Monterrey secuestrado

Caja de espejos
Alejandra Cullen
Monterrey secuestrado

Monterrey parece una trampa mortal donde la sociedad está atrapada entre la espada del crimen organizado y la pared de la clase política.


Los criminales operan a su ritmo. Los políticos, acusan a sus acusadores y usan las instituciones a modo para salvaguardarse. No hay espacio para la investigación judicial.


En México, del Presidente para abajo, nadie tiene la culpa de nada.


Vista desde fuera, la coyuntura política regiomontana es un interesante ejemplo. Evidencia la falta de ética de su clase política, su habilidad para sobrevivir, su miedo al desamparo y la persecución.


Parece además tener una sociedad dividida, semi paralizada ante sus gobernantes, con cúpulas sospechosamente atadas a sus autoridades o, por lo menos, poco involucradas en el malestar local.


Monterrey ejemplifica la corrupción y sus costos directos en vidas humanas. El casino Royale no tenía condiciones de seguridad. Murieron 52 vidas por la corrupción con la que operaba, sin costo político para nadie.


Muestra el doble discurso político ante la criminalidad a la que ataca de un lado y protege del otro.


El alcalde habla de combatir criminales pero permite la operación de casinos sin permiso. Su hermano cobra en los casinos, él, se niega a facilitar el esclarecimiento del caso.


En México, no hay herramientas institucionales para que la sociedad exija justicia a sus gobernantes. No acostumbramos pedir cuentas.


Como resultado, Monterrey también ha sido secuestrada. La capital industrial, segundo centro financiero del país, es hoy una “plazas” sangrienta.


Hay enfrentamientos cotidianos y mueren jóvenes a manos de soldados y criminales, mientras, se desnuda la corrupción de su clase política sin costo alguno.


Ni los muertos del Casino Royale, ni la cloaca posterior bastaron para que el alcalde cediera 30 días de su gobierno a favor de la investigación.


Los videos Jonás Larrazábal, hermano del alcalde, que recibía dinero del zar de los casinos no son prueba jurídica. Por simple ética, el alcalde debió pedir licencia, pero sabía que no era necesario.


El marco institucional está diseñado para proteger al gobernante y Larrazábal sabe que tiene herramientas para negociar con su partido.


El PAN trató de aprovechar la crisis políticamente. Solicitaron simultáneamente, al alcalde y al gobernador que pidieran licencia. Con ello, anularon la presión priista contra su alcalde.

El alcalde, desconfiado y bien asesorado, montó un teatro: habló de lealtad a sus votantes, se dijo víctima de un chantaje producto de su buen trabajo y consiguió el apoyo del jefe Diego, uno de los abogados y panistas más influyentes de México.


Larrazábal tiene miedo. Sabe que solo no puede y sin la alcaldía queda desprotegido. Teme a las autoridades federales más que a los ciudadanos.


Calderón necesita cerrar el escándalo regiomontano. Los Larrazábal son los culpables perfectos. Él, al más puro estilo priista, entendió que había que negociar. La indisciplina partidista fue su mejor herramienta para lograrlo.


El escándalo de Monterrey pasó de ser un “acto de terrorismo” a una bandera política presidencial.


Terminó en vergonzoso espectáculo.


La sociedad, por más poder económico y nivel educativo que tenga, no supo que hacer con sus autoridades.


El dilema es aterrador. La corrupción somos todos. Cuando cae uno, nadie empuja por riesgo de ser puesto en evidencia.


Las cúpulas políticas, con discursos de compromiso social se protegen entre sí y nos engañan con verdades a medias.


El alcalde asegura que se debe a sus votantes pero negocia con su partido. Se dice víctima de chantaje pero protege a su hermano.


El gobierno federal ofrece justicia pero utiliza la coyuntura con fines político electorales.


Critican al PRI pero actúan con la misma impunidad. Mientras, los priistas ni se ensuciaron las manos. Con una comisión investigadora local resolvieron su parte.


Sociedad y gobierno vivimos realidades alternas. Los ciudadanos actuamos sólo el día de la elección.


Ni el escándalo de corrupción local, ni los 52 inocentes que murieron por la ausencia de aplicación de la ley en el Casino Royale, ni la escandalosa inseguridad que padece la ciudad han sido suficientes para generar una reacción social fuerte y consistente que impacte a las autoridades.


La ciudadanía parece pasmada.


El espectáculo de los panistas peleando con su alcalde parece una burla. Junto al número de muertos, aumenta la sensación de descontrol. Parece que presenciamos un juego perverso en el que sólo somos espectadores.


No hay mecanismos institucionales para evaluar, premiar o castigar a las autoridades por la ausencia de reelección consecutiva. Tampoco parece que busquemos intervenir en el proceso.


No estamos acostumbrados a la resistencia civil. Tampoco sabemos como se hace. Me pregunto ¿qué tiene que suceder para que pasemos de la indignación a la acción?


¿Qué nos afectará lo suficiente para reaccionar ante el juego perverso, y ante la red de corruptelas y abusos de nuestras autoridades?