MEDIOS Y PODER EN LATINOAMÉRICA

Carlos Murillo Zamora

¿Son los medios víctimas o cómplices de los Estados?

AFP/Gettyimages

Las leyes e iniciativas de regulación sobre los medios de comunicación adoptados por varios países latinoamericanos, evidencian un cambio significativo en la relación entre gobiernos y medios. La diferencia en esta ocasión es que los gobernantes están recurriendo, gracias a las mayorías que tiene el sector oficialista en los congresos, a la adopción de leyes que establecen regulaciones a las inversiones y al enfoque que se le puede dar a la información; distanciándose de la práctica acostumbrada por las dictaduras del siglo pasado, que recurrían a la censura previa de forma directa y coercitiva. Esto hace que crezcan el número de opiniones sobre el deterioro de la libertad de expresión en la región. Aunque poco se habla de la ética profesional y la responsabilidad de los medios y su influencia sobre la política. Y el otro aspecto, que habrá que considerar en otro momento, la influencia del crimen organizado, sobre todo de los carteles del narcotráfico.

En la mayoría de los Estados latinoamericanos los medios dedicados a los informativos y programas de opinión sobreviven, en gran medida, gracias a sus gobiernos. Primero porque es la principal fuente de noticias diarias y segundo porque es uno de los mayores anunciantes. Prueba de esto es que en algunos países cuando el sector público deja de controlar los espacios comerciales, los medios se ven en problemas para subsistir. Esto ha convertido el recurso publicitario en un arma utilizada a conveniencia por los mandatarios, quienes producto del personalismo –muchas veces de naturaleza caudillista y de cacicazgos– con que se conducen los asuntos de Estado en la región.

Esto hace que la mayoría de los casos en que se enfrenta a la prensa, las preguntas de los dirigentes se originan por las críticas hacia su gestión o por el enfoque que hacen de algún tema de interés de quien ejerce la presidencia. Si bien esta situación no es reciente, como los casos de la pelea entre Hugo Chávez y RCTV y Globovisión; el Gobierno de los Kirchner con el grupo Clarín, que incluso llevó a sus aliados gremialistas a bloquear la planta del matutino; el diferendo de Luiz Inácio Lula da Silva con O'Globo, Folha y O Estado, y las permanentes críticas al estilo presidencial de Ricardo Martinelli y sus manifestaciones sobre el rol de la prensa. Esto lo resume Andrea Barrero, de El País: “La libertad de prensa y de expresión en muchos países de América Latina pende de un hilo. Así lo demuestran los continuos ataques y regulaciones que varios gobiernos siguen ejerciendo en contra de los medios de comunicación independientes, ante el temor de que la información que sobre ellos se publique, afecte sus proyectos políticos”. Sin embargo, lo más reciente son los casos de Bolivia y Ecuador.

En el primer caso, la Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación impulsada por el presidente boliviano, Evo Morales, por la que bajaban el tope de la participación de capital extranjero del 49% al 29%, afectando en mayor medida a entidades como el grupo español PRISA y Akaiski Investments. La normativa establece que solo el 33% del capital puede estar en manos comerciales (privados), el 33% del Estado, el 17% de organizaciones campesinas y el 17% en poder comunitarios. En este momento el espectro electromagnético está constituido por unas 680 radioemisoras, en su mayoría (90%) privadas. Ello se une a la reforma de la Ley de Régimen Electoral, en la que se prohíbe a la prensa informar y opinar sobre los candidatos a los cargos de magistrados en las elecciones de octubre. Además se estableció que el Tribunal Electoral debía aprobar las preguntas que se formularán en las entrevistas a los políticos y aspirantes. Adicionalmente, la ley obliga a todas las radioemisoras y canales de televisión a transmitir de manera gratuita, dos veces al año, los discursos presidenciales. Y también establece regulaciones para las comunicaciones por Internet.

Los críticos de Morales argumentan que el control que tiene el Gobierno sobre las organizaciones comunitarias, sobre todo indígenas, se aumentará y se consolidará al amparo de la nueva ley.

En la cumbre de UNASUR en Guyana, el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, instó a sus pares sudamericanos a adoptar un marco legal para “combatir los excesos de una cierta prensa”, a la que no tener que justificar sus acciones, generan una defensa mal entendida de la libertad de expresión. Agregó que “en nombre de la libertad de prensa, en nuestra América Latina se han desestabilizado presidentes y gobiernos. Ya es hora de derrumbar tabúes. Debemos perder el temor reverencial de tratar estos temas y buscar una legislación adecuada para combatir los excesos de cierta prensa”.

Lo último en la larga historia de confrontación del gobernante con la prensa que critica su gestión fue la demanda contra el periódico El Universo, publicado en Guayaquil (Ecuador), porque en marzo pasado Emilio Palacio, jefe de opinión del periódico, en su columna lo llamó “dictador”. Ante eso el mandatario demandó al medio y al columnista, exigiendo una retractación, la condena del periodista y algunos directivos y una indemnización. El fallo condenó a tres años de prisión a Palacio, al director del diario y a dos subdirectores; y al pago de 40 millones de dólares (28 millones de euros aproximadamente) a beneficio del demandante. El Universo recurrió la sentencia. La misma decisión anunció el presidente Correa, quien considera que debió indemnizarse por el total solicitado y otorgarse más años de prisión; pero también advirtió que expulsará del país al presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, por también llamarlo dictador.

Según la SIP y grupos como International Freedom of Expression Exchange (IFEX) la libertad de expresión está siendo limitada en América Latina como en los momentos más aciagos de las dictaduras militares, y son muchos los periodistas en países como Perú y Honduras que han sido asesinados o condenados porque sus opiniones e informaciones no resultan del agrado de los gobernantes.

Ahora bien, a lo que poco se hace referencia es al papel de la prensa frente a los proyectos políticos de los gobiernos; es decir, la otra cara de la moneda. En esta materia hay que considerar varios aspectos, entre ellos la ética de la comunicación y la del comunicador como formador de opinión; puesto que los medios contribuyen a la formación de valores y a la construcción de la identidad nacional. En este sentido, las Administraciones lo que argumentan es que los periodistas y la prensa, en general, están violando los principios morales y éticos y prestándose al juego de élites, generando la desinformación de la opinión pública y atentando contra la solidez de la democracia.

Según el colombiano Javier Darío Restrepo, un especialista en ética periodística, lo que hay en América Latina es una “crisis de credibilidad” de la prensa; esto porque “Al tomar partido por intereses buenos o malos, la prensa está perdiendo esa garantía llamada credibilidad. Dejó de observar los hechos con cierta distancia. Es una prensa que está mirando la historia desde el poder, en muchos casos, desde arriba. Los medios y periodistas están perdiendo la perspectiva, les hace falta mirar al mundo desde abajo”. Así la prensa, en su mayor parte, ha dejado de hacer periodismo imparcial y políticamente neutral. Ello hace que los medios estén influenciando y hasta determinando los procesos de formulación de políticas públicas y la ejecución de proyectos y programas.

En algunos países hay medios que, durante los procesos electorales, hacen manejos sesgados de la información para favorecer a determinado candidato y obstaculizar a sus rivales; como en Nicaragua, Argentina e incluso Costa Rica. Lo cual se prolonga durante el ejercicio presidencial del gobernante. Esto es posible por la forma en que se definen los nuevos líderes y se construyen los liderazgos en la región, que cada vez tienen más de liderazgos mediáticos. Para los líderes neopopulistas, que prefieren la comunicación directa con la ciudadanía, la prensa se considera un obstáculo, y esta lo evidencia con un enfoque que puede resumirse en que las iniciativas que sean satisfactorias para la prensa, son las que debe impulsar al dirigente.

Lo descrito evidencia que la relación entre gobernantes y prensa en América Latina se torna más difícil y que cada sector interpreta las libertades de prensa y de expresión de manera particular e interesada. Ambas partes han perdido su perspectiva.