios por los soldados muertos", "El Papa está en el infierno", "Los curas violan niños", y, más directamente, "Vas al infierno", refiriéndose al soldado muerto. La familia de un soldado muerto abrió un juicio buscando satisfacciones contra el grupo. El caso fue hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

El 2 de marzo de 2011 el Presidente de la Corte Suprema de Justicia leyó la sentencia, cuyo último párrafo dice: "El lenguaje es poderoso. Puede alentar a la gente a la acción, llevarla a las lágrimas tanto de alegría como de pena, e --como fue el caso aquí-- infligir gran dolor. En los hechos frente a nosotros, no podemos reaccionar castigando al que habló. Como nación hemos escogido un curso diferente, proteger aun la expresión hiriente en asuntos públicos para asegurar que no sofocamos el debate público. Esta elección requiere que protejamos a Westboro contra la legislación de agravios por sus manifestaciones en este caso".

Un caso similar se dio en 1977 cuando el Partido Nacional Socialista de América anunció que iba a marchar por un suburbio de Chicago, Skokie, en el que vivían muchos judíos, incluyendo varios que habían sufrido en los campos de concentración. En el pleito legal que siguió la Corte Suprema de Justicia sentenció que nadie podía quitarles el derecho de marchar y expresarse.

En ambos casos, los grupos involucrados y las ideas que defendían no sólo eran totalmente impopulares sino que eran insultantes para la mayor parte de la ciudadanía. Incluían acusaciones contra instituciones como las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica, que podrían tomarse como calumnias (si se probara que eran mentiras) o como insultos al menos.

Sin embargo, el sistema judicial sentenció que el debate público es esencial para el mantenimiento de la democracia y la libertad, aunque esto signifique pagar el costo de tener que soportar opiniones repulsivas vertidas por gente igualmente repulsiva. La sentencia no fue popular. Pero era la única que era consistente con el mantenimiento de la libertad y la democracia.

Esto, que la justicia tiene que ser ciega con respecto a la popularidad de personas o ideas, es lo que tenemos que aprender en nuestra joven democracia para poder preservarla y profundizarla.